Tribunales

La Fiscalía y el SCH insisten en archivar el 'caso de las prejubilaciones'

La Audiencia Nacional estudiará si continúa adelante con la causa articulada contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y los ex altos cargos José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, acusados de administración desleal por los pagos recibidos por los dos últimos al dejar el banco. En concepto de jubilación, Corcóstegui cobró 108 millones de euros y Amusátegui, 43,75 millones.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional insiste en que debe archivarse el caso de las prejubilaciones, porque no hay delito, el caso abierto sobre el pago de 47,75 millones a José María Amusátegui y de 108 millones a Angel Corcóstegui, ex co-presidente y ex vicepresidente del SCH, respectivamente, tras su salida del BSCH. Así lo manifestó hoy ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que estudia el recurso de la fiscalía contra la decisión de la juez Palacios de concluir la investigación y continuar el procedimiento penal contra Botín, Amusátegui y Corcóstegui.

Durante la celebración de la vista para estudiar el recurso, la fiscalía insistió en que el primer consejo de administración del SCH tras la fusión se ratificaron todos los compromisos que Botín había adquirido con Amusátegui y Corcóstegui. Recalcó que dichas partidas se consignaron en las cuentas anuales, aprobadas por la junta. Además, recordó que la Comisión de Nombramientos y Retribuaciones de la entidad no puso objeciones a los acuerdos. Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, no hay delito porque no hubo disposición fraudulenta de los bienes del banco, ni en beneficio propio ni de terceros. En este sentido, señaló que los acuerdos investigados están previstos en los estatutos del banco. Las mismas tésis fueron compartidas por las defensas de Botín, Amusátegui y Corcóstegui.

En opinión del abogado de uno de los querellantes, Juan Francisco Franco Otegui, lo que se produjo en este caso fue un blindaje, ilegal en sociedades mercantiles. El miércoles continuará la vista, con el fin de que el abogado del otro querellante, Rafael Pérez Escolar, exponga las razones por las que cree que debe continuar el procedimiento contra los imputados.

SANTANDER 2,55 2,12%

Un proceso que casi va por el año y medio

El §caso de las jubilaciones del Santander§ se inició a raíz de la querella presentada en octubre de 2002 contra Botín y Amusátegui por el abogado Juan Francisco Franco Otegui, un accionista minoritario del SCH. Después se incluyeron en él las diligencias sobre las condiciones en las que cesó Corcóstegui, realizadas por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de la denuncia de Ramón Pérez Escolar, condenado en el 'caso Banesto'. La acusación particular también solicitará ante el tribunal que continúe el procedimiento, según informaron a Europa Press fuentes del bufete de Otegui. Por su parte, la defensa de los imputados informará en consonancia con la postura de la Fiscalía.

El tribunal que escuchará los alegatos de las diferentes partes está integrado por los magistrados Carlos Ollero, Alfonso Guevara y Fernando Bermúdez de la Fuente, habiendo sido designado ponente este último.