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Tribuna
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Telecomunicaciones y liberalización plena

El próximo 25 de julio España deberá tener implementado el nuevo paquete de medidas de la Unión Europea en materia de telecomunicaciones. Se trata de un conjunto de normas que pretende tanto consolidar algunas de las medidas de liberalización del sector anteriormente adoptadas como reducir otras y eliminar las restricciones todavía existentes para la prestación de servicios de telecomunicaciones. En España, el nuevo paquete de directivas se implementará parcialmente mediante la promulgación de una nueva Ley General de Telecomunicaciones, cuyo anteproyecto se presentó al Consejo de Ministros por el Ministerio de Ciencia y Tecnología el pasado 17 de enero.

La promulgación del paquete de directivas obedece a la necesidad de dar respuesta a la situación generalizada de crisis del mercado de las telecomunicaciones en Europa. Crisis que se ha manifestado en España tanto en la desaparición de algunos de sus agentes (Quiero TV), como en los despidos masivos (sobre todo en el sector de los fabricantes) o el retorno de muchos operadores que habían apostado por nuevas tecnologías (UMTS, acceso local inalámbrico) y servicios prometedores (Web TV, comunicaciones a través del cable eléctrico) al servicio telefónico tradicional; es decir, a la telefonía fija, que, si bien tiene márgenes de beneficio cada vez más estrechos, sigue suponiendo casi la mitad de los ingresos totales del sector en España.

El interrogante que actualmente se nos plantea es si las medias regulatorias adoptadas son adecuadas para contener la crisis e impulsar al sector o si, por el contrario y como opinan algunos analistas, tienen un contenido impreciso que no contribuye a generar el clima de confianza necesario para la reactivación de las inversiones.

Dicha reactivación es fundamental, ya que las telecomunicaciones sufren una crisis básicamente financiera derivada de un fuerte endeudamiento por las enormes inversiones hechas en el pasado sobre la base de unas expectativas, incumplidas a fecha de hoy, y por el alto precio pagado por las licencias UMTS en el sector de la telefonía móvil.

A pesar de esta situación, algunas empresas, como Primus, especializada en servicios corporativos de voz y datos, han logrado reducir sustancialmente su deuda mediante una gestión adecuada de la misma y otras, como Tele2 en el mercado de la telefonía fija, obtienen beneficios sobre la base de una inversión muy calculada y adecuada al momento económico, o como T-Systems, que ha entrado en el mercado español con una oferta precisa y especializada de soluciones integradas para empresas.

En cualquier caso, el periodo actual para los agentes del mercado de telecomunicaciones no es meramente de consolidación, sino también de supervivencia en un sector que las nuevas medidas regulatorias adoptadas pretenden impulsar, para buscar así su plena liberalización.

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