Los derechos de accionista

Minoritarios en pie de guerra

La beligerancia de los pequeños accionistas ante la opa de Telefónica sobre Terra demuestra la toma de conciencia de los minoritarios en todo Occidente

Vamos a intervenir en las juntas de accionistas, pero no para alborotar, sino para participar. Queremos dar la imagen de una masa social que exige sus derechos y quiere proponer cosas en favor de la transparencia'. Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae), no oculta su pasión cuando habla de defender los derechos de los pequeños accionistas. Su asociación se ha convertido en un referente de beligerancia en los últimos años, a raíz de escándalos como el de Gescartera y operaciones, injustas a su juicio, como la opa lanzada por Telefónica sobre el 100% de Terra a 5,25 euros por acción, un 55,5% por debajo del precio minorista fijado en la operación pública de venta de acciones en 1999.

Manuel Pardos tiene un objetivo, un sueño, que consiste en la creación de una gran federación de asociaciones de accionistas en España que vele por los derechos de las familias que invierten en Bolsa y las defienda ante los abusos que puedan cometer los accionistas mayoritarios que controlan los consejos de administración. En el caso Terra -Gescarterra la denominan en la asociación- Adicae ha unido sus fuerzas con Accter, la asociación mundial de accionistas de Terra Networks, para presionar en lo posible a Telefónica y elevar el precio de la opa. De momento, han logrado la adhesión de unos 5.000 pequeños accionistas, que quieren unir fuerzas para defender mejor sus derechos. Ambas asociaciones contemplan incluso medidas de tipo legal, pues consideran que en la gestión de Terra se han producido anomalías que han impedido el desarrollo de la compañía.

Esa, en definitiva, es la misión de toda asociación de pequeños accionistas. Se trata de sindicar las acciones para que miles de pequeños inversores tengan voz y voto en las juntas de accionistas de las sociedades cotizadas. Es probable que Telefónica se salga con la suya y mantenga el precio de la opa en 5,25 euros, pero el caso Terra ha puesto de manifiesto que en España se está formando toda una masa social de pequeños inversores dispuestos a defender sus derechos.

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'Es necesario que se unan los fondos y los pequeños accionistas', afirma Charles Desmoulin, de Deminor. 'Pero de momento es difícil conseguirlo'

'Cada vez hay una mayor concienciación entre los pequeños accionistas', asegura Francisco Valero, abogado y secretario de la Asociación de Pequeños Accionistas de Iberia. 'El fenómeno comenzó con el caso Banesto. A partir de ahí cambió todo'. En diciembre de 1993, el Banco de España intervino el Banesto de Mario Conde tras encontrar un agujero superior al medio billón de las antiguas pesetas. La movilización, entonces, de los pequeños accionistas dio inicio a un movimiento civil que va cobrando fuerza aunque todavía, al menos en España, no se ha desarrollado plenamente.

'En España existen asociaciones de pequeños accionistas que se circunscriben a compañías concretas', explica Charles Demoulin, socio de Deminor International. Esta compañía, con sede en Bruselas y presencia en toda Europa, se dedica a dar apoyo a los pequeños accionistas cuando suceden acontecimientos que pueden ir en contra de sus derechos. 'En Europa ya se están creando grupos permanentes que vigilan los derechos de los minoritarios', añade.

Este asociacionismo en torno a las sociedades cotizadas intenta defender unos derechos que muchas veces los pequeños accionistas no saben que poseen. A grandes rasgos, el accionista dispone de unos derechos económicos, informativos y de representación o políticos. En el primer caso, entre otros, el accionista tiene derecho a percibir los dividendos que reparta la compañía y a suscribir acciones preferentemente cuando la empresa decida ampliar capital. En el segundo caso, el derecho de información permite al accionista requerir todos los informes y aclaraciones sobre los temas que se vayan a tratar en la junta general de accionistas. Finalmente, existe el derecho de representación en las juntas generales y a contar con voz y voto.

