Madrid y Baleares dan un giro a su política económica

Las elecciones autonómicas del pasado domingo van a suponer un vuelco espectacular en la forma de hacer política económica en los dos territorios que, probablemente, cambien de gestor en la nueva legislatura. A la espera de los oportunos pactos (el PSOE debe hacerlo con Izquierda Unida para presidir la Comunidad de Madrid, y el PP, con Unión Mallorquina, en Baleares), tanto el candidato socialista al Gobierno de Madrid, Rafael Simancas, como el popular al Ejecutivo balear, Jaume Matas, han prometido un giro radical respecto a la política económica y tributaria que venían haciendo sus contrincantes políticos en sus respectivos territorios hasta hoy mismo.

En Madrid, Simancas centra uno de sus puntos fuertes en el freno al proceso de liberalización de horarios comerciales, implantado por Alberto Ruiz-Gallardón en los últimos ocho años. Actualmente sólo la Comunidad de Madrid ha optado por superar el mínimo legal y ha aprobado 21 aperturas en festivos. El resto se acoge al mínimo legal (11 festivos este año), con la excepción de Baleares y Cataluña. Junto con ello y en línea con el pequeño comercio, Simancas prevé 'racionalizar' la expansión de grandes superficies comerciales (hipermercados), que han hecho mella en un buen número de pymes.

En política tributaria tiene prevista la eliminación del llamado céntimo sanitario (impuesto sobre venta minorista de hidrocarburos) aprobado por el Gobierno popular de Gallardón hace dos años para financiar la sanidad. Para eliminar el tributo renegociará las transferencias sanitarias con el Ejecutivo central. El presupuesto regional, aunque elevado (más de 14.000 millones de euros) no da para grandes reducciones de impuestos. Otro caballo de batalla será la vivienda y la especulación del suelo. El candidato socialista propone que la mayoría del suelo público se destine a vivienda protegida. En esta línea se encuentra la próxima construcción de 50.000 viviendas en propiedad y 25.000 para alquiler, todas de protección pública. También se penalizará a los propietarios que, teniendo título urbanístico estén más de un año sin construir. Simancas sólo seguirá la estela de Gallardón en el empuje a la inversión, con la construcción de nuevos kilómetros de metropolitano y una línea ferroviaria que conecte los municipios a los que no puede llegar el metro.

Coordinación municipal

En asuntos como seguridad ciudadana, empleo, y transportes deberá coordinarse con el ex presidente regional y ahora nuevo alcalde, Ruiz-Gallardón, con el que está obligado a entenderse.

En el caso de Baleares, el nuevo presidente in péctore Jaume Matas, derogará la ecotasa (impuesto que grava la pernoctación de turistas en hoteles) de forma inmediata.

Sin embargo, deberá hacer frente al pago de los cerca de 60 millones de euros que el Gobierno presidido por el socialista Francesc Antich ha gastado con cargo a este tributo en la adquisición de patrimonio cultural y natural de las islas. Matas no ha dicho de dónde sacará el dinero para hacer frente a estos pagos, si bien durante toda la campaña electoral ha reiterado que las inversiones previstas con los ingresos de la ecotasa se cargarán a los fondos del Gobierno central. La supresión de la ecotasa permite a Matas la reconciliación de la administración autonómica con el sector hotelero, que ha hecho una dura oposición a Antich. La paz turística está asegurada. El presidente de Sol-Melià, Gabriel Escarrer, y el de la Federación Hotelera de Mallorca, Pere Cañellas, han sido de los primeros en felicitar a Matas tras su victoria, informa Arantxa Noriega.

La política turística de Matas pasa además por un plan de desestacionalización que alargue la temporada, y una política dirigida a captar turismo de calidad a través de la construcción de más oferta de golf y de puertos deportivos. En los cuatro años en que ha gobernado el Pacte de Progrés, la temporada se ha acortado y el número de turistas ha caído algo más de un millón al año.

El plan de desestacionalización se completa con un impulso a la promoción de las islas para evitar la mala imagen que la ecotasa ha creado en países como Alemania.