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Las constructoras medianas cuestionan el reparto de obra pública de Gallardón

Las acusaciones de las medianas constructoras sobre la política de adjudicaciones de obra de la Comunidad de Madrid (CAM) se reavivan a pocos días de la inauguración de la obra de referencia del Gobierno autónomo en la legislatura, el Metrosur, un anillo ferroviario subterráneo de más de 40 kilómetros que unirá todas las grandes localidades del sur de la comunidad, con una inversión de 1.170 millones de euros.

La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), entidad que agrupa a 20 empresas de medianas dimensión con una facturación agregada de 2.200 millones, ha cuestionado públicamente la política de adjudicación de obra pública del Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón, que actualmente invierte más dinero en este territorio que el propio Estado.

El presidente de ANCI, Jaime Lamo de Espinosa, en su discurso anual ante la asamblea de socios, el pasado 27 de febrero, criticó que el nivel de penetración de las empresas que representa en las obras de la CAM sea en el bienio 2001-2002 'inexplicablemente sólo del 6,5%', cuando la Administración central del Estado les ha adjudicado en 2002 el 21% del total de la obra contratada y el 15% en el bienio 2001-2002, es decir, más del doble de la tasa que han logrado en la comunidad que preside Alberto Ruiz-Gallardón.

En todo caso, hay que matizar que la cifra de contratación estatal lograda por estas 20 empresas en 2002 se desvirtuó al alza debido a la adjudicación por varias empresas asociadas de una gran obra de AENA, la construcción de una de las nuevas pistas de Barajas. En 2001 la contratación con el Estado de estas compañías se situó en el 9%, y en el 2001, en el 13%. Si en 2002 se descontara esa obra singular, la cuota de ANCI en las obras estatales hubiese sido del 17%.

Fuentes oficiales de la Consejería de Transporte de la CAM, la que más obra pública adjudica en el Gobierno de Gallardón, replican que los proyectos que promueve son de gran envergadura y, por tanto, sólo las grandes firmas del sector tienen capacidad y recursos para acometerlos. Citan como ejemplo el Metrosur, que 'requiere disponer de tuneladoras, una inversión enorme e inabordable para firmas de mediano o pequeño tamaño', según la consejería. Por contra, el Estado, especialmente el Ministerio de Fomento, adjudica las obras tras fragmentarlas en lotes con un presupuesto cercano a 30 millones.

Como contrapunto a la escasa contratación con la Comunidad de Madrid, Lamo de Espinosa destacó la participación de estas empresas en obras de referencia de comunidades autónomas como la extremeña, donde algunas asociadas se han adjudicado obras en la autovía Miajadas-Vegas Altas; la de Castilla-La Mancha, que les ha adjudicado la autovía de los Viñedos, o la Generalitat catalana, que ha dado entrada a estas empresas en el proyecto del canal Segarra-Garrigues.

'Por eso sorprende tanto que la competencia técnica que a las empresas de ANCI se les reconoce en la Administración central y en parte de las autonómicas no sea igualmente valorada en determinadas autonomías'.

La polémica sobre la adjudicación de obra por parte del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón no es nueva. En 1999 varias empresas denunciaron que el Metrosur se adjudicó sin concurrencia, mediante un reparto de facto entre siete grandes empresas. Esta licitación fue posteriormente investigada por el servicio de competencia, aunque la iniciativa no prosperó.