Crisis

El futuro de Alstom queda en manos de la banca acreedora

La luz podría hacerse para el grupo industrial, cuya situación financiera se agrava a medida que pasan los días, con unos fondos propios que han caído hasta 350 millones de euros, frente a 5.000 millones de euros de deuda neta.

El Gobierno galo parece haber encontrado la fórmula. En vez entrar en el capital del grupo a través de obligaciones canjeables por acciones, Alstom se beneficiará de una emisión de deuda, que deberá reembolsar al Estado francés a largo plazo, según informó la agencia AFP. En total, el plan, que en un principio ascendía a 2.800 millones de euros, alcanzará 3.200 millones de euros, dada la inminente necesidad de liquidez.

Las autoridades de la Competencia de Bruselas, opuestas al plan de salvamento inicial, que París aprobó sin previa consulta, podrían dar su visto bueno al nuevo dispositivo. Interrumpidos sus compromisos de fin de semana, Francis Mer, quien debía asistir a la reunión del G7 en Dubaï, y Mario Monti, esperado en Italia, se reunieron en la noche del viernes para alcanzar un acuerdo sobre Alstom, que ha supuesto el punto álgido en las tensiones protagonizadas por París y Bruselas durante las últimas semanas.

Ahora, la suerte del grupo depende de los bancos acreedores. Reunidos durante el sábado, las 32 entidades, 25 extranjeras, darán su respuesta hoy, tras una reunión excepcional de sus comités de crédito. Si bien las dudas pesan más sobre estás últimas, menos allegadas a la compañía gala, la presencia del Estado será definitiva, en su papel de acreedor permanente y de confianza, sin el que los bancos no ofrecieron su apoyo al proyecto. En total, las entidades inyectarán 2.400 millones de euros, según el diario Le Figaro, en forma de obligaciones reembolsables en acciones y de planes de crédito, en lugar de los 2.300 previstos inicialmente.

Los sindicatos, sin garantía

Los sindicatos, favorables a la entrada del Estado en el capital de Alstom, habían reclamado una solución a un problema 'europeo, y no sólo francés', de una compañía que emplea a 118.000 personas en el mundo, y sólo un 24% en Francia.

Los representantes sindicales del grupo, sin embargo, han declarado que no tienen 'ninguna garantía sobre el mantenimiento de todas las sedes y puestos de trabajo', afirmaron tras una reunión de más de una hora con miembros del Ministerio francés de Industria.

'No se nos ha dado ninguna garantía sobre el mantenimiento de todas las sedes y los puestos de trabajo, que es la exigencia de todos los asalariados', dijo el secretario del Comité de Empresa, Jean Saulnier, en una declaración común de todos los sindicatos.

Problemas de calendario

El acuerdo que podría alcanzarse entre París y Bruselas versa esencialmente sobre la temporalidad del apoyo del Estado a Alstom. Mario Monti podría exigir al Estado galo la garantía de que del apoyo estatal no sea irreversible y quede condicionado a la decisión final de las autoridades de la competencia.

Un obstáculo, otro más, aparece, sin embargo, en el camino. La compañía necesita liquidez de forma inmediata. En un consejo de accionistas el pasado 2 de julio, la empresa aprobó un aumento de capital de 600 millones de euros, en el que más tarde se decidió que interviniera el Estado, con la suscripción de la mitad.

Ante la crítica situación que el grupo vive hoy, con una deuda neta de 5.000 millones de euros frente a 900 millones de fondos propios, Alstom tiene previsto hacer efectivo este aumento de capital esta misma semana, concretamente el miércoles 24, durante una asamblea general que el grupo parece haber previsto. Un margen demasiado ajustado al plazo impuesto por la Comisión Europea, que expira hoy, para que se adapte el plan de la compañía a las normas comunitarias.

Aumenta la desconfianza de la Comisión Europea

El caso de Alstom ha sido el último de varias intervenciones galas consideradas por Bruselas como muy poco acertadas.

Las reivindicaciones de París de permitir el intervencionismo del Estado llegan después de varios desacuerdos, protagonizados por la reticencia del Gobierno galo a acatar las reglas comunitarias. Tras dinamitar el pacto de Estabilidad, que Francia no respeta con un déficit público que supera el 3% del límite establecido por Bruselas, con la certeza de que no podrá cumplirlo hasta el año 2006, Francia está ahora en el punto de mira de cara a la presentación de su ley de Presupuestos para el próximo año.

Diferencias de interpretación aparte, es la arrogancia gala lo que exaspera en Bruselas, que ha supuesto más de un encontronazo. Los comentarios de los responsables políticos galos no ayudan a salvar la situación. Hace unos días, el primer ministro Jean-Pierre Raffarin aseguraba en una intervención televisiva que su 'problema no era el de dar cuentas contables y hacer problemas matemáticos para que esta o aquella oficina, de este o aquel país, esté satisfecho', a propósito del incumplimiento de Francia del Pacto.

En su reunión con el canciller alemán, Gerhard Schröder, la pasada semana en Berlín, el presidente galo apelaba a la Comisión Europea a recuperar 'su sentido de la responsabilidad', tras haber afirmado su 'relativo optimismo' respecto al buen fin del programa para salvar a Alstom.