Protocolo de Kioto

España reconoce a la UE que no ha elaborado el plan de emisiones de CO2

El Gobierno en funciones remitió ayer a la Comisión Europea un breve documento, que consta de ocho folios, en el que explica que no dispone de un Plan Nacional de Asignación de Emisiones, según confirmó ayer Cristina Narbona, futura ministra de Medio Ambiente, tal y como confirmó el futuro portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Según la Directiva 96/61/CE, todos los países miembros de la Unión debían entregar ayer día 31, como plazo máximo, su Plan Nacional de Asignaciones de Derechos de Emisión, en cumplimiento con el compromiso de Kioto, algo que, según fuentes comunitarias, sólo habría realizado Finlandia.

Narbona explicó que 'aunque no hubiera habido cambio de Gobierno, el actual Gabinete no hubiera podido cumplir con dicha exigencia porque a fecha de hoy hay muchos temas abiertos y no se habría podido cerrar en pocos meses'.

La actual secretaria federal de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PSOE y futura ministra en el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, explicó que el Gobierno en funciones 'sólo ha consultado para elaborar su plan de asignación' con la industria. Además, resaltó que 'no ha habido debate público general, ni siquiera los ministerios, que tenían obligación de hacerlo, han remitido la información que les fue requerida'.

Narbona anuncia que el futuro Ejecutivo pondrá en marcha un plan de incentivos para que las empresas reduzcan sus emisiones de CO2 con el menor coste económico

El Gobierno del PSOE tendrá 'como punto de partida' los trabajos que se han hecho hasta ahora 'para tratar de recuperar el tiempo perdido'.

'Lo más grave no es que el Gobierno español no haya entregado su plan, ya que otros países tampoco lo han hecho, sino que está peor que ningún otro porque no ha dado un verdadero impulso a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero', añadió.

El nuevo Ejecutivo tiene el compromiso, según aclaró Narbona, de implicar en la elaboración del plan a todos los ministerios, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, lo que generará 'un cambio de escenario, en cuanto a liderazgo público en esta materia'.

La idea, apuntó, es 'crear un marco que incentive a las empresas a reducir paulatinamente sus emisiones y a que avancen en innovación tecnológica porque tienen un coste en materia de energía que no las hace competitivas'.

'Hay que darle la vuelta a esa consideración negativa. El plan y el mercado de derecho de emisiones sólo es complementario a una estrategia nacional, que suponga una visión integral', dijo Narbona.

Aunque consideró que es 'probable', tal y como ha asegurado Comisiones Obreras, que la industria española tuviera que comprar derechos de emisión, para el periodo 2005-2007, por valor de 200 millones de euros anuales, 'esa estimación está hecha en ausencia de medidas'.

Mínimo coste

'Espero que el coste se minimice para las empresas españolas. Se debe serenar la ansiedad que se ha provocado, y no se ha entregado nada en Bruselas que condicione el futuro'.

Recordó que España es el país de la UE que 'tiene más infracciones por incumplimiento de directivas en materia medioambiental' y confió en que la Comisión Europea 'no tendrá prisa' por penalizar de nuevo al Ejecutivo.

Narbona añadió que el Ministerio de Medio Ambiente de su responsabilidad 'retomará formalmente contacto con los otros sectores y organizaciones sociales' y dará cuenta de los trabajos 'con la máxima transparencia porque el pueblo español tiene derecho a conocer cómo se encamina'. La futura responsable de Medio Ambiente subrayó que el Gobierno saliente había tratado de infundir la idea de que la reducción de emisiones era una obligación exclusiva de las empresas, 'mientras nosotros creemos que el Ejecutivo tenía que haber creado las condiciones para que las compañías así lo hicieran'.

Por eso, Narbona anunció que el próximo Gabinete elaborará un plan de incentivos para impulsar a las empresas a que cumplan con los compromisos derivados del Protocolo de Kioto.

