El delegado del Gobierno en Galicia, imputado en el 'caso Prestige'
Francisco Javier Collazo, juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Corcubión (A Coruña), que instruye las diligencias para determinar las responsabilidades en la catástrofe marítima del Prestige, dictó ayer un auto en el que cita a declarar como imputados al delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa; al director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, y al que era el capitán marítimo de A Coruña en el momento del siniestro, Ángel del Real. Este último es actualmente presidente del puerto de Ferrol-San Cibrao.
Según informaron fuentes de este juzgado, el juez también ha llamado a declarar como testigo a Gonzalo Vidal, empleado de la empresa Remolcanosa, que participó con el remolcador Ría de Vigo en las tareas de salvamento del Prestige.
Estas citaciones se han producido a raíz de que el juez ha admitido a trámite la querella que presentó el pasado 28 de enero la plataforma cívica Nunca Máis, en la que señala, entre otras, a estas tres personas como responsables del hundimiento del petrolero el 19 de noviembre, después de seis días desde que el capitán del Prestige, el griego Apostolos Mangouras, pidiera auxilio por una vía de agua abierta en el casco.
El delegado del Gobierno en Galicia y los dos cargos dependientes del Ministerio de Fomento formaron parte del comité técnico que asesoró al Gobierno a decidir no dar abrigo al buque accidentado y obligarle a alejarse de la costa. Fernández de Mesa y López Sors fueron también los encargados en un principio de informar a la opinión pública sobre las medidas que se adoptaron ante la crisis, hasta que les relevó el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy.
Fuentes de la Abogacía del Estado consultadas por Europa Press calificaron como 'un procedimiento normal' la citación de estos tres imputados.
Por su parte, el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, reiteró su respaldo a la actuación de los tres imputados y afirmó que esta medida judicial 'va a ser una buena oportunidad' para que 'una vez más podamos demostrar que se ha actuado con prontitud y correctamente'. En declaraciones a los medios en el Congreso, afirmó: 'Me parece lamentable que la operación política que se esconde detrás de los impulsos de Nunca Máis ponga en entredicho la actuación profesional correcta y transparente de los altos cargos del ministerio'.
En cambio, Nunca Máis, que ha tenido que depositar en el Juzgado de Corcubión 3.000 euros para formalizar su querella, considera la providencia que ha dictado el juez un 'respaldo' y un 'refrendo' a sus reivindicaciones. Una portavoz de la plataforma afirmó que esta decisión 'indica que hay indicios de delito'. En su querella alegan que las consecuencias de la decisión de alejar el barco, prescindiendo 'de los necesarios informes técnicos que la justificasen', constituye un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tipificados en los artículos 325 y 330 del Código Penal.
Pedro Trepat, abogado de la plataforma, reconoció a Efe que la providencia del juez es 'muy parca', pues no se argumenta la imputación de los altos cargos, por lo que él entiende que es por 'todos los delitos que nosotros citamos'.
El portavoz parlamentario del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Francisco Rodríguez, coincidió en su valoración sobre la citación judicial: 'Confirman que hay sospechas de responsabilidades en la forma de actuar de la Administración pública que dirigía la crisis y que la convirtió en catástrofe'.
Responsabilidad política
El portavoz del PSOE en la comisión Constitucional del Congreso, Diego López Garrido, afirmó: 'Estas tres personas, junto al ministro de Fomento, son los responsables directos de la decisión de alejar el barco de la costa'. López Garrido resaltó que la providencia judicial es una 'bofetada' al Ejecutivo, al que reclamó la necesidad de crear una comisión de investigación en el seno parlamentario para depurar las responsabilidades políticas.
El secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, defendió ayer en el Congreso la actuación de Arsenio Fernández de Mesa, y justificó así que no compareciera en la comisión de investigación del Parlamento gallego: 'Es, ha sido y debe seguir siendo un hecho que las autoridades del Gobierno de la nación no comparezcan ante los 17 parlamentos autonómicos no sólo por falta de competencias, sino porque debilitaría el control político de las Cortes Generales'.
Ayudas para las pesquerías vascas de verdel
El consejero vasco de Agricultura y Pesca, Gonzalo Sáenz de Samaniego, informó ayer que su Gobierno extenderá las ayudas para paliar en el sector pesquero las consecuencias de los vertidos del Prestige a los 'primeros compradores del pescado, congeladoras y otras empresas vinculadas a la pesca'. Sáenz de Samaniego cifró en 4,5 millones de euros el importe de las compensaciones por el aplazamiento de un mes para el inicio de la campaña costera del verdel para los armadores y marineros vascos, a los que hoy añadió 1,5 millones para los vendedores y empresas relacionadas.El consejero vasco aseguró que su Gobierno 'pasará la factura' correspondiente al Ejecutivo central, porque 'la sociedad vasca no puede pagar dos veces por unas competencias que son de Madrid y que se niegan a transferir'. El comisionado del Gobierno para la crisis del Prestige, Rodolfo Martín Villa, anunció ayer que en Cantabria se van a acometer estudios sobre la afección de fuel en el caladero del Cantábrico, a petición de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de esta comunidad autónoma, a partir de los cuales se decidirá si autorizar el inicio de las costeras del verdel y de la anchoa. Las cofradías de pescadores y los armadores de Cantabria acordaron ayer proponer que se prorrogue la veda en el caladero cantábrico por lo menos hasta junio. Impulsados por fuertes vientos del noreste, los regueros de fuel amenazaban ayer por la tarde la reserva natural de las marismas de Santoña.