Unión Europea

La Agencia Europea Antifraude podrá investigar al BCE y al BEI

El Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones están sujetos a la misma regulación antifraude que el resto de instituciones y organismos comunitarios, según una sentencia dictada ayer por el Tribunal de Justicia de la UE. Las dos entidades, invocando su independencia, habían decidido unilateralmente excluirse del ámbito de vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el órgano creado por la UE en 1999 a raíz de los escándalos financieros que provocaron la caída de la anterior Comisión Europea.

El tribunal ha respaldado las tesis de la Comisión Europea que impugnó en el año 2000 las decisiones del BCE (con sede en Fráncfort) y del BEI (en Luxemburgo). Los jueces recuerdan que 'la independencia' que el Tratado de la UE confiere a las dos entidades 'no tiene por objeto desvincularlas por completo de las Comunidades Europeas ni eximirlas de toda norma jurídica comunitaria'.

Y ni el BCE ni el BEI han conseguido demostrar, según la sentencia, cómo puede afectar a su autonomía la posibilidad de una investigación por parte de la OLAF.

La sentencia llega en un momento en que la Comisión Europea y su órgano especializado para la lucha contra el fraude se enfrentan al mayor escándalo contable de la actual legislatura comunitaria (1999-2004).

El organismo comunitario que preside Romano Prodi abrió anteayer expediente al ex director general de Eurostat (la oficina europea de estadísticas) y a otros dos altos cargos ante la sospecha de 'serios fraudes' en su gestión.

Los informes preliminares de la Comisión denuncian una contabilidad paralela, desvíos de fondos hacia cuentas bancarias incontroladas, contratos ficticios y adjudicaciones amañadas en la externalización de servicios. La Comisión ha anulado también todos los contratos que mantenía con Planistat, una consultora francesa de 100 empleados que factura más de 10 millones de euro anuales.

Las primeras denuncias contra el presunto fraude en Eurostat datan de 1998, pero hasta este año la OLAF (cuyas potestades son administrativas, no judiciales) no trasladó las evidencias recogidas ante la justicia francesa, que aún no se ha pronunciado.

El escándalo de Eurostat revela la falta de rigor

La decisión de la Comisión Europea de defenestrar a toda la cúpula de Eurostat (oficina de estadísticas comunitaria) 'no pone punto final en absoluto' a la búsqueda de responsabilidades, señala la eurodiputada popular María Antonia Avilés Perea, miembro de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento. 'Esto empieza ahora, porque queremos conocer hasta qué punto llegaba el fraude'. Esta comisión parlamentaria, que lideró en 1999 el acoso y derribo de la anterior Comisión Europea, celebrará una reunión extraordinaria la próxima semana para abordar de nuevo los fraudes contables detectados en Eurostat. 'Lo sospechábamos desde hace tiempo y la Comisión lo había negado repetidamente hasta este martes', se queja Avilés, quien recuerda que en febrero de este año el Parlamento interpeló al respecto al comisario europeo de Economía, Pedro Solbes. 'No pasa nada', respondió entonces el responsable político de Eurostat, narra Avilés.

Bruselas sospecha que el escándalo de Eurostat sólo delata una práctica habitual. 'Todos los departamentos operan de modo parecido', afirma un ex alto cargo de la CE, 'en aras, la mayoría de las veces, de la agilidad burocrática, pero el riesgo de tanta discrecionalidad es demasiado elevado'.