COLUMNA

La reforma del servicio público de empleo

Por fin existe un proyecto de ley para la creación de un Servicio Público de Empleo que merezca tal nombre. Es ésta una tarea largo tiempo pospuesta que ahora, tras la aprobación del Proyecto de Ley de Empleo, se intenta remediar.

La triste realidad es que en los años pasados el INEM, que con la nueva ley pasará a denominarse Servicio Público de Empleo Estatal, se había configurado mucho más como una oficina pagadora de prestaciones que como un servicio dirigido a la orientación profesional, la intermediación y la búsqueda de empleo, al servicio de las personas en paro. Al tiempo, la prioridad otorgada por el actual Gobierno a la transferencia del INEM a las comunidades autónomas, sin reforma alguna ni previsiones de coordinación, tenía el riesgo de reproducir -multiplicado por diecisiete- el deficiente funcionamiento de las oficinas centralizadas. Un riesgo que algunas regiones querían transformar en la oportunidad de realizar lo que no se había hecho desde la Administración del Estado: crear un verdadero Servicio Público de Empleo.

Los diagnósticos sobre el mercado de trabajo en España incluyen en la descripción comparativa de nuestros males la menor tasa de actividad, la mayor tasa de paro, la incidencia del paro estructural y la exagerada temporalidad de los contratos de trabajo vigentes. Coinciden, también, al señalar entre las causas de estos males diversas rigideces institucionales y, entre otras, las que provienen de la proliferación de modalidades de contratación, de la estructura de la negociación colectiva, de la insuficiencia e ineficacia de las políticas activas de empleo y formación profesional y -last but not least- del mal funcionamiento de los servicios públicos de empleo.

La triste realidad es que el INEM se había configurado mucho más como oficina pagadora de prestaciones que como servicio de orientación profesional

Los servicios públicos de empleo intermedian tan sólo el 17% de los contratos laborales, lo que sin duda exagera el verdadero papel desempeñado por el INEM en la búsqueda de empleo a los parados registrados. La mayor parte del personal del INEM está ocupado en el pago de prestaciones y otras tareas burocráticas como el registro de contratos (unos 15 millones al año, debido al peso y corta duración de la contratación temporal) y presta mucho menos atención a la prospección y tutela personal de los procesos de búsqueda de empleo. No puede extrañar que la OCDE advirtiese hace unos meses de la insuficiencia de personal del INEM para el número de parados al que había que atender (216 parados por persona empleada), muy inferior al de otros servicios públicos europeos con menor tasa de paro. Lo que le llevaba a sugerir un cambio bastante radical en la configuración del INEM, en la orientación y prioridades de las políticas activas de empleo y en la asignación de fondos para estas finalidades.

Entre las razones del fracaso de la última reforma del mercado de trabajo se halla, sin duda, la confusión de prioridades en que incurrió el Gobierno. Endurecer el acceso a las prestaciones por desempleo sin garantizar, a la vez, la eficacia en la búsqueda de empleo de un servicio público ineficiente y mal dotado, pareció más una provocación que una llamada al acuerdo, por más abusos singulares que pudieran invocarse.

Era urgente, en consecuencia, que el venerable INEM iniciara sin demora el camino de su modernización y adaptación para acomodarse a la realidad de un Estado descentralizado e integrar también entre las políticas efectivas de empleo no sólo la gestión de las prestaciones debidas a los desempleados, sino los procesos activos de intermediación en el mercado de trabajo, el apoyo personalizado a la activa búsqueda de empleo para todos los parados y la inserción en el mercado de trabajo de colectivos con especiales dificultades. En suma, un cambio de objetivos, de medios y de funcionamiento real. En este cambio que ahora parece encontrar el impulso político y el acuerdo social imprescindible hay algunas experiencias que no debieran ignorarse.

En el sector privado son multitud las empresas que, a falta de otros mecanismos, han recurrido a la iniciativa privada en demanda de personal de todas las categorías laborales para el desarrollo de su actividad.

Por ejemplo, las empresas de outplacement (una actividad insuficientemente conocida) que operan en España han colocado en nuevos puestos de trabajo a decenas de miles de personas que anteriormente habían perdido sus empleos. Lo hicieron por cuenta de empresas sometidas a procesos de reducción o reestructuración de sus plantillas y -en contadísimas ocasiones- por impulso del sector público o de los interlocutores sociales. Lo relevante es que las tasas de colocación de estos parados, el plazo de búsqueda de empleo y los costes de los programas se comparan ventajosamente con los acreditados por similares parados de las oficinas públicas no beneficiarios de programas equivalentes.

La intermediación privada en el mercado de trabajo ha acumulado una importante experiencia -de la que carece el sector público, ocupado en tareas distintas de la búsqueda de empleo- así como un arsenal de técnicas destinadas a facilitar el ajuste de la oferta y la demanda y la mejor utilización de los recursos disponibles.

Ahora que se empieza a diseñar un futuro ajustado a la realidad, hay que saludar el avance que se apunta en la colaboración entre el sector privado y el público. Iniciada en 1994, al amparo de la ruptura del monopolio legal del INEM, es hora de que adquiera, a la vez, más densidad y control. A los representantes públicos les corresponde, como es natural, definir el alcance, contenido y prestaciones de los servicios públicos. Y, ya que hay que pagarlos entre todos, vigilar para que los recursos se utilicen adecuadamente.

Si el Servicio Público de Empleo ha de ocuparse -por fin- de ayudar a la gente a encontrar un puesto de trabajo, además de dotarlo con los recursos imprescindibles para ello, resultará de elevada utilidad social la absorción de la experiencia, metodología y técnicas que el sector privado ha desarrollado para encontrar empleo a decenas de miles de españolas y españoles que lo perdieron.

Siempre cabe contratar a más funcionarios. Pero nada debiera impedir que, bajo la supervisión y el control de la autoridad pública, se contratasen servicios privados especializados y empresas con experiencia en este campo. No hay ninguna razón filosófica que impida unir a la garantía en la igualdad de trato de todos los ciudadanos que buscan empleo, la eficacia social de los recursos utilizados.