Unión Europea

Solbes intenta forzar el pulso judicial contra el Ecofin para defender el pacto

Pocas horas le quedan al comisario de Economía, Pedro Solbes, para convencer al resto de miembros de la Comisión Europea de la necesidad de impugnar ante el Tribunal de Justicia de la UE la congelación del Pacto de Estabilidad aprobada el pasado 25 de noviembre por los ministros de Economía (Ecofin) de la zona euro. Solbes llega a la reunión de la Comisión de hoy en Estrasburgo, donde debe tomarse la decisión, con el aval de un informe jurídico que subraya poderosos argumentos a favor de presentar la denuncia.

El documento reconoce, sin embargo, que el acuerdo de los ministros es válido mientras no lo anulen los jueces, por lo que no existe ningún vacío legal en la aplicación del pacto. Perdido ese argumento, los partidarios de presentar la denuncia esgrimirán el peligro de que el acuerdo siente un precedente que mine la autoridad y la capacidad de iniciativa de la Comisión Europea a favor de un todopoderoso Consejo de Ministros.

'La mayoría de los comisarios están convencidos de ir al tribunal, pero no se puede adelantar el resultado del debate', señalan fuentes próximas a Solbes. Los más reticentes parecen los dos comisarios británicos, a pesar de que su país no pertenece al euro. O quizá por ello, porque el Pacto de Estabilidad es una de las bestias negras del ministro británico de Economía, Gordon Brown, quien ha señalado las normas fiscales de la zona euro como uno de los obstáculos para que su país se adhiera a la moneda única.

Los asesores jurídicos de la Comisión calculan que el tribunal necesitará entre tres y seis meses como mínimo para dictar una sentencia a contar desde el momento en que se presente el recurso. La posible y probable intervención en el proceso de alguno de los países implicados dilataría aún más la resolución. La aplicación del pacto a Francia y Alemania se congeló a propuesta de Italia y con el apoyo de todos los países de la zona Euro, salvo España, Holanda, Austria y Finlandia. Estos cuatro países se alinearon con las tesis de la Comisión Europea, partidaria de seguir adelante con el mecanismo disciplinario previsto en el pacto para obligar a un país a reducir el déficit público por debajo del 3% de su PIB, mecanismo que podía abocar a sanciones de hasta el 0,5% del PIB nacional de Francia y Alemania.

Para lograr que el tribunal anule el acuerdo, la Comisión deberá demostrar que los ministros no tenían otra opción que seguir el procedimiento fijado en el pacto.