Escalada de precios

La compra de vivienda absorbió 34.232 millones en ayudas fiscales en 20 años

En las últimas semanas han sido ya numerosas las voces que han planteado que podría haber llegado el momento de proceder a una reforma en profundidad, e incluso la eliminación, de las desgravaciones fiscales a las que tienen derecho los compradores de vivienda.

El Banco Central Europeo (BCE) ha sido uno de los organismos que han suscitado la polémica. En su último informe monográfico sobre el mercado de la vivienda en Europa, recuerda que las deducciones fiscales por adquisición de la residencia habitual es una de las ayudas tradicionales que han instaurado los Gobiernos de todo el continente para favorecer el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos.

Sin embargo, a lo largo de su historia en todos los países dichas ayudas se han ido reformando para tratar de adecuarse a la realidad de cada coyuntura y eso es precisamente lo que el instituto emisor vuelve a reclamar ahora, sobre todo en los países donde, como España, se están registrando encarecimientos superiores al 10% desde 2000. 'Cuando en un mercado en el que la oferta es escasa y los precios son, por tanto, elevados, todo incentivo destinado a la demanda sólo contribuye a incrementar aún más los costes y eso es lo que está pasando en el sector de la vivienda con las bonificaciones fiscales', explica Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos.

En España este tipo de bonificación fiscal se instauró con el Gobierno de Adolfo Suárez y ha sufrido sucesivas reformas, aunque continúa siendo en la actualidad la principal deducción a la que tienen derecho los contribuyentes.

De hecho, según los últimos datos disponibles facilitados por el Ministerio de Hacienda, más de 4,2 millones de liquidaciones del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) se acogen en la actualidad a este tipo de deducción.

Con los socialistas en el Gobierno sufrió varias reformas, primero ampliando la posibilidad de aplicarse dichas desgravaciones a las segundas residencias y sucesivas y después limitando la bonificación a la residencia habitual.

En la primera reforma del IRPF planteada por el Ejecutivo del PP, en 1999, volvió a sufrir una nueva modificación. Entonces se decidió limitar la cantidad por la que se tendría derecho a deducirse a 9.000 euros de gasto en vivienda en las declaraciones individuales y 18.000 en las conjuntas.

Sin embargo, en la segunda reforma del IRPF, que lleva en vigor cuatro meses, se optó por mantener inalterable estas deducciones. Por este motivo, desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro no se ha planteado hasta la fecha cambiar las deducciones por vivienda, que sólo en el presupuesto de gastos fiscales diseñado para este ejercicio ascenderán a 2.781,54 millones de euros.

Coste político

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es otra de las instituciones que recientemente ha abogado por eliminar las ayudas fiscales a la compra de vivienda, siendo sustituidas, eso sí, por nuevos incentivos a la oferta de alquiler capaces de generar un mercado de arrendamientos más equilibrado para frenar el avance imparable de los precios inmobiliarios.

Junto a las tesis del BCE, la OCDE o el Instituto de Estudios Económicos (IEE), se une la opinión del consejero del Banco de España y catedrático de Hacienda Pública, José Manuel González-Páramo, quien asegura que 'el volumen de incentivos fiscales en el IRPF que se destina a la vivienda es muy dudoso que consiga los efectos deseados, que es facilitar la ayuda al acceso a una casa; creo que es más bien lo contrario'.

Pero, lógicamente, no todas las opiniones van en este sentido. José Luis Estevas-Guilmain, vicepresidente de Sociedad de Tasación, afirma que 'la supresión o fuerte recorte de dichas desgravaciones no es bueno ni desde el punto de vista político ni para el ciudadano'. Asimismo, sostiene que los incentivos fiscales ayudan, pero de ninguna manera se pueden considerar determinantes a la hora de decidir si comprar o no casa. 'Lo que sí es cierto es que parece que para la demanda no es necesario ningún incentivo añadido', explica.

Por su parte, Manuel Martí, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España, se muestra convencido de que el coste político de una medida de esta envergadura es tan elevado que no habrá Gobierno que sea capaz de llevarla a cabo.

Por último, el PSOE está ultimando el diseño de su propuesta en materia fiscal para las elecciones generales de 2004 y dentro de la misma está trabajando en la modificación de las deducciones fiscales a la vivienda.

'Todavía no está decidido, pero sí es cierto que tal y como están planteadas en la actualidad, creemos que no favorecen realmente a los colectivos que más lo necesitan, las rentas más bajas', asegura un técnico desde la sede de la calle Ferraz. El PSOE recuerda que del gasto público que absorbe la vivienda, el 71% lo constituyen los beneficios fiscales y el 29% restante, las ayudas o subvenciones directas. 'Por eso, si liberamos recursos del primer apartado, podremos destinar más presupuesto a las aportaciones directas', añaden desde el PSOE.

La reforma de los incentivos al alquiler 'se olvida' del inquilino

Hacía meses que el Gobierno había anunciado que estaba estudiando medidas para hacer frente al bajo porcentaje de viviendas en alquiler con que cuenta España, de apenas un 11% del parque total cuando la media europea asciende al 30%, y el pasado viernes aprobó por fin un conjunto de incentivos dirigidos a este mercado en Consejo de Ministros. Las ayudas tienen como denominador común que están dirigidas exclusivamente a incrementar la oferta de este tipo de inmuebles y se olvidan del inquilino, porque tanto el Ejecutivo, como los expertos, sostienen que demanda de arrendamientos hay, pese a quien sostiene que la cultura española da prioridad absoluta a la propiedad y desprecia el alquiler.

Los incentivos, sobre todo de índole fiscal, se ponen como objetivo poner en el mercado 100.000 nuevas viviendas en los próximos tres años. Para ello, el Ejecutivo ha decidido reducir al 5% el tipo del impuesto de sociedades para las nuevas empresas que promuevan viviendas para alquiler con determinados requisitos y ha decretado la agilización de los procesos de desahucio y reclamación a través de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los arrendadores cuenten con más garantías de cobro de sus rentas, entre otras actuaciones.

Aunque la acogida de este conjunto de iniciativas por parte del sector (las empresas dedicadas a la promoción de pisos en régimen de arrendamiento) ha sido positiva, algunos expertos consideran que todavía es claramente insuficiente, ya que el Ejecutivo no ha respondido a la gran reivindicación de dichas sociedades: la equiparación fiscal de las rentas obtenidas con su actividad con el tratamiento tributario que reciben los fondos de inversión inmobiliaria.

En cuanto a la posible recuperación de las desgravaciones al inquilino, ésta parece descartarse, ya que sólo contribuiría a subir el precio de los alquileres, según los analistas.