Legislación

El Congreso ratifica la Ley de Transparencia con las recomendaciones de la Comisión Aldama

El Congreso de los Diputados ha dado hoy luz verde al proyecto de Ley de Mercado de Valores y de la Ley de Sociedades Anónimas, conocida como Ley de Transparencia, con la ratificación por el Pleno de las enmiendas introducidas en el Senado. El texto incorpora las recomendaciones de la Comisión Aldama para mejorar y reforzar la transparencia de los mercados y sociedades anónimas cotizadas.

Las exigencias de la Comisión Aldama se aplicará tanto a sociedades cotizadas, como a cajas de ahorros, que tendrán la obligación de publicar un informe anual que detalle las prácticas de gobierno corporativo. Con la ratificación hoy por el Congreso de las enmiendas introducidas en el Senado al proyecto de Ley, que modifica la ley de 1988 del Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, el texto entrará en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, la obligación de las cajas de ahorro de publicar el informe de buen gobierno corporativo será aplicable a partir de 2004.

Nuevos requisitos para las cajas

Entre las modificaciones introducidas en el texto por su paso en el Senado destaca la ampliación de los requisitos mínimos de información requeridos a las cajas sobre retribuciones de sus administradores y a partir de los cuáles las comunidades autónomas tendrán capacidad para decidir qué documentación adicional exigen a las entidades si lo consideran oportuno.

Estas nuevas condiciones, incorporadas en la incorporadas en la Cámara Alta a través de una enmienda transaccional pactada por PP y CiU, especifica que las entidades de ahorros que estén obligadas a presentar un informe de gobierno corporativo anual, deberán dar cuenta del mismo de las remuneraciones percibidas por el Consejo de Administración, en la Comisión de Control, la Comisión de Retribuciones y la Comisión de Inversiones.

Entre los contenidos mínimos, se incluye además la exigencia de informar sobre las operaciones crediticias con instituciones públicas y con los grupos políticos que tengan representación de las corporaciones locales y en las Asambleas autonómicas que hayan participado en el proceso electoral de las cajas, y la de "explicitar en caso de crédito la situación del mismo".