PAC

España llega aislada a la última batalla de las reformas agrarias

Ha llegado el momento de decidir sobre la reforma de la política agrícola, advirtió ayer el comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler. 'Las negociaciones se anuncian difíciles y nos esperan varios días y noches de encarnizado trabajo. Pero el acuerdo es posible'. Las palabras del austriaco se producían unas horas antes de un almuerzo de trabajo en Berlín del canciller alemán, Gerhard Schröder, y el presidente francés, Jacques Chirac, que en octubre del año pasado ya pactaron un techo presupuestario para el gasto agrícola y el inicio de los recortes de las ayudas a partir de 2006.

Los socios comunitarios temen -o anhelan, según las posiciones- que los dos países revaliden un acuerdo similar para despejar el camino a la reforma agrícola antes de la adhesión en 2004 de 10 nuevos miembros, con Polonia, país eminentemente agrícola, a la cabeza.

Schröder reconoció ayer que se habían cursado instrucciones a los respectivos ministros para que buscasen un punto de encuentro. 'Por el momento no hay una posición conjunta, pero trabajamos para lograrla', señalaron fuentes francesas. Las mismas fuentes reconocían que Francia 'está dispuesta a discutir con todos, incluso con la Comisión si abandona su dogmatismo actual'.

Francia había sido hasta ahora el principal aliado de España para bloquear las propuestas de Fischler, pero París parece preparar ya su transición al bando reformista. 'Si uno dice no, no y no, después es demasiado tarde para negociar', afirma una delegación francesa repentinamente constructiva.

'Francia apuesta por el statu quo porque con la reforma seguirá siendo el principal receptor de ayudas', advierte la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). El análisis de esta organización apunta a que la mayor productividad del campo francés canalizará hacia ese país unas ayudas que, según el proyecto de la Comisión, se calcularán a partir de los rendimientos obtenidos en un periodo de referencia (se habla de 2000-2002).

La delegación española queda, pues, en la posición más delicada. Sus representantes aún se empecinaban ayer en negar las posibilidades de un acuerdo a corto plazo. La Comisión recordaba que la propuesta no necesita unanimidad, 'aunque deseamos contar con el apoyo del mayor número de Estados'.

Fuentes del sector alertan sobre 'la pérdida de influencia de España en los tres grandes debates de la UE: la Convención, la ampliación y la reforma agrícola'. Sin embargo, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) apoya al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, al que ha instado por escrito esta semana 'a que defienda y obtenga para España unos acuerdos dignos y justos'. La eurodiputada socialista Soraya Rodríguez, por el contrario, arremete contra el ministro, al que acusa 'de mentir a los agricultores cuando les aseguró que las ayudas estaban garantizadas hasta 2013'. Arias Cañete se dirigió por carta a miles de agricultores para asegurarles que el acuerdo franco-alemán de octubre de 2002 garantizaba el flujo actual de ayudas.

Incluso sin reforma, el propio acuerdo franco-alemán, que congeló el presupuesto a partir de 2006, obligará a la Comisión a introducir recortes en varias partidas agrícolas a partir de 2008.

Bruselas cree que la PAC sólo sobrevivirá si el sistema de ayudas proporcionales a la producción se transforma en un pago único por explotación. Francia es reticente a la desvinculación total de los subsidios, pero el compromiso puede buscarse a través de una reforma parcial.

El coste millonario de un proyecto similar en EE UU

EE UU introdujo en 1996 un sistema de reducción de subsidios agrícolas similar al que estudia la UE. Los ahorros se calculaban en 13.000 millones de dólares, pero la evolución de los mercados provocó una caída de la renta agrícola que forzó a Washington a dar compensaciones.

La factura final dobló la prevista: 96.000 millones de dólares en seis años. 'Partían de una hipótesis de precios equivocada', minimiza Bruselas. 'Demuestra el riesgo al que nos exponemos', alerta Pilar Ayuso, eurodiputada del PP. El objetivo de la Comisión europea es reducir progresivamente las ayudas a partir de 2006, para que en 2013 representen el 80% de las concedidas de 2002.

En juego el abandono de 1,8 millones de hectáreas

España se juega mucho en el debate sobre la reforma de la política agraria común. El Ministerio de Agricultura calcula que podrían dejar de cultivarse casi 1,8 millones de hectáreas de cereales distribuidas por Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra, informa José Carlos Blanco.

Si los términos que defiende la Comisión Europea no se modifican, el resultado podría ser una caída de la demanda a la industria española de insumos de 1.175 millones de euros y, como consecuencia, de una pérdida de 15.000 puestos de trabajo.

Coag advierte de que el campo español dejaría de percibir hasta 2013 unos 6.000 millones de euros, experimentaría un descenso de los márgenes brutos entre un 20% y un 80% en secano y un 15% y un 30% en regadío y sufriría una caída de efectivos agrarios de un 40% por los abandonos masivos de se producirían en las explotaciones.

El ministro Miguel Arias Cañete defenderá que el desacoplamiento (la desvinculación a la producción de las ayudas) se aplique sólo a determinados cultivos, ya que, si fuese total, España sufriría unas consecuencias sociales irreversibles, dado su extenso medio rural. En esta misma batalla entrarían países como Irlanda y Portugal.

El ministro defenderá, además, que los fondos para atender a las zonas favorecidas españolas crezcan al menos en 2000 millones de euros y que la revisión de los mercados del arroz, los cereales o los frutos secos sea menos violenta que la pretendida por la Comisión.