'caso Urbanor'

Cortina y Alcocer afrontan su previsible salida del Zaragozano

El Banco de España impone la honorabilidad por encima de cualquier requisito, y si un presidente, consejero o director general de una entidad financiera no cumple esta condición, el organismo supervisor está obligado a incoar un expediente disciplinario cuyo objetivo último es inhabilitar a los infractores en el ejercicio de cualquier actividad bancaria.

Fuentes jurídicas, de hecho, recuerdan el Real Decreto 1.245 de 1995 de Normas sobre la Creación de Bancos, Actividades Transfronterizas y otras Cuestiones Relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito.

En el artículo 2 de esta norma, relativo a los requisitos para ejercer la actividad bancaria, se dice textualmente que todos los bancos deben 'contar con un consejo de administración formado por no menos de cinco miembros. Todos ellos serán personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional'.

En el apartado dos de este mismo artículo se añade que 'en todo caso, se entenderá que carecen de tal honorabilidad quienes tengan antecedentes penales o se encuentren procesados o -tratándose del procedimiento a que se refiere el Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, se hubiera dictado auto de apertura de juicio oral por delitos de falsedad, blanqueo de capitales, de violación de secretos, de malversación de caudales públicos, de descubrimiento y revelación de secretos o contra la propiedad...'.

También recuerdan la Ley de Disciplina Bancaria, en la que se insiste en la honorabilidad de los miembros de un consejo de administración y se explican las causas por las que ésta puede perderse para el ejercicio de la actividad bancaria.

Las mismas fuentes, conocedoras del proceso abierto contra los Albertos, recuerdan que las actuaciones del Banco de España -el trámite administrativo- quedan siempre paralizadas hasta que se resuelve el proceso judicial. Por ello, la decisión de la institución que encabeza Jaime Caruana de inhabilitar o no a Cortina y Alcocer sólo se puede tomar una vez que el Tribunal Supremo dicte su fallo, y siempre en función de la sentencia.

æpermil;ste es justo el procedimiento que ha seguido el Banco de España en el caso Banesto, aseguran las mismas fuentes. La institución ha tenido que esperar casi 10 años para poder inhabilitar al ex presidente de Banesto Mario Conde. Esta inhabilitación se ha producido una vez dictada la sentencia firme por el caso.

Los fallos del Supremo son firmes, y únicamente cabe la presentación de un recurso de amparo, aduciendo la violación de algún derecho fundamental, explican expertos jurídicos. Pero todas las fuentes consultadas argumentan que es muy difícil que los Albertos acudan a esta vía, tanto si el fallo del Supremo les declara culpables -opción que defiende la fiscalía- como si mantiene la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, por la que se declaraban prescritos los delitos de estafa y falsedad por el caso Urbanor. De esta manera, Alberto Cortina y Alberto Alcocer resultaron absueltos.

El jueves pasado, el Tribunal Supremo celebró la vista de los recursos presentados por los copresidentes del Zaragozano contra la sentencia de la Audiencia. La pretensión de los Albertos con este recurso era salvaguardar su honorabilidad.

Venta del banco

Las acusaciones consideran que Cortina y Alcocer cometieron estafa con agravantes y que en la venta de Urbanor, propietaria de los terrenos de Plaza Castilla (Madrid), resultaron perjudicados 28 accionistas minoritarios. Las defensas trataron de convencer al tribunal de que la venta de Urbanor a KIO no perjudicó a nadie.

En el Zaragozano, mientras, la tranquilidad es la tónica habitual de los consejos de administración, donde el caso Urbanor apenas ocupa espacio en sus reuniones. El escenario de una hipotética salida de Cortina y Alcocer, máximos accionistas del banco, no se ha discutido en el consejo. Lo mismo sucede con una posible venta del banco, algo con lo que se lleva especulando desde hace varios años, y que en la última semana y media ha recobrado protagonismo.

El presente escenario, con la reapertura judicial del caso Urbanor, el interés del grupo británico Barclays por crecer en España y la disposición de los Albertos por vender su 40% siempre que se presenten 'ofertas interesantes', como aseguraron en la última junta de accionistas del banco, ha vuelto a colocar al Zaragozano con el cartel de en venta.

Barclays ya se acercó al Zaragozano hace unos meses, pero el elevado precio que pedían (unos 1.100 millones, su valor en Bolsa en esas fechas) por este banco, que cuenta con unos activos de 5.857 millones de euros y con un beneficio atribuido de 48 millones, frustró cualquier posible acuerdo.

El banco británico volvió el pasado 14 de febrero a insistir en su interés por comprar un banco en España. Fuentes financieras aseguran que los dos bancos han vuelto a retomar los contactos en Londres para una posible compra, algo que los portavoces tanto del Zaragozano como de Barclays desmienten al afirmar que 'no hacemos comentarios sobre rumores'. Ahora el precio que se baraja está en torno a 800 millones.