Jordi Sevilla

Sevilla pide que los presidentes de las privatizadas dimitan si el PP pierde

Enemigo de los prejuicios, Jordi Sevilla (Valencia, 1956) anticipa algunas de las ideas motores que defenderá el PSOE en los próximos meses.

Pregunta. ¿Avala la apuesta de Rafael Simancas por retirar a Miguel Blesa de la presidencia de Caja Madrid?

Respuesta. Lo primero es que si el PP no ha privatizado las cajas de ahorros es porque habría una gran oposición social en este país. Pero lo ha sustituido por modelos de control, como el de las cuotas participativas, que es una forma indirecta de dar entrada al capital privado. Ahora lanza rumores sobre normativas limitadoras de la presencia de las cajas en los consejos de empresas que controlan, lo cual sería discriminatorio para estas entidades. Nada mas llegar al Gobierno de la comunidad de Madrid, el PP sustituyó a Jaime Terceiro en la caja de ahorros, una persona muy profesional y relativamente independiente desde el punto de vista político. Colocó a Miguel Blesa, cuyos méritos no discuto, pero que si es presidente de Caja Madrid es, fundamentalmente, porque fue amigo de colegio de José María Aznar. Es su principal mérito. Si hay una nueva mayoría política en la comunidad que se traduce en otra mayoría en el consejo de administración de la caja, parece razonable que se plantee la despolitización que significó el nombramiento del señor Blesa y, por tanto, el cambio de presidente para volver a recuperar un perfil más profesional.

'Cuando el PSOE gane, sería razonable que los presidentes de empresas privatizadas pongan el cargo a disposición de sus consejos'

P. ¿Cómo interpreta el apoyo de CC OO a Blesa?

R. En el sector de las cajas, CC OO ha tenido un comportamiento que ni he entendido ni he compartido. Por ejemplo, con las cuotas participativas. Es evidente que en el mundo de las cajas se juegan muchas cosas y es posible que la reacción de CC OO responda más a algunos favores que le haya podido hacer el señor Blesa que a una reflexión objetiva de la situación. Nadie ataca a este señor, pero si se politizó el cargo de presidente de Caja Madrid ahora hay que despolitizarlo.

P. ¿Ha cambiado impresiones con UGT al respecto?

R. No, yo no he intervenido para nada en el tema ni debo hacerlo porque es una competencia autonómica.

P. Su secretario general se ha comprometido a revisar el proceso de privatizaciones. ¿Por dónde comenzaría?

R. Es una evidencia que el PP ha utilizado el poder político para controlar una parte importante del poder económico. Tenemos el Gobierno más intervencionista de la democracia, lo ha demostrado con la forma arbitraria en la que frenó la opa de Gas Natural sobre Iberdrola, forzando la máquina en la Comisión de la Energía, obligándola a hacer un informe que excede sus competencias. Cuando el PSOE llegue al Gobierno no se va a encontrar con presidentes de empresas privatizadas que estén ahí porque lo hayan decidido libremente sus accionistas, sino con personas bien relacionadas con el Gobierno del PP. Para profesionalizar la dirección de empresas tan importantes sería razonable que ellos mismos pusieran su cargo a disposición de los consejos de administración y que abandonen sus puestos una vez que haya perdido el poder quien les nombró. Cualquier persona que sea elegida libremente por los accionistas como presidente será aceptada por un Gobierno socialista.

P. ¿No cree que este mensaje puede provocar temor en el mundo empresarial?

R. Todo lo contrario, tranquilidad. Los socialistas no tenemos interés en colocar amigos al frente de las empresas, no vamos a hacer como han hecho los señores Rato y Aznar. Vamos a dejar que los empresarios elijan a los empresarios y que los accionistas elijan a los presidentes de sus empresas.

P. En política económica, ¿cómo se va a traducir este menor intervencionismo?

R. El Servicio de Defensa de la Competencia se fusionará con el tribunal del mismo nombre. El organismo resultante podrá autorizar o no operaciones de fusión o concentración sobre las que el Gobierno no podrá decidir. Aquí habrá un primer reflejo de ese mayor liberalismo que propugnamos. Fortaleceremos las competencias de los órganos reguladores sectoriales para que decidan, por ejemplo, sobre tarifas eléctricas, sometidas ahora al arbitrismo del Gobierno. También se podrá visualizar por el mundo económico un cambio de estilo y comportamiento.

