Remuneración

El salario mínimo en los candidatos es la cuarta parte que el de la UE

Nueve de los diez países que ingresarán en la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 (Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, República Checa y Polonia) garantizan a los trabajadores un salario mínimo cuya cuantía media es de 232 euros al mes, según los datos publicados ayer por la Comisión Europea. Es decir, la cuarta parte de los 962 euros de media en los nueve miembros actuales (España, Bélgica, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido) que disponen del mismo mecanismo. El salario mínimo más bajo actualmente es el de Portugal (416 euros).

La diferencia más drástica en un parámetro que ilustra la competitividad de los nuevos socios se produce entre Letonia (116 euros) y Luxemburgo (1.369 euros). Y el diferencial asciende a 325 euros entre España (526 euros) y Polonia (201 euros), el país que se perfila como su más directo competidor. La diferencia se reduce hasta 266 euros si se ajustan los datos en términos de paridad de poder adquisitivo entre España y Polonia.

En nuestro país, sin embargo, según los datos publicados ayer, sólo el 0,6% de los trabajadores y el 1,3% de las trabajadoras a tiempo completo perciben el salario mínimo, unos porcentajes que en Francia (1.154 euros al mes), por ejemplo, ascienden al 9,9% y al 19,9%, respectivamente.

Otro reto en 2007

Pero España, como ya empieza a ocurrir en muchas tablas estadísticas que incorporan a los futuros miembros de la UE, se descuelga ya por debajo de dos países candidatos, Eslovenia y Malta, cuyo salario mínimo se encuentra por encima si se compara el poder adquisitivo.

Los diferenciales pueden agrandarse aún más en 2007, cuando se prevé el ingreso de Rumania y Bulgaria. El salario mínimo en los dos países es de sólo 73 y 56 euros, respectivamente (194 y 139 en términos de paridad de poder adquisitivo). En todos los países candidatos el salario mínimo lo fija el Gobierno, una práctica también extendida en los actuales miembros (salvo en Bélgica y Grecia, donde lo negocian los agentes sociales).