El estado de las pensiones o ¿sin pensiones del Estado?
En su discurso de investidura, el nuevo presidente del Gobierno prometió una subida gradual de las pensiones más bajas hasta alcanzar, al final de la legislatura, un incremento equivalente a 4.000 millones de euros. Casi simultáneamente, el FMI recomendaba una reforma tendente a incrementar gradualmente la edad efectiva de jubilación y el fortalecimiento de la relación entre aportaciones y beneficios.
Como se intentará resumir aquí, ambas aspiraciones son radicalmente contradictorias entre sí. Y para explicar por qué, recurriré a destacar algunas de las líneas argumentales recogidas en un informe titulado Forever young, publicado por el semanario The Economist en su número del 27 de marzo pasado.
El informe comienza señalando un hecho trascendental: a saber, que este año o el siguiente la proporción de personas mayores de 60 años superará en todo el mundo a la de los que tienen 50 o menos, y que en los países más ricos -entre los que nos contamos- los mayores de 65 años constituyen ya el 15% de la población total.
Estas estadísticas hay que analizarlas, además, sobre la perspectiva que indican tres grandes tendencias: a) el incremento de las personas que se retirarán en los próximos años; b) la permanente caída de la tasa de fertilidad, que en numerosos países hace que los nacidos no basten para reemplazar a los fallecidos; c) el aumento del gasto durante la edad de retiro debido no sólo a las mayores expectativas de vida sino, también, al adelanto de la edad de jubilación -en Europa sólo el 4% de los mayores de 65 años trabajan-. La consecuencia es que un número cada vez más amplio de mayores precisará que una población activa decreciente les mantenga durante más tiempo.
El pronóstico del informe de The Economist afirma que los Ejecutivos, después de prometer a un número creciente de sus compatriotas que tienen su pensión asegurada, no podrán en su día cumplir ese compromiso. Por lo tanto, esos ciudadanos, amén de ahorrar para financiarse privadamente su propia pensión, se verán obligados a jubilarse bastante más tarde lo que hoy lo hacen -a este respecto conviene saber que la OCDE calcula que para el año 2030, de acuerdo con las tendencias actuales, los varones tendrán una vida activa de poco más de 30 años y al fallecer habrán estado 45 años sin trabajar-.
Trazado este sombrío telón de fondo, conviene recordar qué se ha hecho en España durante los últimos años para prepararse ante tan difícil futuro. Los rasgos más favorables han sido la dotación continuada del fondo de reserva que, a finales de 2003, alcanzó los 12.000 millones de euros -el doble de lo inicialmente previsto- y el aumento en casi 2,5 millones de afiliados mientras las pensiones lo hacían en algo menos de 300.000.
Pero, por el contrario, se ha retrocedido apreciablemente en dos campos: el de las jubilaciones anticipadas y el de las prejubilaciones. Desgraciadamente, un vergonzoso compadreo entre la patronal y los sindicatos fue bendecido por el Gobierno mediante un real decreto de diciembre de 2001 que volvía a permitir la jubilación a partir de los 61 años, dando un balón de oxígeno a la práctica de las prejubilaciones, que en su mayoría y en lugar de ser financiadas por empresas y trabajadores interesados corren a costa de la Seguridad Social.
Ha seguido reinando la retórica y pocos avances se han registrado en cuestiones tan esenciales como la correspondencia entre pensiones y cotizaciones en el régimen general o la reforma de los regímenes especiales. Como, además, las actuales fórmulas de cálculo de cotizaciones y pensiones se traducirán en unos ingresos inferiores a los gastos corrientes previstos, el fondo de reserva corre peligro de desaparecer en pocos años, tanto más si se tiene en cuenta la proporción entre afiliados y pensionistas.
Hace unas semanas el portavoz de uno de nuestros dos grandes sindicatos se afanaba en tranquilizar a quien quisiera escucharle que los españoles tenemos aseguradas nuestras pensiones públicas. Ojalá no se equivoque, pero unas proyecciones realizadas por el Centro para los Estudios Estratégicos e Internacionales indica que en 2040 los Ejecutivos de una serie de naciones desarrolladas deberán dedicar al cuidado de los mayores de 60 años una elevada proporción de sus presupuestos; concretamente, el 29% en Francia, el 32% en Italia y ¡el 33% en España!