P. La propuesta de desobediencia presupuestaria que envía a las comunidades crea algunas distorsiones...

R. Sí, pero la realidad es que en las comunidades donde gobernamos nosotros es donde más se ha reducido el déficit y el endeudamiento, y en las del PP, cito el caso de la Comunidad Valenciana, donde más ha crecido. Mantenemos nuestra oposición a una ley que dificulta que España se equipare con la media de la UE en productividad, infraestructuras, tecnología y desarrollo. Si el déficit cero significa tener más accidentes ferroviarios, menos dinero para reparar carreteras, para las escuelas y la sanidad o pensiones más bajas, pues no lo quiero para nada. Sin embargo, apoyo el pacto de estabilidad de la UE porque marca un objetivo razonable compatible con el ciclo económico y con las diferencias entre unos países y otros. Ahora el Gobierno saca pecho porque la economía española crece un poco más que la alemana pero, a pesar de eso, es más rica que la nuestra. Es verdad que Alemania necesita unos pactos de la Moncloa con urgencia, pero no olvidemos que los alemanes son más productivos y competitivos que nosotros. Manifestamos alegría porque creamos más empleo que Alemania, pero seguimos siendo el país europeo con el nivel de paro más alto y el nivel de tasa de empleo más bajo. Moderemos los optimismos.

P. ¿Ve posible la reforma de las pensiones antes de las elecciones generales?

R. Me gustaría, pero la veo difícil tal y como la está enfocando el Gobierno. Voy a llevar a la ejecutiva del partido las condiciones que vamos a poner para renegociar el Pacto de Toledo. El Gobierno tiene que reconocer que la Seguridad Social no ha estado nunca en quiebra. En segundo lugar, tiene que dejar de hacer uso político de las pensiones. También tiene que cumplir la separación de fuentes. Aún hay más de un billón de las antiguas pesetas que se sigue pagando anualmente de las contribuciones de empresarios y trabajadores y que debería financiarse con cargo a los Presupuestos. Por último, hay que bajar las cotizaciones sociales un punto de forma generalizada y mejorar las prestaciones por encima del IPC, especialmente las pensiones más bajas y de viudedad.

"Se puede abaratar el despido, pero sin apriorismos ideológicos"

Jordi Sevilla defiende un gran acuerdo entre empresarios y sindicatos para hacer una apuesta fuerte en favor del empleo estable y de la compatibilidad entre la vida familiar y laboral. 'Por eso hay que replantearse las relaciones laborales más allá del tópico de la flexibilización, la contratación o el despido', argumenta, consciente de que uno de los elementos que explican la baja productividad de la economía española es la tasa de precariedad, 'la más alta de la UE'. Sólo en este contexto, explica, 'cabe perfectamente replantearse determinadas rigideces que todavía subsisten en el mercado laboral', sin excluir el coste del despido, que debe ponerse sobre la mesa de negociación 'viendo los pros y los contras a partir de la experiencia del acuerdo de 1997 con el nuevo contrato indefinido y un coste de despido más bajo'. 'A partir de ahí se pueden tomar decisiones, pero sin apriorismos y sin prejuicios ideológicos o políticos', subraya.

Otros problemas que le preocupan son la inflación y el estado de las cuentas públicas. Para el primero propone una actuación rápida y eficaz del Servicio de Defensa de la Competencia sobre aquellos sectores en los que es habitual el uso de una posición dominante. 'Lo que no puede entenderse es que al Gobierno no le preocupe y que no haga nada para combatir el aumento de precios cuando se produce de forma exagerada', aclara. Una de sus primeras medidas a partir de 2004 sería encargar un informe al Banco de España que oriente sobre cómo debe conducirse el Gobierno para evitar que la inflación se desboque. Jordi Sevilla no ve en el horizonte cercano un riesgo de deflación en España, aunque admite que de darse 'nos pillaría con el pie cambiado'.

En el caso de las cuentas públicas, el responsable de economía del PSOE se compromete a encargar una auditoría a la Intervención General del Estado 'porque tal vez nos llevemos alguna sorpresa'.