Medio Ambiente

Economía y la CEOE preparan una cumbre empresarial sobre Kioto

El tiempo apremia y el Gobierno quiere dar el primer paso para avanzar en la elaboración del PNA. La Secretaría General de la Energía, que dirige José Folgado, ha mantenido reuniones variopintas en la CEOE con los representantes de los distintos sectores afectados, como el energético, el siderúrgico o el cementero, por la directiva europea que recoge el Protocolo de Kioto. Sin embargo, el equipo de Rodrigo Rato quiere dar impulso y prepara una cumbre en la CEOE, 'que se celebrará en breve', según Economía, en la que participarán las empresas afectadas y la cúpula de la patronal.

Además de las reuniones técnicas que se vienen celebrando, la Secretaría de la Energía a través de la directora general de Desarrollo e Incentivos Regionales, Belén Espino, ha remitido a las empresas implicadas, vía CEOE, un amplio cuestionario para recabar información para elaborar el PNA. El cuestionario ha provocado un profundo malestar entre algunas compañías que entienden que parte de la información que se solicita es de carácter confidencial y obliga a 'desvelar a los competidores la política de producción de los próximos años', señalan fuentes de uno de los sectores afectados por la directiva sobre comercio de emisiones contaminantes.

Concretamente, el cuestionario consta de tres grupos de preguntas. En el primero, el Gobierno trata de averiguar cuál es la previsión de emisiones de CO2 que tiene la compañía en cuestión. En el segundo grupo, las posibilidades de eficiencia o ahorro de la empresa y en el tercero se le pregunta qué se puede hacer con los nuevos aspirantes.

'Si una empresa comunica qué necesidades de emisiones tiene para 2005 está desvelando cuánto piensa producir', aseguran las mismas fuentes. Además, las empresas destinatarias del cuestionario no entienden 'por qué el Gobierno les pregunta a ellas qué puede hacer con las empresas que se pueden incorporar al mercado'.

Crece el nerviosismo

Mientras tanto, entre las afectadas arrecian las críticas al Gobierno, que ve cada vez más difícil afrontar la situación desde un punto de vista sectorial. Un representante de la gran industria insiste en 'que Kioto afecta a la empresa, no al sector, es un problema empresarial'. Un claro ejemplo es el del sector eléctrico, en el que las posiciones de las dos grandes, Endesa e Iberdrola, están cada día más alejadas. En este sentido, la posibilidad de crear pools de emisiones es cada vez más remota.

Y para enturbiar más aún una situación, que algunos empiezan a calificar como 'dramática' por los costes que va a tener para las empresas, la Comisión Europea acaba de publicar el desarrollo de los criterios que los países tienen que aplicar para elaborar los PNA correspondientes. Las empresas más críticas consideran que lo que hay que debatir con el Gobierno 'es si técnicamente se puede o no cumplir con Kioto y dejar de seguir los criterios de la CE'.

La nueva guía establece la prohibición de discriminar a empresas o sectores en las asignaciones de emisiones, el cumplimiento estricto de los objetivos de Kioto y la máxima transparencia del proceso, entre otros. En este sentido, hay responsables de compañías que interpretan que con esta guía 'la Comisión impone una rigidez que contrasta con la flexibilidad de la propia directiva y es una manera de avisar de que quiere mantener el control'.

En Iberdrola aseguran que 'se trata de un documento ambiguo que se puede prestar a distintas interpretaciones, pero el fondo de la cuestión es inequívoco y los criterios se endurecen'. Por su parte, desde la primera eléctrica, Endesa, señalan que 'ni es más dura ni menos que la directiva, aunque se fijan los criterios que son obligatorios y los que son opcionales'.

En todos los ámbitos se recuerda que ningún país de la UE ha hecho la transposición legal de la polémica directiva.

El Ejecutivo pide a las compañías su previsión de emisiones de CO2

Ajuste de cuentas

31 son los criterios que han de aplicar los Estados para proceder al reparto de asignación a las empresas afectadas por la directiva del mercado de emisiones.

15% de marzo es la fecha tope para presentar el Plan Nacional de Asignación de Emisiones ante Bruselas. El Gobierno español ha pedido una prórroga.

11 es el aumento de emisiones de CO2 hasta 2012 sobre 1990 que le corresponden a España.