De la teoría a la práctica

El pequeño accionista, en definitiva, dispone de unos derechos según la legislación vigente, pero cuyo ejercicio en la práctica resulta más complicado. Principalmente porque muchas sociedades fijan un límite de acciones para poder asistir a las juntas. Ahí es donde entran en juego las asociaciones, que buscan unir a muchos pequeños inversores, sindicar sus acciones y participar en las decisiones de la empresa. Y aún así, 'tampoco es fácil participar en las juntas', como asegura Manuel Pardos, porque el capital de las compañías cotizadas es enorme y hace falta aunar una elevada suma de acciones para poder influir en la junta. 'En el mejor de los casos los pequeños accionistas pueden llegar a tener un representante en el consejo de administración, pero no es fácil porque hay que agrupar a muchos accionistas minoritarios y las sociedades son muy grandes', afirma Francisco Valero.

¿ Es realmente efectiva la beligerancia de los pequeños accionistas? Se dan casos en los que se han logrado frenar decisiones del consejo que perjudicaban a los minoritarios. 'En la última junta de accionistas de Iberia, la SEPI decidió suspender el derecho de suscripción preferente para los accionistas minoritarios. Los tribunales dieron la razón a nuestra asociación', relata Valero. No es el único caso. El malestar de los pequeños accionistas resuena cada vez con mayor fuerza en casos, por ejemplo, de aumento de retribuciones a los consejeros cuando la compañía va mal o cae en Bolsa y no reparte dividendo. En Europa, incluso, el activismo de los pequeños inversores ha logrado frenar planes de retribución a consejeros, como ha sucedido en la farmacéutica británica GlaxoSmithKline. El 50,7% de los votos en la junta de accionistas rechazó la propuesta de salario del consejero delegado, Jean-Pierre Garnier, que era de 4,3 millones, además de un blindaje entre 21 y 32 millones en caso de despido.

Los accionistas del banco HSBC también han puesto el grito en el cielo por la retribución pactada con el nuevo director de la entidad, William Aldinger, que podría alcanzar 37,7 millones de dólares en los próximos tres años.

El activismo de los minoritarios ha tomado fuerza a raíz de escándalos como el de Enron en Estados Unidos. El desarrollo de asociaciones de accionistas en EE UU es mucho mayor que en Europa y se ha exportado. 'Estamos viviendo una nueva era en la historia americana donde las reformas corporativas se alcanzan no solamente con la legislación o la regulación federal, sino también con acuerdos legales, objeto de demandas por parte de los accionistas', afirma Carlos Moreno, socio de la consultora Soler Padró Morrow. 'La idea de defender los derechos del accionista proviene del mundo anglosajón con fondos como Fidelity o Calpers, que son muy activos en este aspecto', explica Charles Demoulin. 'Con la globalización estos fondos han invertido en Europa y quieren importar sus prácticas al continente, incluida España'.

El papel de los fondos de inversión es clave para el accionista minoritario. En cierto modo, constituyen asociaciones de accionistas, porque aúnan el capital de muchos partícipes. Existen fondos con participaciones significativas en sociedades cotizadas que tienen poder para influir en las decisiones. 'El activismo está empezando ahora en Europa y está liderado por los grandes fondos', cuenta Demoulin. 'Pero aún es incipiente. Es necesaria la unión entre los fondos de inversión y los pequeños accionistas'.

En España, el borrador de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, que se está tramitando en el Congreso, prevé obligar a los fondos a asistir a las juntas de accionistas cuando tengan una participación significativa en la sociedad y vocación de permanencia en ella. El objetivo es que los fondos ejerzan los derechos de los inversores que, indirectamente, como partícipes, han invertido en esa sociedad. Este artículo de la futura ley ha generado no poca polémica, porque según los gestores la asistencia a las juntas conlleva gastos adicionales al fondo. Afirman, además, que cuando un fondo no está de acuerdo con la gestión que se está realizando en una sociedad puede mostrarlo deshaciendo su inversión en ella.

Como en el caso de las instituciones de inversión colectiva, el desarrollo del activismo en España viene acompañado de toda una batería de medidas legislativas que buscan aumentar la defensa de los accionistas minoritarios. Por ejemplo, la Ley de Opas, aprobada este año, exige lanzar una opa a la compañía que quiera hacerse con el control del consejo de administración de otra, aunque el paquete que adquiera no supere el 25% de las acciones de la sociedad adquirida. El objetivo de la medida es permitir que el minoritario saque tajada cuando los grandes paquetes accionariales cambian de manos. Se trata de evitar así casos recientes de movimientos en el capital de Dragados, Vallehermoso y Metrovacesa, en los que SCH y BBVA vendieron participaciones importantes sin que pudieran participar los minoritarios.

