Regulación de empleo

Telefónica eleva hasta 15.000 el número de afectados por su recorte de plantilla

Telefónica de España ha elaborado un Plan de Regulación de Empleo (ERE) que se desarrollará durante los próximos cinco años y podría producir unas 15.000 desvinculaciones voluntarias de trabajadores, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Plan, presentado hoy a los sindicatos y al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, no tendrá coste alguno para la Seguridad Social y contempla procedimientos de readaptación funcional y geográfica de la plantilla que permanezca vinculada a la empresa, así como los programas de formación para la cobertura de nuevos perfiles.

El objetivo, que se basa en los principios de voluntariedad, universalidad y no discriminación del empleado en las bajas, es "asegurar la competitividad de Telefónica de España en el nuevo entorno del mercado de las telecomunicaciones, lo que se traducirá en una garantía para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España". Así lo ha manifestado la compañía, que cuenta con un total de 157.500 empleados en todo el mundo, de los que 40.600 trabajan para España.

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Hace dos días, el diario El País publicó en exclusiva una relación de las causas que "motivaban", según la operadora, tan drástica reestructuración. La compañía que preside César Alierta la achaca al impacto, "injusto", de la liberalización del sector de las telecomunicaciones, que ha beneficiado a las competidoras y, sin embargo, onligado a Telefónica a rebajar casi a la mitad sus tarifas sin ni siquiera poder hacer nada por recuperar a los clientes perdidos. El último ERE que acometió fue en 1999 y supuso la salida voluntaria de 10.869 trabajadores.

Sin cambio regulador el "ERE" no será suficiente

Telefónica pedirá un cambio de regulación que recoja la nueva normativa europea ya que sin él la regulación de empleo que va a acometer, no resolverá los problemas de productividad de la compañía.

Añadieron que si no se produce este cambio, sucederá como en el pasado, cuando la salida de la compañía de 25.000 personas, con un coste de cerca de 6.400 millones de euros, se tradujo en una bajada de precios que ha superado el 50 por ciento para los clientes y mejores precios de interconexión para sus competidores en lugar de repercutir en la productividad de la empresa.

Afirmaron que la regulación española es la más exigente de Europa con el operador dominante, que tiene que soportar en solitario el coste del servicio universal, y añadieron que sólo la subvención del abono social supone un coste de 70 millones de euros al año para la compañía.