Fondos Europeos

España mantendrá el derecho de veto sobre los fondos europeos hasta 2007

El proyecto de Constitución, en su redacción actual, preserva el logro del Gobierno de José María Aznar en la cumbre de Niza (diciembre de 2000). En aquella negociación, que dio lugar al tratado vigente, España consiguió que se mantuviese el requisito de la unanimidad para aprobar el próximo presupuesto comunitario plurianual de la Unión Europea, conocido como perspectivas financieras.

Los representantes españoles en la Convención que ha preparado el proyecto de constitución han logrado preservar ese derecho de veto. 'El Consejo decidirá por unanimidad cuando adopte el primer marco financiero plural tras la entrada en vigor de la Constitución', señala el artículo 54 del proyecto. El rotativo británico Financial Times interpretaba ayer esta redacción como una concesión a España, pues no se especifica la fecha para renunciar a la unanimidad. Si la Constitución entrase en vigor después del 1 de enero de 2007, España aún contaría con una segunda oportunidad de veto durante las negociaciones de las perspectivas financieras de 2013.

La ministra de Exteriores Ana Palacio, que se ha sentado en la Convención, primero como miembro titular y después como suplente, negaba ayer que España se hubiese reservado esa carta durante la negociación. Fue ella misma la que introdujo una enmienda para que se recogiese el acuerdo de Niza, pero en su explicación por escrito aludía expresamente a las perspectivas de 2007.

Y el documento presentado por el Partido Popular el pasado viernes, en el que se comparan las propuestas de Aznar con el resultado de la convención, señala en cuanto al artículo 54: 'No encontrada referencia alguna en el texto de Aznar'.

Fuentes españolas añadieron que las proyecciones actuales indican que 'España puede convertirse en contribuyente neto los que aportan al presupuesto comunitario más de lo que reciben a partir de 2008, por lo que no tiene un interés especial en mantener la unanimidad'.

Las perspectivas actuales se aprobaron en Berlín en 1999 y cubren los ejercicios comprendidos entre el año 2000 y 2006. De aquella negociación data, precisamente, la conflictiva relación ente Aznar y Gerhard Schröder, pues España bloqueó durante horas el acuerdo sobre el capítulo de fondos estructurales y amargó el estreno europeo del recién elegido canciller alemán.

Un año después, los Quince decidieron en Niza que en las futuras negociaciones presupuestarias ningún país contaría con ese derecho de veto. Pero Aznar logró una prórroga para que el acuerdo no entre en vigor hasta el 1 de enero de 2007, lo cual otorga a España una posición de fuerza en las negociaciones previstas para el año 2006.

Se trata de las últimas perspectivas financieras en las que España podrá reclamar aún una parte jugosa de las partidas comunitarias destinadas a las regiones más pobres de la Unión. El ingreso el 1 de mayo de 2004 de 10 candidatos de Europa Central y del Este reducirá en 3.000 euros la media del PIB per cápita comunitario, lo que provocará una convergencia ficticia de las regiones más pobres españolas equivalente a seis puntos porcentuales de PIB.

Las proyecciones de la Comisión Europea indican que en una Europa de 25 Estados sólo la renta de cuatro regiones españolas (Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha) seguirá por debajo del umbral del 75% de la media comunitaria que otorga el derecho al máximo de ayudas. En los países del Este, en cambio, 35 regiones se encuentran por debajo de ese límite, sólo superado por Praga y Bratislava.