La clave está en la deuda
Entre 1994 y 2003 diversos países latinoamericanos han sufrido una crisis financiera: México, Brasil, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Estas crisis han tenido su origen en desequilibrios macroeconómicos o en la desaparición de la confianza de los inversores por otros motivos (por ejemplo, cambios políticos). Las recetas diseñadas por los organismos internacionales o por sus propios gobernantes pasan sistemáticamente por la aplicación de reformas estructurales. Estas políticas suelen conllevar modificaciones en los derechos, adquiridos o presuntos, de algunos sectores sociales, por lo que requieren una consistente voluntad política en su propuesta y aplicación. Por otra parte sus efectos suelen necesitar tiempo para hacerse evidentes, por lo que dichas políticas deben ser implementadas con perseverancia. Esas dos características, sacrificios y plazo, son dos inconvenientes. Es evidente que, cuando los países disfrutan de crecimiento, resultan más fáciles.
La situación económica actual de los países latinoamericanos es esperanzadora. En los ochenta muchos países latinoamericanos vieron descender su PIB per cápita. En los noventa la situación cambió y el crecimiento medio de la región fue del 2,3% anual. Pero no se afianzó y entre 1998 y 2002 el crecimiento medio se redujo al 1%. Para 2004, con la excepción quizá de Brasil, las perspectivas son de un crecimiento significativamente superior. Los países latinoamericanos pueden aprovecharse también de la mejor situación económica de los países desarrollados. Las perspectivas económicas tanto de EE UU como de Europa son positivas, lo que es favorable para Latinoamérica. La región también puede beneficiarse de flujos de inversión que busquen oportunidades de rentabilidad o diversificación del riesgo.
La ocasión parece adecuada para llevar a cabo esas reformas estructurales necesarias. Por una parte, el contexto económico es favorable y, por otra, esas medidas son imprescindibles si no se desea repetir las crisis de insolvencia. La reforma prioritaria se refiere a las finanzas públicas. En los países latinoamericanos, la historia acumulada de inflación e insolvencia externa les ha llevado a un elevado grado de 'intolerancia a la deuda'. Este término (según el título de un documento de trabajo realizado por C. Reinhart, K. Rogoff y M. Savastano, del FMI) recoge la incapacidad de los países de acumular deuda externa más allá de un determinado nivel, que es reducido en los países cuya credibilidad se pone en duda fácilmente. Superar el nivel de deuda tolerado por el país conlleva el riesgo de desencadenar una crisis financiera. El que los países latinoamericanos tengan un elevado grado de intolerancia limita su capacidad de crecimiento. En el extremo opuesto se puede mencionar a EE UU, que es capaz de acumular un nivel de deuda externo elevado, por la confianza de los inversores.
La reforma prioritaria para los países de América Latina se concentra en las finanzas públicas
Las políticas fiscales tienen que caracterizarse por su prudencia y la deuda pública tiene que gestionarse bajo la óptica de su sostenibilidad a largo plazo. Existe una relación clara y directa entre esta última y la sostenibilidad macroeconómica. La indisciplina fiscal ha sido crónica en los países latinoamericanos; de ahí nace su propensión a las crisis y su vulnerabilidad. Un elevado nivel de deuda puede hacer difícil o imposible los pagos de intereses si el tipo de cambio se deprecia o si aumentan los diferenciales de rentabilidad según la calidad de los bonos o si aumenta la morosidad bancaria. Si la deuda es elevada, el margen de maniobra de la política económica se reduce significativamente.
La reforma estructural prioritaria para los países latinoamericanos se concentra en las finanzas públicas. Se debe comenzar tomando el control sobre las mismas, y hacerlo de modo transparente. La transparencia es un compromiso y así lo entienden los mercados, que reaccionan mejor ante malas noticias que ante la incertidumbre. Estos países deben plantearse mejorar la eficiencia de la recaudación fiscal. Es reseñable que en los países emergentes los ingresos fiscales representan menos que el 30% del PIB, frente a una proporción cercana al 44% en los países desarrollados. También deben ejercer un minucioso control del destino del gasto, ya que el reducido nivel de renta per cápita no soporta ineficacias. Estas recetas deben formar parte de los planes económicos que hacen creíbles las medidas a corto plazo de reestructuración de la deuda. El entorno económico actual es favorable y sería una lástima que se desperdiciara.