'Guerra por Cepsa'

Un árbitro holandés decidirá la guerra entre SCH y Total

En la guerra del SCH y Total por Cepsa, la batalla jurídica está servida. La petrolera francesa ha contratado a la firma británica Freshfields, que trabaja a destajo para denunciar al SCH por incumplimiento de contrato. El banco ha recurrido al despacho Uría y Menéndez, cuya prioridad es la autorización de la opa por la CNMV. En todo caso, el escenario del enfrentamiento final, si persiste el desacuerdo legal, será un tribunal de arbitraje holandés, según lo pactado por las partes

Las intenciones del grupo francés de no entrar al envite del banco lanzando una contraopa por Cepsa quedaron claras el martes cuando decidió remitir a la CNMV todos los acuerdos que tienen suscritos desde 1990. En ellos se establece que las partes no podrán ni vender ni comprar sus acciones de la petrolera española sin acuerdo mutuo. Pese a ello, el SCH lanzó una opa por Cepsa alegando que los pactos quedaban anulados por la ley de transparencia del mes de julio.

Aunque la norma parece clara al respecto y la nulidad de este tipo de pactos parasociales 'es automática', según un jurista, existe una cláusula de arbitraje en el contrato que sigue vigente. En ella se establece que 'todas las diferencias que surjan (...) serán resueltas definitivamente mediante arbitraje internacional de derecho, administrado por el Instituto de Arbitraje de Holanda, siendo el número de árbitros tres y el lugar de arbitraje La Haya'.

Un contencioso no pararía la opa, pero, de ser responsable, el SCH pagaría por daños y perjuicios

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Los responsables del banco no ignoran este compromiso y saben que, tal como subraya un experto, 'las cláusulas de arbitraje siempre son independientes de los contratos, tienen autonomía y mantienen su vigencia pese a que éstos sean anulados'. Eso sí, para que las partes lleguen hasta Holanda 'es necesario un pleito previo'. Las partes afectadas entienden que el arbitraje será necesario para evitar un proceso ordinario que se podría prolongar durante cinco años.

En Total están estudiando todos los frentes jurídicos posibles e insisten en que los pactos son 'conformes al derecho español'. Por su parte, la entidad que preside Emilio Botín se abstiene de hacer comentarios, en tanto la opa sigue su curso. El banco esperaba remitir también los pactos en la documentación requerida por la CNMV.

Una vez conocidas las intenciones del grupo francés de agotar las vías legales y en tanto el órgano regulador se manifiesta sobre la oferta del SCH, la pregunta recurrente es qué ocurrirá con la opa si se produce paralelamente un proceso judicial contra la decisión de Botín de comprar hasta un 16% de Cepsa.

'Son cosas diferentes', explica un experto, 'porque los contratos no son derechos reales, sino obligaciones entre las partes'. En este sentido, 'una de ellas puede comprar y, si incurre en responsabilidad, será un juez el que imponga una sanción por daños o perjuicios o el que obligue al banco a vender las acciones compradas'. En su opinión, aunque no existen precedentes, 'también un juez, como medida cautelar, podría obligar a la CNMV a parar la opa'.

Una visita fugaz a Cortina y a Rato

El presidente de Total no fue muy discreto en las visitas 'de carácter personal' que realizó el martes en Madrid. A muy primera hora de la mañana fue a ver a su homólogo de Repsol YPF, Alfonso Cortina, al que sacó de una importante reunión. Un encuentro protocolario de apenas media hora al que en la compañía no han dado mayor importancia. Al fin y al cabo, ambas comparten muchos proyectos.

Tras esta visita de cortesía, Thierry Desmarest se dirigió al Ministerio de Economía para ver al vicepresidente primero, Rodrigo Rato. En este departamento también quitan importancia a un encuentro 'no oficial', aunque ciertas filtraciones apuntan a que Rato insistió en que el Gobierno se va a mantener neutral en el contencioso que el grupo francés mantiene con el SCH y en que no se trató sobre la posibilidad de una posible compra de Repsol.

Desde París el hermetismo fue destacable: en Total reconocen la visita a Cortina, pero no la de Rodrigo Rato, informa Sara Acosta. En la multinacional insisten en su apuesta por Cepsa. 'Desde hace 10 años, hemos sido el accionista de referencia de Cepsa, siempre hemos estado muy satisfecho con la estabilidad del accionariado y seguimos unidos a su futuro industrial', señala un portavoz.

Mientras tanto, Total, SCH y Fenosa mantienen un 33% de Cepsa (un 19,9%, el 8,3% y el 5%, respectivamente) a través del holding Somaen Dos. Fenosa, que ha hecho pública su intención de vender, reconocía ayer ante la CNMV que para disponer directamente de las acciones que tiene en Cepsa es necesaria la disolución de Somaen Dos.

La defensa de las partes

Uría y Menéndez, el prestigio de un veterano

El despacho de abogados que tiene a sus espaldas los más complejos y prolongados procesos mercantiles de España ha sido el elegido por Emilio Botín para entablar una batalla que también sospecha larga. Botín, que ha llevado el caso de manera personal, encargó a este bufete, que representa al Estado español en los procesos internacionales sobre el Prestige, que le ayudara a encontrar la clave para liberarse de sus ataduras con Total en Cepsa. Y Uría la encontró.

Freshfields Bruckhaus, un peso pesado del litigio

Los letrados de este bufete anglogermánico de enrevesado nombre trabajan día y noche para 'hacer prevalecer los derechos de Total'. Consideran la causa abierta, dicen que van a agotar todas las vías judiciales, desde la CNMV hasta la Audiencia Nacional, y cuentan como última baza la posibilidad de llegar a un arbitraje. Freshfields conoce bien el terreno: lleva la demanda de Pepsi contra Coca-Cola en España y representa a KIO contra el Estado español en el caso Ebro.