Justicia admite que habrá defectos en los juicios rápidos pese al esfuerzo inversor
Acabar con procedimientos eternos en el ámbito penal, hacer una justicia eficaz y garantizar que los ciudadanos tengan un proceso sin dilaciones indebidas. æpermil;stos son los objetivos que persigue la implantación de los juicios rápidos, que comenzarán a celebrarse en todo el territorio nacional a partir del 28 de abril. Por este tipo de procedimientos se juzgarán las faltas en 24 horas como mínimo y siete días como máximo. Los delitos que encajan en esta reforma son aquellos que están castigados hasta con cinco años de prisión, como robos, hurtos, sustracciones de vehículos, delitos contra la seguridad del tráfico, violencia doméstica y los delitos flagrantes en general. Todos estos delitos se juzgarán en 15 días máximo.
La reforma ha sido aprobada con todos los votos a favor, tanto en el Senado como en el Congreso, y ha sido apoyada por el Consejo del Poder Judicial, la Fiscalía General, la Abogacía y las comunidades autónomas. Sin embargo, se han alzado voces críticas porque consideran que no hay medios suficientes para que estos juicios puedan celebrarse con todas las garantías.
El ministro de Justicia, José María Michavila, quitó ayer importancia a estas críticas y dijo que 'siempre hay un pequeño porcentaje del colectivo que engrandece los problemas mientras que la inmensa mayoría tratamos de solucionarlos'. Sin embargo, el ministro reconoció que habrá disfunciones por ser una reforma profunda y que 'deberemos pasar un periodo de rodaje'. Añadió que se ha hecho un esfuerzo inversor y que se han presupuestado 98 millones de euros para poner en marcha este tipo de procedimientos.
En algunas grandes ciudades se han creado 14 servicios de guardia para ampliar el actual sistema judicial y poder así cumplir con los plazos tan cortos que propone la nueva ley para la resolución de los procedimientos. Cada nuevo servicio de guardia costará al año más de 1,5 millones de euros. También se han ampliado en 213 los servicios de fiscales, que al igual que los abogados deberán estar a pie de juzgado.
Principio de conformidad
El juzgado de guardia recibirá (en algún caso telemáticamente) los informes de los forenses, de laboratorios, de peritos, el certificado de antecedentes penales, entre otros elementos de prueba, para poder concentrar toda la instrucción y concluirla rápidamente. La policía judicial podrá citar 'directamente' a los intervinientes en el procedimiento (denunciante, testigos, víctima...) y el juzgado de guardia señalará la vista del juicio por delitos también 'directamente' ante el Juzgado de lo Penal. Antes de que se inicie el procedimiento el abogado defensor y el fiscal pueden llegar a un acuerdo de conformidad, que si es aceptado por el justiciable se le reducirá la pena un tercio.
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, dijo en la clausura de unas jornadas sobre juicios rápidos, a la que asistió Michavila y el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que 'los abogados van a colaborar con el Ministerio de Justicia para introducir mejoras en los juicios rápidos y para que la sociedad tenga todas las garantías en este tipo de procesos'. Cardenal señaló que será necesario 'reorganizar el trabajo de los fiscales'.