Laboral

Cumplir la sentencia de la Audiencia costará a Correos 36 millones

La sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a Correos a hacer fijos a miles de trabajadores con contrato de interinidad por vacante, tendrá un coste para el operador postal de unos 36 millones de euros, según ha especificado el responsable de la sección sindical de la Unión Sindical Obrera (USO) en Correos, Manual Aguilella. Lejos de la cifra que sostenía la compañía de que serían 3.000 los empleados afectados por la medida, el sindicato ha asegurado que la sentencia afecta a unos 12.000 trabajadores.

Aguilella ha realizado un llamamiento a las otras organizaciones sindicales, que no apoyaron a USO, Sindicato Trabajadores de la Administración Intersindical Valenciana, CIG y CGT en la presentación de la demanda, para que "rectifiquen" y reconozcan que "no se habían dado cuenta de que estaban conculcando la ley". Asimismo, les ha pedido que "asuman" las consecuencias si no apoyan la ejecución de la sentencia. De esta manera, ha abogado porque todos los sindicatos se sienten a firmar un acuerdo para que en un plazo de unos tres meses, todos los trabajadores afectados por la sentencia sean fijos.

La Federación de Empleados Públicos de USO ha iniciado en todo el territorio nacional una campaña jurídica para conseguir que todos los trabajadores de Correos afectados por la sentencia obtengan la relación laboral de fijeza sin esperar al fallo del recurso presentado por el operador ante el Tribunal Supremo. El procedimiento que deben seguir los trabajadores interesados en estabilizar su relación laboral se basa en la presentación de una demanda de conciliación ante el Servicio de Mediación y Arbitraje competente, y de no haber avenencia, en la presentación de una demanda ante un Juzgado de lo Social de su provincia.

En nombre del sindicato, Aguilella ha reconocido que no ha existido "mala fe" por parte de los responsables de Correos, sino un "desconocimiento absoluto" de su trabajo, dado que, en su opinión, "no son conscientes de que ha habido un cambio de marco jurídico", es decir, del hecho que el operador postal ya no es una empresa pública sino mercantil, aunque esté dentro del sector público.