La UE obligará a la CMT a declarar operador dominante a Retevisión

Auna, el segundo operador de telecomunicaciones, puede anunciar en los próximos días su elección de Tradia como ganador del concurso para la venta de Retevisión Audiovisual, cuyo primer ejecutivo es Josep Canós. La unión en una empresa de las dos mayores compañías dedicadas al negocio de los servicios portadores de televisión reforzará la situación de monopolio de hecho que se produce hoy en la práctica totalidad del territorio español.

El transporte de las señales de televisión desde los centros emisores de los radiodifusores hasta los hogares de los españoles a través de redes de señales terrestres dejó de ser un monopolio de derecho en España el 2 de abril del año 2000.

Desde esa fecha, sin embargo, el desarrollo de la competencia con la creación de compañías de transporte de señales alternativas ha sido muy reducida, por no decir nula. Retevisión, que se creó a partir de la red histórica de RTVE, y que en la década de los noventa sirvió de base para la creación de Auna, es hoy la única posibilidad de transporte para las señales de los radiodifusores, TVE, Antena 3, Tele 5, Canal + entre otros, en las dos terceras partes del territorio español. Sólo en Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía existen empresas alternativas, y éstas son utilizadas sólo por algunos canales autonómicos. En caso de que, finalmente, Tradia se confirme como comprador de Retevisión, el monopolio de hecho se extenderá también a Cataluña.

Fuentes de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) aseguraron que este organismo estudiará si la venta de Retevisión produce cambios significativos en la prestación del servicio del transporte de señales de TV, 'pero no podemos adelantar nada hasta que se conozca oficialmente el comprador'.

El protagonismo de la CMT en la ordenación de esta actividad se ha visto reforzada como consecuencia de la aprobación de nuevas directivas de la Unión Europea que van a ser transpuestas por la Ley General de Telecomunicaciones que se debate en el Parlamento.

Exigencias comunitarias

La UE exige que también en la explotación de las redes de radiodifusión se imponga la creación de la figura de los 'operadores con poder significativo de mercado', que ya existe en otras actividades de telecomunicaciones. La empresa que sea designada como tal se verá sometida a determinadas obligaciones que aseguren la transparencia y la competencia.

La declaración de operador significativo está reservada en la normativa comunitaria a las 'autoridades nacionales de regulación'. En el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones el protagonismo lo consigue la CMT, organismo presidido por Carlos Bustelo.

El regulador podrá imponer a estos operadores dominantes obligaciones para asegurar la transparencia, la no discriminación en el acceso a las redes, así como el control de precios y la separación de cuentas.

El proyecto de ley también prevé la posibilidad de que la comisión 'pueda dictar unas obligaciones distintas' a las enumeradas en la ley, 'en circunstancias excepcionales'.

La desventaja para los radiodifusores españoles por el hecho de que se mantenga una situación de monopolio de facto en la prestación de los servicios portadores de televisión se intentó mitigar en el año 2000 mediante una disposición que obliga a a Retevisión a mantener unas determinadas condiciones en la prestación del servicio en aquellos territorios en los que no exista una empresa alternativa. Esta disposición sólo es aplicable al transporte de las señales de los canales analógicos tradicionales.

Entre los radiodifusores existe una seria preocupación porque temen que la multitud de nuevos canales de televisión digital que está previsto surjan en los próximos años se vean obligados a transportar sus señales en un marco de monopolio de hecho, y nadie les ofrezca otra posible elección fuera de Retevisión.

Un concurso tutelado por el Gobierno

El consorcio competidor de Tradia, que se configuró por presiones del Gobierno ante la retirada de otros participantes del concurso, también se podría enfrentar a problemas con organismos reguladores; en esta ocasión, con la Comisión Nacional de la Energía (CNE). En el hipotético caso de salir ganador, la CNE tendría que aprobar la operación, ya que en él está Red Eléctrica de España (REE), de quien depende una de las más importantes actividades reguladas del sector eléctrico, el transporte de alta tensión. Y la inversión en la compra de Retevisión Audiovisual podría considerarse incompatible con sus compromisos como transportista si la CNE sigue la doctrina de sus últimas resoluciones.Pero la creación de ese grupo, formado también por las sociedades de capital riesgo Apax y Carlyle y por Abengoa, ya ha servido para que Tradia mejore su propuesta.Con anterioridad, el Ejecutivo, que ha marcado la marcha de esta operación, advirtió a Auna que no debía vender Retevisión Audiovisual a grupos extranjeros, y más si éstos eran sociedades de capital riesgo. El argumento utilizado era que carecían de plan empresarial y de vocación de permanencia. El rechazo se solucionó con la unión de Apax y Carlyle a REE, participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y por dos de las eléctricas que están en posición vendedora en Retevisión, Endesa y Fenosa. Además, REE se había retirado en una primera fase del concurso al considerar que no tenía interés para su estrategia en telecomunicaciones.