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EE UU

Bush sopesa mantener en vigor los polémicos araceles a la importación de acero

La Casa Blanca no está obligada a decidir la eliminación o mantenimiento de unos aranceles que estaba previsto duraran tres años y fueron diseñadas por motivos políticos. Pero, en el ecuador de este programa por el que se impusieron subidas tarifarias hasta del 30% a las importaciones de acero, la Organización Mundial del Comercio (OMC) puede permitir sanciones por parte de la UE valoradas en 2.200 millones de dólares y que afectarán a estados no productores de acero como Florida y Carolina del Norte. La decisión sobre las sanciones será definitiva en noviembre y ha elevado la presión de parte del equipo económico de Bush, que favorece su eliminación.

Desde la noche del viernes el presidente tiene en sus manos el informe de la International Trade Commission (ITC), una agencia consultiva, en el que se detalla el impacto de la imposición de tarifas (de las que están exentas el 27% de las importaciones).

Las conclusiones no son claras, pero las más favorables caen del lado de las medidas proteccionistas.

La ITC deduce que la demanda de acero ha sido débil, pero empieza a fortalecerse. Asegura que la producción siderúrgica repunta, en parte gracias a que en los 18 meses de programa las empresas han acometido una fuerte reestructuración que incluye la aprobación de un convenio colectivo fundamentado en la mejora de la productividad y la reducción de costes fijos.

Desde 1999, 31 empresas entraron en suspensión de pagos. Ahora algunas de ellas han salido de esta situación y se han invertido unos 1.200 millones de dólares para aumentar capacidad y productividad. Las compras domésticas de acero suman el 73% del total cuando antes de las tarifas la cuota era del 65%.

Quejas de otras industrias

Mientras, los consumidores de este material, fabricantes de electrodomésticos, coches, envases, entre otros, han cambiado sus hábitos de compra, muchos admiten que notaron el aumento de precios en los primeros meses de la imposición de las tarifas. Ahora es un 10% más caro que antes. Aseguran que mientras la siderurgia apenas ha sumado trabajos, ellos han perdido 200.000. Según la ITC, esto no es cierto: 'el empleo cayó sobre todo un año antes de que se implementaran las medidas de salvaguarda'. Algunos números dan la razón a las protestas y se advierte que muchos productores han tenido dificultades para encontrar acero de calidad.

Según los consumidores, las tarifas les han supuesto 680 millones de pérdidas, les resta competitividad y piensan, si no lo han hecho ya, trasladar parte de su producción a países baratos, pero también admiten que no es fácil distinguir entre los efectos de las tarifas y otros cambios del mercado. Para abundar en vaguedades, concluyen que en general 'no esperan cambios positivos ni con el mantenimiento ni con su fin'.

No hay pistas sobre lo que Bush quiera hacer . Se acerca a la reelección con el paro agobiando su campaña al sumar 2,4 millones de pérdidas de empleo en la legislatura. Las tarifas se diseñaron para satisfacer estados claves como Michigan, Ohio, Pensilvania y Virginia Oeste. Pese a todo, el sindicato del acero, United Steelworkers of America, acordó en agosto, respaldar al candidato demócrata Dick Gephardt.

Más recortes fiscales en Estados Unidos

Según The Washigton Post, el Congreso de EE UU estudia las propuestas de ambas cámaras de incluir en la negociación de la legislación energética una serie de excepciones fiscales que favorecerán al sector eléctrico, del gas, energías renovables y el carbón además de los productores de maíz. El problema es que las ya maltrechas cuentas públicas dejarían de ingresar 19.000 millones de dólares en la próxima década.Y ello a pesar de que el 1 de octubre de comienzo un año fiscal en el que se espera que se llegue a un déficit presupuestario que exceda el medio billón de dólares.Los legisladores republicanos aseguran que estos recortes fiscales permitirán un sistema energético más autosuficiente ya que animará a que haya más producción doméstica de petróleo y gas además de promover el desarrollo de energías alternativas. Adicionalmente, permitirá que las eléctricas inviertan más en las líneas de transmisión, un punto crítico del sistema tal y como evidenció el apagón de agosto.

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