El Gobierno decide mantener un blindaje antiopa en Repsol

Desde el pasado 1 de enero cualquier inversor puede tomar más de un 10% del capital de las empresas privatizadas sin contar con el visto bueno del Gobierno, siempre que la participación sea financiera. Así consta en la nueva normativa elaborada por el Ejecutivo para adaptar la acción de oro a los dictados de la Unión Europea, en una disposición que afecta a cinco de las seis empresas afectadas por la norma.

En la lista de compañías que ya cuenta con mayor libertad en este campo están Telefónica, Telefónica Móviles, Iberia, Endesa e Indra, como publicó este diario el sábado. La única que no está es Repsol YPF. El inversor que quiera tomar más de un 10% del capital de la petrolera tendrá que contar con el beneplácito del Gobierno, incluso aunque su intención sea mantener una participación financiera.

Esta decisión, según fuentes cercanas al Gobierno, se ha tomado después de estudiar el capital de las seis implicadas y las posibilidades de entradas hostiles. Y sólo en Repsol YPF se han detectado riesgos.

El mayor control que tendrá el Ejecutivo en la petrolera tiene el objetivo de evitar que entradas en el capital que en principio pudieran parecer financieras acaben dando problemas posteriores.

Es cierto que el Gobierno se ha cubierto las espaldas con el resto de las empresas privatizadas. Una disposición en la Ley de Acompañamiento permite al Ejecutivo dar marcha atrás y controlar las participaciones financieras en cuanto sus dueños expresen el deseo de ejercer sus derechos políticos. Pero esta protección sólo se activaría cuando el hipotético comprador hostil ya estuviera dentro de la compañía y eso es lo que el Gobierno quiere evitar en Repsol.

El problema es que la definición de participación financiera es muy amplia. Acciona ha tomado el 8% de FCC con este argumento y una de las grandes petroleras podría hacer lo mismo con Repsol.

El umbral sube al 10% en Endesa

El cambio del sistema de autorización al de notificación y la liberalización absoluta para la adquisición de participaciones meramente financieras que no tengan por objeto la entrada en el control o la gestión no son las únicas novedades en lo que se refiere a la acción de oro específica de Endesa. La nueva norma cambia el umbral de participación sometido a control del 5% anterior al 10% actual.Con la antigua norma, estaban sometidas a autorización previa los actos y acuerdos sociales de adquisición directa o indirecta de acciones o valores de Endesa y de determinadas filiales que puedan dar derecho directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de capital de al menos un 5% de Endesa o un 10% en sus principales filiales. La nueva regulación deja libertad en el caso de adquisiciones de naturaleza meramente financiera y eleva esa cota al 10% para el caso de los socios que quieran participar en el control o la gestión de la sociedad.Los principales accionistas de Endesa son Caja Madrid y La Caixa, con un 5% cada uno.

Cambio de régimen: Una notificación con posibilidades

¦bull; El Gobierno ha modificado la ley sobre la acción de oro después de ser condenado por el Tribunal de la UE. Es el único de los países declarados culpables que lo ha hecho, pero eso no significa que haya eliminado todos los controles.¦bull; El paso del régimen de autorización previa a uno de notificación no tiene, en la práctica, tantas diferencias. Mientras el Gobierno estudia la operación que le ha sido notificada los efectos quedan diferidos. No obstante, la UE ha aceptado en el pasado regímenes similares y España confía en que el suyo también se apruebe. ¦bull; En este contexto, el mantenimiento de un mayor control sobre Repsol puede resultar chocante. Y, sin embargo, también la regulación que afecta a Repsol se ha flexibilizado mucho, aunque en otros campos. ¦bull; Por ejemplo, YPF ha quedado fuera de la regulación, que ya sólo afecta a las actividades nacionales de la petrolera. También se ha dado carta blanca a Repsol para todo lo que suponga una fusión voluntaria, con compañías españolas o extranjeras. El objetivo de la norma es, según fuentes cercanas al Gobierno, dar la máxima libertad a Repsol para todo lo que sea voluntario, pero protegiéndola del resto.