COLUMNA

La quiebra de otras pensiones

Desde hace más de 20 años asistimos a una auténtica ofensiva propagandística para convencernos de los graves problemas que afectan a las pensiones públicas. Hasta tal punto que la mayoría de la población está convencida de la difícil viabilidad de ese sistema público de pensiones, también denominado de reparto.

A pesar de que desde entonces se han realizado varias reformas y contrarreformas del mismo, siempre se siguen preconizando otras nuevas para asegurarlo (léase rebajarlo). La solución alternativa consiste en introducir mayor dosis de capitalización (fondos de pensiones privados, diversas fórmulas de ahorro-pensión, etcétera). Pero los mismos que con tanto ahínco se dedican a anunciar la quiebra de los sistemas públicos no dicen ni pío respecto a los males que aquejan a esos sistemas privados ni sobre algunos efectos perversos que los mismos provocan.

A diferencia de los sistemas de reparto, en los que las cuotas de los trabajadores en activo financian las pensiones de los trabajadores jubilados, los fondos de pensiones colocan en los mercados financieros el dinero proveniente de las aportaciones realizadas. De tal manera que las pensiones son, en su momento, pagadas mediante la venta de las acciones y obligaciones sustentadas por tales fondos de pensiones.

El equilibrio de este sistema y la cuantía de las pensiones dependen, por tanto, de la evolución de la Bolsa y de los mercados financieros. Lo que es mucho más inseguro y vulnerable que el sistema público. Si no, que se lo pregunten a los trabajadores y ahorradores estadounidenses. En los últimos tres años, el sistema americano de pensiones por capitalización, erigido por algunos como el modelo a seguir en Europa, ha perdido 1,380 billones de dólares; es decir, el equivalente al 13% del PIB, o sea 4.900 dólares por habitante.

Aunque en España los fondos de pensiones están todavía en fase de maduración (no tienen de momento que pagar apenas pensiones), el valor nominal de los mismos ha recibido también un buen palo. Basta con hablar con algunos de sus titulares para comprobarlo.

Además de inseguros y a veces peligrosos -ya que son, sobre todo los anglosajones, que son los más potentes y agresivos, uno de los principales factores de la inestabilidad de los mercados financieros, de la burbuja especulativa y de la financiarización de las empresas- los fondos de pensiones son un factor de parasitación (tienden a convertir en mínimas las pensiones del pilar público) y de canibalización (retrae, vía ventajas fiscales, importantes recursos al sistema de reparto) del sistema público.

Así, mientras que para éste se preconiza una contributividad pura (es decir, que el sistema se financie exclusivamente con las cuotas de los trabajadores, sin aportaciones del erario público), los sistemas privados cuentan con ayudas fiscales crecientes. En EE UU los planes privados son incentivados por el Estado con ventajas fiscales considerables: 100.000 millones de dólares en 2000, o sea el 1% del PIB. Y se prevén pérdidas de ingresos públicos por una cuantía de 746.000 millones de dólares para el periodo 2003 a 2007, además de la creación de nuevas figuras más ventajosas para los planes individuales.

En España país, según el presupuesto de gastos fiscales para 2003, las ayudas fiscales por aportaciones a planes privados de pensiones suman 1.284 millones de euros, aproximadamente el 0,2% del PIB.

Son porcentajes aún bastante más modestos que los estadounidenses, pero no dejan de ser escandalosos si tenemos en cuenta que, por ejemplo, gastamos más en fomento de los fondos privados de pensiones que en prestaciones económicas directas a las familias. Y que, en la mayoría de los países, solamente entre un 10% y un 20% de los trabajadores se benefician de este tipo de regímenes privados complementarios. Lo que incrementa las diferencias sociales entre los pensionistas y muestra el carácter regresivo de estas ayudas.

Hablando de favores fiscales, no debiera pasar desapercibida la facilidad con la que los mismos que niegan toda posibilidad de aumentar el gasto para financiar las pensiones públicas y continuamente alertan sobre la inviabilidad de las mismas, acometen sin ningún tipo de pudor rebajas fiscales que favorecen a los sectores con mayor renta y vacían las arcas públicas de medios para financiar la protección social.

Ya sabemos lo que ha hecho el país guía al respecto: el Senado de EE UU ha votado una reducción de impuestos de 320.000 millones de dólares. Una rebaja que se añade a la aprobada en 2001 por una suma de un 1,3 billones de dólares. Como consecuencia de tales rebajas, la renta después de impuestos del americano medio se incrementará un 1%; para los que tienen una renta superior a un millón de dólares al año ese incremento será del 4,4%. Consecuencia inevitable: los gastos sociales serán recortados y los impuestos indirectos aumentados. Lo que está pasando en España es también significativo: la reforma del IRPF de 1999 ha supuesto una pérdida de recaudación, oficialmente reconocida, de 800.000 millones de pesetas ese año (4.808 millones de euros) y de 900.000 millones al año siguiente (5.409 millones de euros).

Sólo el hecho de que los contribuyentes con renta superior a 10 millones de pesetas (60.100 euros, que representan el 0,6% del total de contribuyentes) no tributaran, en 1999, en concepto de incrementos patrimoniales al tipo que les correspondía sino a uno fijo del 18% supuso una pérdida de recaudación de 100.000 millones de pesetas (601 millones de euros). Con la susodicha reforma, el 10% de los contribuyentes de rentas más altas se ha beneficiado de más de un tercio (290.000 millones de pesetas o 1.740 millones de euros) de la rebaja de 800.000 millones antes mencionada.

Como se ve, cuando se quiere se puede. Una evidencia más de que no es fundamentalmente una imposibilidad económica la que amenaza el futuro de las pensiones públicas, sino una clara orientación política de favorecer la emergencia del aseguramiento privado.