Norma

La imposibilidad de un acuerdo en el Gobierno acaba con la ley audiovisual

El encuentro mantenido el martes por la noche entre el presidente del Gobierno, José María Aznar, el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, resultó definitivo para tomar una decisión drástica: la ley audiovisual no se tramitará en esta legislatura.

La principal razón que ha obligado a la paralización definitiva de la ley, según fuentes cercanas al Gobierno, ha sido la inoportunidad de tramitar una norma tan sensible para el sector audiovisual en un momento político extremadamente complejo como el actual.

Además, el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, no cuenta con agenda suficiente para poder defender la ley hasta el final de su tramitación, dado que ahora debe dedicarse a preparar las elecciones catalanas del próximo mes de octubre, en las que previsiblemente concurrirá como candidato del Partido Popular. Este hecho obligará al ministro a abandonar el Ejecutivo próximamente.

De alguna forma, Piqué tiró ayer la toalla al admitir la dificultad de que la ley audiovisual pueda aprobarse en esta legislatura. El ministro de Ciencia y Tecnología propuso aprovechar la tramitación parlamentaria de la ley de telecomunicaciones para introducir, mediante enmiendas, diversos aspectos de la nueva regulación televisiva. Piqué admitió que, 'si al final se puede establecer de ese modo, yo me sentiría ya satisfecho'.

Los aspectos a los que se refiere el ministro, que han suscitado el enfrentamiento en el seno del Gobierno y a la postre han hecho descarrilar la ley, han sido, en primer lugar, la intención de establecer un modelo de financiación futura para la radio y la televisión públicas.

Este tema quedó zanjado cuando Hacienda, ministerio del que depende la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (ente que gestiona RTVE), se opuso frontalmente a la pretensión de Piqué de recortar sensiblemente los ingresos publicitarios de RTVE, compensándolos con un mayor déficit público.

Incompatibilidades

El segundo punto en el que Piqué tuvo que dar su brazo a torcer fue respecto al llamado televisazo, disposición que introdujo el Gobierno en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 2003. La disposición, actualmente en vigor, impide a una empresa propietaria de una cadena de televisión de ámbito nacional participar o controlar una cadena de televisión autonómica o local.

Piqué y su equipo han intentado en las últimas dos semanas todo tipo de alternativas y malabarismos para diseñar un esquema que solucionara las incompatibilidades accionariales. El equipo de Piqué llegó a elaborar varios escenarios, atendiendo a la situación geográfica de las cadenas y su ámbito de cobertura para lograr un mínimo consenso del Gobierno que le dejara incluir en la ley la posibilidad de participar en dos cadenas al mismo tiempo.

Sin embargo, aunque la norma ha sido paralizada por su inoportunidad política, Piqué ha conseguido salvar varios aspectos: por un lado, la flexibilización de las incompatibilidades y la emisión en cadena de las televisiones locales, que, según fuentes cercanas al Gobierno, se incluirá como enmienda en la ley de telecomunicaciones.

Este punto ha sido consensuado con el Partido Socialista, que se ha mostrado de acuerdo en levantar la prohibición que en su momento impuso el Gobierno.

El titular de Ciencia y Tecnología logra también impulsar, al margen de que haya o no una ley de lo audiovisual, la digitalización. El plan técnico para la Televisión Digital Terrestre será previsiblemente incluido en el nuevo plan para la sociedad de la información que sustituirá al malogrado Info XXI.

Finalmente, el hecho de que los canales autonómicos puedan pasar a ser gestionados por entidades privadas también será incluido como enmienda en una de las leyes que se encuentran en trámite parlamentario. Sobre este asunto existe igualmente acuerdo con el principal partido de la oposición.

El texto de la ley audiovisual ha sufrido, como pocas normas, serios inconvenientes que hicieron peligrar su aprobación desde la misma fecha de su redacción, hace casi siete meses.

La ley se enfrentó a sucesivas modificaciones hasta que finalmente la semana pasada fue remitida su versión definitiva, compuesta de 73 artículos, a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para que emitiera un informe preceptivo, pero no vinculante.

El regulador envió la semana pasada un amplio informe al Ministerio de Ciencia y Tecnología donde criticaba el texto, ya que en su opinión no resolvía los principales problemas del sector, al no afrontar la financiación de RTVE y prohibir de antemano los cruces accionariales entre diferentes cadenas de televisión.