Emisiones

Bruselas endurece las condiciones para aplicar Kioto

Ante las presiones crecientes que están ejerciendo las empresas afectadas por la directiva europea de reducción de gases de efecto invernadero, la Comisión Europea ha hecho un claro gesto de fuerza. El lunes, por sorpresa y con discreción, publicaba la llamada 'guía' para ayudar a los Estados miembros a aplicar los 11 criterios que figuran en la directiva sobre la creación de un mercado de emisiones. Los países comunitarios se afanan en estos momentos en la elaboración de los llamados planes nacionales de asignación de emisiones, que deben ser remitidos a Bruselas antes del 31 de marzo.

De los 11 criterios, que se analizan en detalle por primera vez, cuatro son de obligado cumplimiento, tres opcionales y el resto, mixtos. El más importante de los criterios imperativos es el de la 'no discriminación entre empresas y sectores'. Para evitarla, la Comisión apela a la legislación comunitaria sobre ayudas de Estado y se reserva la potestad de analizar y juzgar cada caso para evitar que se viole la libre competencia. La Comisión quiere evitar que en el reparto de asignaciones los Estados apliquen trato de favor a ciertas empresas o actividades. Serían, como ejemplo, los incentivos que, según denuncia Iberdrola, ha solicitado Endesa al reclamar un 20% más de emisiones.

Según un experto, 'la propia directiva es ya discriminatoria, porque en mercados con un mismo precio relativo como el eléctrico se perjudica a unas empresas frente a otras'. Sin embargo, como los Gobiernos van a gozar de una cierta discrecionalidad para fijar sus planes, especialmente en los sectores con mayor potencial de recorte, la CE quiere mantener un cierto control. Y aunque reconoce que los compromisos de reducción de emisiones pueden 'suponer a corto plazo un aumento de los costes para ciertas compañías y sectores', advierte que esto no podrá utilizarse como excusa para aumentar la concesión de derechos a ciertas actividades. Ni siquiera invocando la pérdida de competitividad ante países que no han suscrito el protocolo.

Un portavoz del Ministerio de Economía señala que 'esta guía se aplicará en España', aunque 'cada país tiene un margen de actuación'.

Transparencia y rigor en la adjudicación

El reparto de derechos de emisiones estará sujeto a un riguroso control por parte de la Comisión Europea, que exigirá que la concesión se haga de modo claro y transparente y 'sometida al escrutinio público'. La directiva europea que regula el futuro mercado de emisiones ya fijó 11 criterios que deben cumplir los Estados para conceder periódicamente los derechos de emisión a sus empresas. Bruselas ha refinado ahora la interpretación de los criterios con una lectura rigurosa del espíritu de la ley.

La primera condición es que no se concedan más derechos de los estrictamente necesarios para cumplir con Kioto. Para ello los Gobiernos deben hacer previsiones 'claras, realistas y sustanciadas' sobre la evolución de las emisiones que no pueden acogerse al mercado. Bruselas recuerda que el objetivo no es permitir que la contaminación siga al nivel actual, sino aliviar el coste de su reducción.

El derecho de los nuevos aspirantes

Una de las novedades de la guía para aplicar los criterios de asignación de emisiones elaborada por la Comisaría de Medio Ambiente, que dirige Margot Walstrom, se refiere a la regulación de la incorporación de nuevas empresas que necesiten derechos. En este caso, la Comisión Europea establece tres modalidades para regular esta entrada: que las aspirantes compren directamente los derechos en el mercado; que el Estado reserve una cierta cantidad de derechos para subastarlos periódicamente, o que se mantenga una cantidad de derechos para repartirlos gratuitamente en el futuro.

Otro punto importante, aunque éste es opcional, es el de la posibilidad de otorgar derechos a empresas que hayan tomado ya medidas para reducir sus emisiones. Las autoridades nacionales deberán detallar los derechos de emisión que correspondan a cada instalación, fábrica o planta industrial. El listado debe ir agrupado por sectores y debe someterse, como el resto del plan, al escrutinio de la opinión pública dentro de un plazo razonable.