La Ley de Firma Electrónica pretende dinamizar el comercio digital en España

Tras meses de espera y múltiples borradores, el proyecto de Ley de Firma Electrónica ya está en el Parlamento. El texto, que ha sido impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con la colaboración de Administraciones Públicas, Economía, Interior y Justicia, tiene como principales novedades la creación del DNI electrónico y la firma digital para empresas.

La norma sustituirá al real decreto de 1999 que regula actualmente esta materia. Según Ciencia y Tecnología, 'la nueva ley recoge la experiencia y los avances constatados en las prácticas exitosas de la Administración desde 1999'.

La firma electrónica ya está funcionando en algunos ámbitos de la economía, como en la entrega de la declaración de la renta a través de Internet.

Con la nueva norma se pretende impulsar mucho más el uso de las comunicaciones telemáticas. Así, por ejemplo, se podrán solicitar becas, ayudas y subvenciones en la Red, y completar el registro de patentes y marcas ante los organismos correspondientes. La ley también introduce la firma digital de las personas jurídicas, que podrá ser utilizada en procesos como realización de pedidos o la emisión de facturas, entre otras gestiones que pueden realizar diariamente las empresas.

Pese a que nadie cuestiona la importancia y la necesidad de una ley de estas características, con la que España se sitúa en la vanguardia europea en la materia, el texto aprobado el viernes no ha estado exento de críticas, principalmente del partido socialista y las asociaciones de internautas.

'Habrá que modificar bastante la ley para agilizar y resolver los problemas creados por el adelantamiento del real decreto', piensa Francisca Pleguezuelos, portavoz del PSOE en el Congreso en materia de sociedad de la información.

La diputada confirmó la presentación de múltiples enmiendas e incluso la elaboración de un texto alternativo a la ley elaborada por el Gobierno.

Modificaciones

La ley recoge importantes aspectos nuevos que, según el Gobierno, 'contribuirán a incrementar la disponibilidad, utilidad y accesibilidad de la firma electrónica'. Y, sobre todo, deberá ser un instrumento generador de confianza en las comunicaciones telemáticas y dinamizador de la Administración y el comercio electrónico.

Las principales novedades que incluye el proyecto de ley que el Gobierno ha enviado a las Cortes para su tramitación son las siguientes:

DNI electrónico. La intención de esta iniciativa, que ha estado liderada por el Ministerio del Interior, es que cada ciudadano pueda disponer de una tarjeta de identificación digital que tendrá la misma validez que un DNI tradicional. El documento electrónico permitirá a los ciudadanos identificarse y firmar documentos en el ámbito telemático, sentando las bases para la generalización de los instrumentos de firma electrónica en España. De esta forma, el DNI digital permitirá a los ciudadanos relacionarse tanto con la Administración como con las empresas que introduzcan la firma digital en sus relaciones.

Firma electrónica para empresas. La ley contempla la emisión de certificados de personas jurídicas, reconociendo que la firma electrónica, a diferencia de la firma manuscrita, es susceptible de integrarse en procedimientos automatizados, sin intervención directa de una persona física.

Esta es una ventaja que hasta ahora Hacienda venía proporcionando a las empresas únicamente en el ámbito tributario y que a partir de la aprobación definitiva de la ley se generalizará para el resto de las actividades económicas.

Autorregulación. La intención del Gobierno para la elaboración de la ley ha sido, según consta en la referencia oficial del Consejo de Ministros, 'la autorregulación de la industria'.

El texto modifica el concepto de certificación de prestadores de servicios para otorgar 'mayor libertad y protagonismo al sector privado'. Se facilita también la obtención de sellos de calidad que fortalezcan la confianza de los ciudadanos en los sistemas de firma electrónica.

Registro de certificadores. A través de la norma también se elimina el registro de prestadores de servicios de certificación previsto en el Real Decreto Ley de 1999.

Según el Gobierno, el objetivo es hacer más dinámica y fluida la prestación de servicios. La sustitución de este registro formal se acompaña con la puesta en servicio de un mero servicio de difusión de información sobre las agencias de certificación que funcionan en el mercado.

Según la norma, el servicio incluye la identificación y datos que permitan establecer comunicación con el prestador, incluidos el nombre de dominio en Internet, los datos para la atención al público y las características de los servicios que vayan a prestar.

La norma, según Ciencia y Tecnología, es el resultado de una amplia consulta pública en la que han participado más de 50 entidades, desde la Agencia de Protección de datos al Consejo General del Notariado.

Los grupos privados denuncian la falta de competencia

La falta de competencia en el entorno de la certificación digital está siendo denunciada con temor entre los profesionales de entidades privadas que emiten este tipo de certificados.Estas empresas critican, sobre todo, que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) haya decidido entrar en el campo de la certificación digital.'Esta ley abre la puerta a la FNMT para que compita en condiciones de ventaja con el sector privado en el segmento de certificados para empresas', ha asegurado Francisco Ginel, director de ACE, una de las compañías más representativas en firma digital, integrada en Telefónica Data.También Julián Inza, uno de los pioneros de la certificación en España y director general de Camerfirma, piensa que esta norma 'puede que no consiga terminar con los actuales problemas y cree otros nuevos'.Por su parte, las asociaciones de internautas también critican la ley porque piensan que debería contemplar una estandarización de la firma electrónica para todos los internautas, y que no haya distintos estándares.Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI), se muestra preocupado, porque en su opinión, la norma no refleja bien que la firma digital sea estándar y valga para todos los procesos. 'El ciudadano que se certifique con alguna entidad tiene que estar seguro de que esa firma la valdrá para todos los servicios telemáticos que quiera emprender', afirma el presidente de la AI.Domingo también piensa que en la ley no queda totalmente claro si la firma electrónica será compatible con todos los sistemas informáticos. 'Eso no se debería dejar de lado para arreglarlo dentro de unos años', afirma.Asimismo, Domingo critica la poca competencia que hay en el sector. 'Demandamos una competencia real y que los estándares no queden en manos de una sola empresa'.