Las conclusiones de la Comisión Aldama, creada para el fomento de la transparencia y la seguridad en los mercados, se están ya transformando en normas legislativas, como por ejemplo la futura Ley de Transparencia, entre cuyas novedades se contempla el fin del secreto en los pactos entre accionistas. Las sociedades cotizadas deberán hacer públicos esos pactos y la norma, además, será retroactiva. 'Es absolutamente necesario que haya leyes como ésta que clarifiquen la gestión de las sociedades', sostiene Francisco Valero. 'Los gestores pueden gestionar de forma poco correcta. Por eso la información es necesaria para que la gente pueda invertir'. Charles Demoulin está de acuerdo en que la legislación es necesaria, pero hace una matización. 'La defensa de los derechos de los minoritarios no se consigue tan sólo por la vía legislativa. Hay que ejercitarlos cada día'.

La toma de conciencia del minoritario va despacio, pero se están dando grandes pasos hacia una gran asociación de accionistas. Lograrlo es complicado porque los intereses serán distintos según la compañía de que se trate. Las asambleas convocadas por la opa de Telefónica ya han reunido a más de 5.000 pequeños inversores. 'Hemos visto gente predispuesta a formar asambleas con nosotros', cuenta Manuel Pardos. 'Hay personas que no sólo quieren que le solucionemos su problema, sino que quieren participar activamente. Puede ser el embrión de una gran asociación de pequeños accionistas'.

Hacia una gran asociación para toda Europa

Europa está poco a poco despertando al activismo de los pequeños accionistas. La cultura de defensa del minorista, muy desarrollada en Estados Unidos, ha ido calando y se pueden encontrar casos como el sueco, donde la asociación de accionistas minoritarios engloba a más de 300.000 inversores.

A medida que localmente se van creando agrupaciones de estas características, también se están dando pasos hacia la integración de todas ellas en una federación para toda Europa.

En 1990 se creó European Shareholders Group, una confederación de asociaciones nacionales. A esta organización pertenece, del lado español, Adicae, la asociación de usuarios de bancos, cajas y segiros.

Esta federación trata de ser una especie de lobby en la Unión Europea para que la legislación comunitaria dé pasos en la defensa de los derechos del pequeño accionista. Entre sus principales objetivos, busca apoyar la armonización en la UE de temas como la protección del accionista minoritario, las transparencia de los mercados de capitales y el voto transfronterizo en las juntas.

Paralelamente, la federación busca impulsar el buen gobierno en las compañías europeas y crear valor para los accionistas.

La tarea no es fácil, y sin duda hará falta tiempo antes de que se pueda lograr una agrupación de accionistas verdaderamente efectiva. Pero ahí está la semilla para la integración de los pequeños accionistas en Europa.

Los fondos internacionales presionan a las 35 del Ibex

Las 35 compañías que forman el Ibex 35 han recibido recientemente una carta enviada por algunas de las mayores gestoras europeas, en la que se les pide que den pasos en favor del buen gobierno de las sociedades y en especial en el capítulo del derecho de voto en las juntas de accionistas.

'Somos un grupo de inversores institucionales, activos en la promoción de las mejores prácticas en gobierno corporativo. Además, todos somos accionistas de muchas de las grandes compañías españolas', comienza la carta.

En ella, gestoras como Hermes, Newton, JP Morgan Fleming y Calpers, famosa por su beligerancia, piden a los consejos de las compañías un cambio en los estatutos para reducir o suprimir el número mínimo de acciones que son necesarias para poder asistir a las juntas.

Asimismo, la carta solicita a las sociedades que aumenten la cantidad de información que recibe el pequeño accionista previa a las juntas, y piden un cambio en los derechos de voto en las juntas para aplicar la máxima 'una acción, un voto'.

Estos fondos de inversión aprecian los pasos que se están dando legislativamente con iniciativas como la Comisión Aldama, y es por ello que piden a las compañías un gesto en esa dirección. En los próximos meses, las gestoras harán un seguimiento de estos aspectos y los tendrán en cuenta a la hora de votar en las juntas anuales.