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Querella

César Alierta declarará en octubre como imputado por la venta de acciones de Tabacalera

El juez Rodríguez Pons admite a trámite en un auto la querella presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (Auge), conforme le ordenó la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 11 de junio, y fija las declaraciones de los tres querellados. En concreto, las comparecencias de los tres imputados están previstas para los días 15, 16 y 17 de octubre. César Alierta lo hará el primer día, su esposa el siguiente y su sobrino en último lugar. La resolución anuncia que después de que declaren se procederá a citar a los testigos y a realizar las demás diligencias solicitadas por Auge en su querella.

El auto afirma que "pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delito de uso indebido de información privilegiada y reuniendo la querella los requisitos" que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe ser admitida a trámite "para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias". El pasado mes de junio, la Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso de apelación presentado por Auge, al que se había adherido la Fiscalía Anticorrupción, contra la decisión inicial del Juzgado número 32, que el pasado 14 de febrero archivó las actuaciones "por no revestir caracteres de infracción penal los hechos que servían de base a la querella".

Los hechos denunciados se refieren a un presunto uso de información privilegiada en la compraventa de acciones de Tabacalera durante 1997 y 1998, en la etapa en que Alierta presidía la compañía. La querella señalaba que, mediante una sociedad creada con su mujer en mayo de 1997 -Creaciones Baluarte S.A., con un capital social de 10 millones de pesetas-, Alierta suscribió un préstamo por importe de 400 millones de pesetas expresando que su destino era la adquisición de acciones de Tabacalera. Luis Javier Placer fue nombrado administrador único de la compañía, que suscribió 50.000 acciones de Tabacalera.

En septiembre de 1997 se produjo una subida del precio del tabaco y Alierta anunció al mercado que se proponía adquirir la sociedad Havatampa. En marzo de 1998 Baluarte vendió la totalidad de las acciones de Tabacalera, obteniendo unas plusvalías de 310 millones de pesetas. De esta cantidad, 200 millones de pesetas fueron transmitidos a Barnsley S.L., siendo el matrimonio Alierta-Placer los administradores únicos de esta compañía, y en diciembre de 1999 se anunció la liquidación de Creaciones Baluarte con un activo patrimonial de 183 millones de pesetas. La CNMV incoó expediente sancionador a Alierta, pero, según la querella, se produjo "el rápido y arbitrario archivo del expediente sancionador sin ni siquiera citar al querellado".

Según la Audiencia de Madrid, los hechos denunciados "resultan en principio subsumibles en el tipo delictivo descrito en el artículo 285 del Código Penal", que castiga la conducta de quien de forma directa, o mediante terceros, usa alguna información relevante para la cotización de valores a la que haya tenido acceso reservado con ocasión del ejercicio de su actividad profesional o empresarial". La Sala agregaba que la querella hace mención a que Alierta, en virtud de su condición de directivo de Tabacalera, tuvo conocimiento de dos hechos que se iban a producir en un futuro próximo "como era la notable subida del precio del tabaco y la adquisición de una importante empresa tabaquera americana", e incluso cuando iban a tener lugar y cuál iba a ser el montante del incremento del precio del tabaco.

La Audiencia reproducía lo dicho en la querella sobre que la citada información era desconocida para el público general y de importante relevancia para la cotización de las acciones de Bolsa, hasta el punto de que el acaecimiento de los mismos produjeron un incremento en el valor de las acciones. También recogía lo señalado en la querella sobre el uso que Alierta hizo de dicha información para lucrarse con la compra-venta del lote de acciones. La investigación de los hechos por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que planeaba la presentación de su propia querella, motivó que el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, remitiera un oficio a la Fiscalía Especial para que paralizara su actuación al respecto, al existir ya un procedimiento abierto y tener dudas sobre la existencia de delito en los hechos. Sin embargo, Cardenal autorizó a Anticorrupción a adherirse a la querella de AUGE, así como al recurso que esta asociación presentó en la Audiencia de Madrid contra su archivo.

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