Emisiones Industrias en pie de guerra ante la aplicación de la directiva

Las eléctricas mantienen posiciones contrapuestas

Ante el reparto de derechos de emisión de CO2, las compañías eléctricas españolas han expresados claras divergencias. Endesa, que ha hecho un frente común con las tres pequeñas del sector (Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo), ha reclamado derechos por 290 millones de toneladas en el periodo de prueba de 2005 a 2007 y ha mantenido que la aplicación estricta de la directiva puede encarecer el coste de la electricidad un 7% anual hasta 2012.

Frente estas empresas, con mayor peso del carbón en su parque de generación, Iberdrola ha defendido la directiva, al considerar que sustituyendo el carbón de importación por gas, se reducirán las emisiones un 60%.

Iberdrola ha pedido que los derechos se otorguen al resto de la industria, para evitar deslocalizaciones.

Arcelor da la voz de alarma entre las siderúrgicas

Las siderúrgicas se están empleando a fondo para defender sus derechos de emisión. La voz de alarma la puso Arcelor a finales del pasado mes de febrero. El primer grupo siderúrgico mundial amenazó con abandonar Europa si la CE le obligaba a pagar por sus emisiones de CO2.

'Si hay que pagar, nos iremos, paso a paso, y fabricaremos en terceros países el producto básico y en Europa nos dedicaremos a la transformación', aseguro entonces el presidente, Guy Dollé.

La siderúrgica española Acerinox se pronunció recientemente en el mismo sentido a través de su presidente, Victoriano Muñoz. El directivo aseguró que esta imposición de la UE encarecería demasiado la producción, lo que llevaría a la salida de Europa de las principales compañías.

Las azulejeras avisan del riesgo de que se pierdan 6.000 empleos

Los fabricantes de azulejos, agrupados bajo el paraguas de la patronal Ascer, reclamaron recientemente al Gobierno que conceda una prórroga. La organización considera 'primordial que el nuevo Gobierno pueda conocer en profundidad la problemática' que afectará a cada uno de los sectores una vez entre en vigor la Directiva y avisan del riesgo de que se pierdan 6.000 empleos si entra en vigor la nueva normativa. Según Ascer, 'esta petición de la patronal azulejera viene a encajar con la postura expresada ya en varias ocasiones desde el PSOE'.

El sector cementero también ha mostrado sus reticencias a la Directiva. Esta industria se queja de que para la fabricación de este producto no existen tecnologías alternativas menos contaminantes.

Plazo Finlandia, el primer país en cumplirlo

A mediodía de ayer, sólo el plan nacional de emisiones de Finlandia había llegado a la Comisión Europea, aunque varios países habían alcanzado acuerdos y se preveía que cumplieran el plazo, que expiraba a medianoche. La CE confía en que todos los países cumplan el trámite para que las empresas puedan comerciar con sus derechos en 2005.

El mercado de emisiones permitirá a las empresas de ciertos sectores (energía, cemento, cerámica, etc.) abaratar los costes de la aplicación del Protocolo de Kioto.

El Protocolo firmado en 1997 exige que la UE contamine en 2012 un 8% menos que en 1990. El cumplimiento de este objetivo costará a la Unión, según Bruselas, en torno a los 3.500 millones de euros anuales. Sin el mercado de emisiones, el coste podría llegar a doblarse.

Cada gobierno repartirá entre las empresas participantes en el mercado una cuota de derechos de emisiones. Las que superen ese nivel deberán recortar su capacidad contaminante o comprar derechos de emisiones a otras empresas más eficientes desde el punto de vista ecológico.

El plazo para concluir el reparto expiró ayer. Bruselas dispone ahora de tres meses para autorizar la distribución hecha en cada país u objetarla y exigir un nuevo plan.

Todos los países de la UE, salvo España, preveían rematar a tiempo al menos un borrador del plan. El documento definitivo no sólo necesita superar el examen de la Comisión Europea, sino que debe someterse a una amplia consulta pública para que todas las partes (ONG, empresas, etc.) pueda presentar sus observaciones. Sin ese paso, la Comisión rechazaría el plan.

Bruselas recuerda que las empresas necesitarán al menos seis meses de preparación para poder participar en el mercado, por lo que insiste en que se cumplan los plazos.