PP y PSOE se unen para recurrir la Ley de Cajas del Gobierno vasco
Al término de la asamblea de Caja Vital en Vitoria, a última hora de la tarde de ayer, el vicepresidente de la entidad Gregorio Rojo confirmó que el PSOE presentará un recurso contra la Ley de Cajas Vascas ante el Tribunal Constitucional, al que se sumará el PP, según fuentes cercanas a la entidad, aunque de momento este grupo no lo confirma oficialmente, según el otro vicepresidente de Vital, María Teresa Crespo.
La Ley de Cajas vasca fue aprobada por el Parlamento de Vitoria el pasado 7 de mayo, y su texto incluye una serie de controles a la actuación de las entidades.
Así, el Ejecutivo que preside Juan José Ibarretxe debe dar el visto bueno a la apertura de sucursales de las cajas vascas fuera del territorio de Euskadi y a sus inversiones en el ámbito empresarial, entre otras aprobaciones que deben pasar por Lakua, la sede del Gobierno del lendakari.
En el terreno de las entidades, la asamblea de Caja Vital, gestionada por el Partido Popular y con la presidencia de Pascual Jover, aprobó ayer en Vitoria la normativa citada, 'por responsabilidad' con las leyes vigentes, en palabras del propio Jover. Con 79 miembros en el órgano de gestión de la entidad alavesa, los 55 representantes de PP, PSOE y UA votaron a favor, con un voto en contra y la abstención, contra pronóstico, de los 18 miembros de los nacionalistas PNV y EA, además de cinco papeletas en blanco.
Según Gregorio Rojo, la aprobación de Vital a la ley del Gobierno vasco sólo quiere decir que 'nos adaptamos a la ley vigente, pero no la compartimos', en relación al próximo recurso. BBK obtuvo también el respaldo de su asamblea a la ley y Kutxa no.
Se mantiene el pulso sobre Cajasur
El Tribunal Constitucional ha decidido dar vía libre a dos de los tres puntos que mantenía suspendidos de la adaptación andaluza a la Ley Financiera tras el recurso del Gobierno. Sin embargo, ratifica la suspensión del único punto que le daría la razón a la Junta de Andalucía en su intento por retener la tutela de esta caja de la Iglesia. Así, el levantamiento parcial de la suspensión no tiene efectos para Cajasur y le permite al Gobierno esperar la sentencia con sus tesis intactas.El Gobierno recurrió ante el TC tres puntos de la norma con la que la Junta de Andalucía adaptó su ley de cajas a la polémica Ley Financiera. Uno de ellos, el único sobre el que el Constitucional mantiene las suspensión, le daba a la ley andaluza carácter retroactivo para invalidar que Cajasur ya hubiera aprobado su adscripción a la norma estatal sin contar con la Diputación de Córdoba, que además ya no figuraba como entidad cofundadora junto a la Iglesia. En los otros dos puntos se le da la razón a la Junta, pero sin efectos prácticos.