La PAC, en caída libre
El gasto público agrícola contribuirá, según el autor, a desmontar las actividades productivas en España del algodón y el tabaco, y a paralizar la expansión de la del aceite de oliva. La reforma de las OCM de estos sectores aprobada ayer por la UE es, a su juicio, muy costosa y absurda
El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea acaba de aprobar la reforma de las Organizaciones Comunes de los Mercados (OCM) del aceite de oliva, del algodón y del tabaco, trasladando de un modo bastante mecánico las orientaciones introducidas para los cultivos herbáceos (cereales y oleaginosas) y las ayudas ganaderas (vacuno y ovino) en la reforma de junio de 2003. Con ello se ignoran las profundas diferencias existentes entre realidades económicas y sociales distintas, para guiar la distribución del notable presupuesto agrícola con un único criterio que será, a partir de ahora, el sostenimiento aparente de las rentas de las explotaciones agrarias mediante la concesión de un 'pago único por explotación', equivalente aproximadamente a lo percibido en concepto de ayudas en un periodo de referencia (2000-2002 o 2003).
Como es ya tradicional, la nueva reforma se camufla en decisiones matizadas y técnicamente complejas, con variadas opciones para los países miembros y sus regiones, de modo que el común de los ciudadanos está incapacitado para formarse criterio.
Los nuevos pagos únicos por explotación no van orientados a los grupos sociales con ingresos bajos y suponen, por tanto, un despilfarro
Después de décadas de emigración rural, de abandono de la actividad agraria y de consolidación de un modelo mayoritariamente de agricultura a tiempo parcial, los problemas del mundo rural son muchos, aunque no precisamente de rentas. Incluso en aquellos casos en que se mantienen niveles de ingresos bajos, los nuevos 'pagos únicos por explotación' no van orientados a dichos grupos sociales y, por tanto, suponen un despilfarro.
Más preocupante aún, el gasto público agrícola contribuirá a partir de ahora a desmontar dos sectores productivos que, como el algodón o el tabaco, se localizan en comarcas rurales extremeñas y andaluzas, con muy pocas alternativas productivas. En el caso del aceite de oliva, dada la potencia de la economía olivarera española, tardaremos más años en comprobar los nefastos efectos de la reforma ahora aprobada.
El algodón y el tabaco son cultivos industriales con elevados costes de producción, que requieren un cierto capital tecnológico y humano, un entramado asociativo que permita las necesarias manipulaciones de primera transformación (secado, desmotado ) y que han permitido consolidar un tejido socioeconómico viable, aunque de tamaño reducido y muy localizado, dado el abastecimiento masivo de materia prima de importación procedente de terceros países. La nueva regulación desvincula de la producción el 65% de las ayudas al algodón, siendo optativo el destino y exigencias impuestas por cada país productor (sólo Grecia y España) para el cobro del restante 35%. Este sistema es muy probable que haga desaparecer buena parte de las 90.000 hectáreas de algodón en España, a cuyo cultivo se dedican en la actualidad 10.000 agricultores.
En el caso del tabaco, 13.000 hectáreas en España, la desvinculación de las ayudas respecto a la producción será del 100% a partir de 2010, con un régimen transitorio con porcentaje variable del 40%-60% en el periodo 2006-2010. El desmantelamiento de las industrias ligadas a estas actividades agrícolas será probablemente inevitable, debido a su inadecuada localización para adaptarse a utilizar materias primas de importación. Los agricultores reconvertirán sus tierras a producciones más extensivas o, tal vez, al abandono productivo que, paradójicamente, es una de las 'actividades agrarias', según se definen éstas en el Reglamento 1782/2003, por el que se aprobó la reforma de la PAC.
Muy superior es la trascendencia económica de la reforma oleícola, que desvincula de la producción el 100% de las actuales ayudas, aunque en dos tramos: al menos, el 60% totalmente desvinculado de la producción olivarera y el 40% a través de un sistema optativo por superficie plantada, a diseñar por cada país o región. Será necesario estudiar detenidamente los reglamentos de aplicación pero, sin duda, nos tendremos que enfrentar a un nuevo escenario muy distinto al que ha permitido la expansión y modernización de la economía española del aceite de oliva. En este caso, los efectos del abandono productivo serían tan brutales (2,4 millones de hectáreas) que no es imaginable. Más probable es que se extensifiquen producciones, que no se recojan aceitunas en las zonas más marginales, que se frenen las inversiones, que no se modernicen los regadíos y, todo ello, con ayudas de 1.000 millones de euros, tan sólo en España. En consecuencia, independientemente de la estabilidad de las 'rentas de los agricultores', es urgente preguntar a la Unión Europea hacia dónde va con su agricultura. Por mi parte, no pretendo defender el anterior modelo, que obviamente era muy deficiente. Pero la reforma actual es muy costosa, para ser tan absurda.