COLUMNA

Madrid, los impuestos y los gastos

Alas pocas horas de vencer en las elecciones del pasado día 26 de octubre, la futura presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Aguirre, declaraba a El País su intención de congelar 'los impuestos por convicción' y detallaba que ese propósito se concretaría en mantener el llamado céntimo sanitario -que su antecesor, el hoy alcalde de Madrid, señor Ruiz-Gallardón, estableció a partir de agosto del año 2002 por cada litro de gasolina al objeto de financiar los gastos de sanidad- y en suprimir paulatinamente, pero con carácter universal el impuesto de sucesiones.

En resumen, la señora Aguirre reiteraba que bajo su mandato, en la Comunidad de Madrid los impuestos no subirían '...por principio y por convicción'.

Por lo tanto, y aun cuando la experiencia enseña que no debemos confiar en este tipo de promesas cuando se hacen durante una campaña electoral o inmediatamente después de un triunfo en las urnas, la señora Aguirre tiene derecho a que se le conceda el beneficio de la duda y a que sean sus decisiones de gobierno quienes confirmen o nieguen el margen de confianza que ahora se le otorga.

Por el contrario, el nuevo alcalde ha presentado su primer proyecto de presupuestos bajo unos principios diametralmente diferentes de los de la señora Aguirre.

En efecto, a juzgar por lo publicado en los medios de comunicación -medio que los ciudadanos madrileños tenemos para enterarnos de lo que pretende hacer nuestro ayuntamiento- para el año próximo el nuevo equipo municipal gastará un 26,2% más que en 2003.

Las cuatro secciones presupuestarias con mayor gasto en cifras absolutas son seguridad y servicios comunitarios (1.121 millones de euros, un 19% de incremento), medio ambiente y servicios a la ciudad (833 millones de euros, un 21% más), urbanismo, viviendas e infraestructuras (631 millones¦euro;de euros, más 59%), y Hacienda y administración pública (383 millones de euros, -6%).

Para justificar tan generoso gasto el encargado de la Hacienda municipal lo envuelve en un atractivo proyecto denominado 'Una ciudad para la convivencia'. El lema resulta atractivo, pues cabe imaginar que busca, entre otros fines, un Madrid más seguro, con unas mejores infraestructuras que posibiliten un tráfico menos caótico y ruidoso, un urbanismo más racional, servicios sociales apropiados y una dotación adecuada para la candidatura a los Juegos Olímpicos de 2012. Todo ello muy loable, pero cómo financiarlo es diferente.

Primero, criticando al anterior alcalde -de quien se dice que gastaba poco- y, segundo, aumentando impuestos, precios públicos y endeudamiento.

Subirán, se dice, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), gracias a la eliminación de los topes establecidos a la subida del impuesto por el anterior Consistorio, y al recargo del 50% que pagarán los propietarios de las casas vacías -una ingeniosa promesa electoral del señor alcalde, cuya base legal es discutible teniendo en cuenta la discutible base legal para obligar al propietario de un inmueble a ocuparlo, habida cuenta de la escasa defensa que la Justicia le ofrece para amparar la exigencia de sus derechos al arrendatario-, el impuesto sobre vehículos y el gasto de agua y algunos precios públicos, como las entradas al Teatro Español y los polideportivos o tasas, como la del estacionamiento de vehículos. Pero como los planes del alcalde son fastuosos, habrá que endeudar al Ayuntamiento, triplicando la financiación bancaria.

Los antecedentes del señor regidor en este campo no son alentadores.

Entre el ejercicio 1995 y el mes de junio del año en curso la deuda de la Comunidad de Madrid, que Ruiz- Gallardón presidió, aumentó un 224%, el incremento más elevado entre las comunidades autónomas más pobladas con excepción de la Comunidad Valenciana, que se cifra en un 283%.

Desde luego siempre hay justificaciones -por ejemplo, que la deuda viva madrileña por habitante no es de las más altas entre las de las grandes ciudades-; a cambio existen dudas razonables sobre si las cifras antes citadas reflejan los compromisos reales o éstos serían mayores si se hubieran contabilizado las obligaciones de algún organismo autónomo que, por el momento, se ha considerado como sociedad no financiera a afectos estadísticos.

Los madrileños harán bien, pues, en apretarse el cinturón pues vivir en Madrid resultará bastante más caro.

Economista