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Columna
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La clave es el empleo

José María Zufiaur sostiene que la modificación del sistema de pensiones en España requiere antes reformar el de trabajo. Y pone en duda que la solución al mantenimiento de las pensiones pase por prolongar los años de cotización

Si de verdad no queremos que la sostenibilidad de las pensiones futuras recaiga exclusivamente sobre los propios pensionistas, es decir, si no deseamos que la manera de financiar el sobrecoste que sin duda va a representar en el largo plazo el incremento de la esperanza de vida (y, por tanto, el aumento del número de años durante los que se perciban las pensiones) consista en rebajar drásticamente la pensión respecto al último salario en activo -lo que técnicamente se denomina tasa de reemplazo-; si no pretendemos, en definitiva, salvar las pensiones recortándolas, reduciéndolas y pauperizándolas, el empleo es la clave.

El empleo -la cantidad de empleo, la calidad del empleo, las formas del empleo- es, en efecto, esencial para asegurar un sistema de pensiones digno y suficiente. De cualquier sistema de pensiones, pero especialmente de uno de reparto. Debatir, por tanto, sobre la política que será necesario desarrollar para asegurar duraderamente el empleo debe ser básico a la hora de adoptar cualquier opción sobre el futuro de las pensiones. De lo contrario, lo único que estaremos propiciando son recortes sucesivos de las pensiones, sin asegurar otra cosa que el engorde de los fondos privados de pensiones.

Los ingresos en un sistema de reparto dependen de dos cosas: del número de activos y del nivel de las aportaciones (cuotas u otras formas de aportación) practicadas. Alcanzar una mayor tasa de empleo es, pues, esencial. La tasa de empleo española es del 56,3%, siete puntos inferior a la media comunitaria y 25 puntos inferior a la de los países europeos con mejor porcentaje. La de los jóvenes menores de 25 años es sólo del 33% y, además, viene descendiendo significativamente en España y en Europa. La tasa de empleo de la mujer es también muy baja (41%) y la de los trabajadores mayores de 55 años en España es actualmente, al igual que en la media europea, sólo de un 38%. Quien quiera asegurar las pensiones, lo primero que tendrá que plantearse, aunque no lo único, es desarrollar todas nuestras potencialidades de empleo.

En España cerca del 50% del empleo es precario o atípico y de empleos basura sólo pueden derivarse pensiones basura

En el objetivo de aumentar el número de activos conviene, sin embargo, evitar soluciones que pueden ser ficticias. Así, la prolongación de la edad de jubilación -medida clave de la reforma de las pensiones en Francia, propuesta también aquí, como medida voluntaria, la semana pasada por el Pacto de Toledo- no es nada seguro que sea la solución. Por una parte, porque prolongar el trabajo de los mayores puede impedir el trabajo de los jóvenes. Por otra, porque la prolongación del tiempo de cotización no se traduce necesariamente en un aumento del número de activos empleados. La cuestión que se plantea es: trabajar durante más años, quizá... ¿pero dónde, si ya actualmente la mayoría no llega en activo a la edad legal de jubilación? Aumentar los años de cotización sin eliminar el paro puede terminar sustituyendo pensionistas jóvenes y mal pagados por parados viejos y mal indemnizados.

La variable calidad del empleo es, así mismo, esencial. Primero, debido a que las bases de cotización de los trabajadores precarios son muy inferiores y mucho más discontinuas; en consecuencia, también serán muy reducidas, si acceden a ellas, sus pensiones. Segundo, porque el paro y la precariedad desequilibran totalmente la negociación del reparto de la productividad. En una situación como la española, en la que aproximadamente el 50% del empleo es precario o atípico (si sumamos a los contratos temporales y a los de tiempo parcial no elegido las subcontratas, las empresas de servicios, los falsos autónomos y otras modalidades precarias de relación laboral), la distribución de la renta queda totalmente escorada. No existe buena redistribución si hay mala distribución; si el salario directo es bajo, el salario indirecto no suele ser alto. Conclusión, de empleos basura sólo pueden derivarse pensiones basura.

En coherencia con el punto anterior, el debate sobre el futuro de la pensiones es, igualmente, inseparable de las transformaciones que se están produciendo en el trabajo. En efecto, ¿qué hacer ante esas carreras de trabajo interrumpidas, mal pagadas, precarias -en gran medida concentradas en las mujeres- que tienen nulas posibilidades de acumular a los 65 años las anualidades exigidas para poder tener derecho a una pensión completa?; ¿no habría que computar como tiempo cotizado, en la sociedad del conocimiento, algunos de los años dedicados por nuestros jóvenes a formarse?; ¿en caso contrario, qué expectativas tienen nuestros hijos de completar una carrera de pensión?; ¿la posibilidad de retrasar la edad de jubilación no nos demanda negociar el tiempo de trabajo a lo largo de la vida?; ¿la idea de aumentar el número de años cotizados y de retrasar la edad de jubilación no va en contra de la práctica de la mayoría de las empresas, empeñadas en rejuvenecer sus plantillas?

En resumen, cualquier reforma de las pensiones que no tenga en cuenta y que no reforme, en sentido positivo, simultáneamente las formas de trabajar y de organizar el trabajo puede con toda probabilidad agravar las desigualdades entre los que pueden cotizar regular y suficientemente y ocupar un empleo hasta la edad de jubilación y los que no tengan esa suerte. Porque, en un mercado de trabajo en el que reina la inseguridad y casi nadie está exento de quedar marginado o precarizado, de eso se trata. No de esfuerzo o de mérito, sino de suerte.

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