Los recursos de las 'telecos' se estrellan en los tribunales
Uni2 ha sido deslegitimada en su denuncia contra el concurso de concesión de licencias de UMTS, Telefónica ha visto frustrado su recurso contra la ley que liberalizó el mercado de las telecomunicaciones y las operadoras de cable de Auna tendrán que aceptar como competidor el ADSL del ex monopolio. Son sólo tres ejemplos, pero designan una tendencia: los tribunales españoles han supuesto hasta ahora todo un muro de contención frente a las reclamaciones de las operadoras contra las principales normas y las decisiones de los reguladores durante la liberalización del mercado.
En 2003, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha ganado la veintena de juicios que se han fallado por recursos interpuestos por las operadoras contra sus resoluciones. Y en 2002 la situación fue similar. Pero más allá de la cantidad, lo relevante es la calidad de los recursos desestimados.
Durante el proceso de liberalización, las compañías de telecomunicaciones han recurrido la práctica totalidad de las normas publicadas. Telefónica lo ha hecho en un intento de defender la menor pérdida de derechos posible y sus competidoras han actuado en función de sus intereses de mayor y más acelerada apertura. El resultado es que en los tribunales han terminado plagados de recursos, que han afectado desde la Ley General de Telecomunicaciones de 1998 hasta a los precios de interconexión, pasando por las tarifas y la gran mayoría de las resoluciones de la CMT.
El único golpe de envergadura contra el Gobierno ha llegado desde Bruselas
Después de más de un lustro de competencia en telefonía fija las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo se cuentan por decenas y todos los grandes temas han sido rechazados.
Telefónica ha sido una de las principales generadoras de recursos, pero los tribunales han optado por defender la posición de los reguladores y legisladores en temas como la introducción de la preselección, la normativa de autorizaciones generales o la polémica tarifa plana de internet.
Pero Telefónica también ha estado muchas veces en el lado contrario y ha sido de alguna manera codemandada junto al Gobierno. Otra vez, los tribunales se han puesto del lado del Ejecutivo, así que en estos casos ha ganado los recursos a sus competidores. Así, la Audiencia ha permitido a Telefónica invertir en el despliegue de ADSL, en contra de la opinión de los operadores de cable de Auna. Y también le ha dado la razón en su decisión de aplicar distintas tarifas a las llamadas de fijo a móvil dependiendo del destino.
Más suerte han tenido las operadoras en los recursos contra la imposición de multas. Es cierto que no se han eliminado, pero Telefónica ha logrado que le reduzcan en tres casos -uno del Tribunal de Defensa de la Competencia, otra de la CMT y la última de la Agencia de Protección de Datos- la cuantía de la sanciones.
En líneas generales, las compañías del sector han cosechado más éxitos con la negociación que con los recursos y el mejor ejemplo es Telefónica. El mayor revés que ha sufrido hasta la fecha el Gobierno español ha procedido de Bruselas, que condenó hace muy pocas fechas al Ejecutivo por no reajustar las tarifas del ex monopolio ni elevar la cuota de abono. La sentencia, sin embargo, es más moral que práctica; no hay castigo para el Gobierno. Y no lo hay, en parte, porque Telefónica no ha tenido que esperar hasta ahora para reajustar tarifas y ya había logrado en 2001 el permiso para subir la cuota de abono hasta un nivel que consideró suficiente para desistir en su demanda.
Para el futuro, el Gobierno tiene en el horizonte un caso que puede equilibrar la balanza: la polémica tasa por el espectro radioeléctrico. La Audiencia Nacional remitió en noviembre al Constitucional el impuesto referido a 2001 con argumentos que abren la puerta a una devolución multimillonaria a las pagadoras. Con todo, las operadoras optaron otra vez por la negociación y la tasa para los años siguientes a 2001 fue sustancialmente rebajada.