Botín declara que se pagó a Amusátegui 43,7 millones como premio de jubilación
Ni Emilio Botín ni José María Amusátegui respondieron a las preguntas de quién ha interpuesto la querella contra ellos. Se trata del letrado y accionista del SCH, Francisco Franco Otegui, a quien se le relaciona con Rafael Pérez Escolar, ex consejero del Banco Español de Crédito y condenado junto a Mario Conde por el caso Banesto.
Botín y Amusátegui ofrecieron a la jueza de la Audiencia Nacional Teresa Palacios y al fiscal Jesús Caballero la misma versión. Primero negaron que el pago de 43,7 millones de euros a Amusátegui respondiera a un arreglo tras una lucha de poder entre ambos banqueros para hacerse con la presidencia del banco. Desmienten así los hechos relatados en la querella, que apunta que se pagó a Amusátegui para que dejara anticipadamente la copresidencia del SCH (agosto de 2001). En cuanto a la cantidad que percibió Amusátegui explicaron que se trata de un bonus de jubilación. Y afirmaron que se le pagó una cantidad tan elevada para recompensar los servicios prestados por Amusátegui al frente del Central Hispano durante 15 años. Y destacaron que durante su presidencia se realizó la operación con Airtel (ahora Vodafone), aportando al banco 800.000 millones de pesetas (4.808,10 millones de euros).
También explicaron a la jueza que el contrato para el cobro del bonus de jubilación se realiza porque en el proyecto de fusión se acuerda que Botín y Amusátegui serán copresidentes de la entidad que resulte de la fusión durante un tiempo (hasta marzo de 2002) y que luego será Botín quien se quede como presidente único. De aquí 'surge la necesidad de regularizar y compensar económicamente a Amusátegui', según explicaron fuentes jurídicas próximas a los banqueros.
El contrato del bonus de jubilación (que hubiera servido también en el caso de cese o invalidez) se firma el 15 de enero de 1999, el mismo día en el que se aprueba el proyecto de fusión del Central Hispano y el Santander. El accionista y querellante, Franco Otegui, mantiene que se trata de una ventaja para un consejero (en este caso Amusátegui) y que, por lo tanto, en virtud de la Ley de Sociedades Anónimas debe aportarse al proyecto de fusión.
Los abogados de los dos banqueros mantienen que no se trata de ninguna ventaja para un consejero, sino de un contrato de jubilación, por lo que no estaban obligados a aportarlo al proyecto de fusión.
Botín y Amusátegui apuntaron, según fuentes jurídicas, que el contrato fue aprobado por unanimidad en el consejo de administración posterior a la fusión, celebrado el 17 de abril de 1999, en el del 16 de agosto de 2001 (fue en el que se anuncia la renuncia anticipada de Amusátegui a la copresidencia), en el consejo de marzo de 2002, en el que se aprueban las cuentas de 2001 y se vuelve a dar cuenta del asunto al consejo hace unos meses a raíz de la interposición de la querella. Argumentaron que el contrato no fue llevado a la junta de accionistas porque era suficiente con su aprobación por el consejo.
Según relataron fuentes próximas a la defensa de los dos banqueros, éstos también alegaron en su defensa que 'el Banco de España mantiene una inspección permanente en todos los bandos y que en su función de inspección conoce todos los datos y actas de consejos y sobre el cobro de 43,7 millones de euros por parte de Amusátegui nunca hizo observación alguna y tampoco la han hecho los auditores internos'.
El presidente frente a la jueza del 'caso de las cesiones de crédito'
Fue Emilio Botín el primero en comparecer ante la jueza Teresa Palacios. En su caso, no era la primera vez que pisaba la Audiencia Nacional. El ahora presidente del SCH compareció en el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional por el caso de las cesiones de crédito del Santander en julio de 1992. Por entonces, el titular del Juzgado número 3 era el juez Miguel Moreiras, expedientado y sancionado con el traslado forzoso por desvelar datos secretos del sumario del caso Argentia Trust, cuyo principal implicado era el ex presidente de Banesto Mario Conde.Ayer, Botín salió del juzgado con paso ligero y seguro y con el semblante serio. No en vano acababa de estar en frente de la jueza que, en contra del criterio del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, mantiene abierto el caso de las cesiones de crédito y quiere sentarle en el banquillo para juzgarle por un presunto delito fiscal. No quiso hacer declaraciones a los numerosos periodistas que se agolpaban en la planta primera de la Audiencia Nacional. A las reiteradas y atropelladas preguntas, Botín respondió airadamente con tres frases: 'No hay comentarios; hoy no hay que hacer comentarios y no tengo comentarios que hacer, gracias a todos'. José María Amusátegui declaró después. A penas estuvo una hora, al igual que Emilio Botín. Cuando abandonó el juzgado, acompañado por su letrado, se mostró sereno y aunque manifestó que no podía hacer declaraciones 'sobre el fondo de su declaración', sí dijo que estaba 'tranquilo' y añadió que estaba 'satisfecho' de cómo había transcurrido su comparecencia ante la jueza Palacios. Emilio Botín y José María Amusátegui fueron asistidos durante sus interrogatorios por prestigiosos abogados penalistas, como lo son Gonzalo Rodríguez Mourullo y Ramón Hermosilla.