Qué está en juego en la ampliación de la UE
Desde su inicio en 1957, el proceso de construcción de la Unión Europea (UE) nunca ha dado pasos atrás. La tensión entre ampliación y profundización de la Comunidad se ha resuelto siempre mediante un avance, más o menos equilibrado, en ambos frentes al mismo tiempo. Hoy la UE afronta la recta final de la ampliación hacia los países del centro y este de Europa que hace poco más de una década formaban parte del bloque soviético. Así, la Unión alcanzará una escala casi continental. Esta ampliación constituye pues un hito singular en el proceso de integración europea dada su especial transcendencia política, el número de Estados candidatos involucrados y las repercusiones demográficas y económicas que conlleva.
La reciente cumbre europea de Copenhague ha despejado el horizonte financiero y revalidado las salvaguardias institucionales y de mercado único necesarias para que la ampliación a 10 candidatos sea efectiva el primero de mayo de 2004, postergando la incorporación de Bulgaria y Rumania hasta 2007. Al mismo tiempo, la Convención Europea avanzaba su propuesta para dotar a la Unión de mayor capacidad de gobierno supranacional, arraigo democrático y visibilidad ante los ciudadanos a los que propone una nacionalidad europea.
La ampliación, en conjunto, tendrá efectos netos beneficiosos, aunque también habrá costes. No se puede eludir la percepción, corroborada por los estudios realizados, de que la distribución de beneficios y costes será asimétrica concentrándose los beneficios en los nuevos miembros y sus socios comerciales más cercanos y los costes en los actuales miembros más alejados en el plano comercial (y geográfico) y más directamente expuestos a la competencia, con los nuevos miembros, por mercados y flujos de inversión en el resto de la UE y en terceros países.
España está en posición comprometida frente a los nuevos Estados miembros, con los que tiene muy escasas relaciones económicasUna forma de liberar recursos para la cohesión sería el desmantelamiento de la PAC, que favorece sobre todo a los grandes agricultores
No obstante, a la larga, todas las economías de la Unión se beneficiarán de la ampliación del mercado y su mayor eficiencia si se aplica con rigor la estrategia establecida en la cumbre de Lisboa para el crecimiento y el liderazgo económico de la UE.
La economía española se encuentra en una posición comprometida frente a estos países cuyo producto interior bruto (PIB) conjunto es 1,5 veces el español, su población es 2,6 veces mayor y con los que mantenemos relaciones económicas muy escasas. Cuando se consideran los posibles efectos de la ampliación para la economía española, su signo es negativo, aunque moderado, en los años inmediatos a la primera oleada (en 2004) y la segunda (2008) que, además, coincide con el inicio del ajuste de las ayudas estructurales.
De manera general, para la economía española, la ampliación genera oportunidades y desafíos. Entre las oportunidades destaca el significativo aumento del mercado potencial de nuestras empresas, con la incorporación al mercado único de países que crecen a unas tasas superiores a las de los actuales miembros. El principal desafío se deriva de la presión competitiva de los nuevos países, cuyas empresas manufactureras presentan una gran similitud en ventajas competitivas con las españolas, cuando no abismal diferencia en materia de costes y flexibilidad laborales. Esta similitud se ha visto reforzada por los formidables flujos de inversión extranjera directa que se han orientado hacia estos países tras sucesivas privatizaciones y se están viendo incrementados por las expectativas generadas por su adhesión a la UE. Ello hace posibles para estos países ganancias en calidad y en gestión que suponen un peligro potencial tanto para las exportaciones de nuestras empresas como para sus ventas domésticas, al igual que sucedió en España y Portugal con motivo, e incluso antes, de su incorporación a la entonces Comunidad Europea.
Para cosechar plenamente los beneficios de la ampliación y reducir los potenciales efectos negativos, los agentes económicos españoles tienen que cambiar radicalmente su posición ante los nuevos socios, incrementando más activamente su presencia tanto comercial como inversora, para aprovechar las importantes oportunidades de negocio que todavía existen, especialmente en los sectores de servicios, agroalimentación y turismo, así como de las privatizaciones industriales aún pendientes y de los proyectos de infraestructuras.
El futuro de la política de cohesión europea constituye otro reto importante para España, principal beneficiario de la misma. El principio de cohesión se consolidó como respuesta a la evidente desigualdad regional surgida de la ampliación a las economías ibéricas en 1986 y su exposición al proyecto del mercado único. Aunque existe un debate sobre su eficiencia, parece claro que las ayudas estructurales han satisfecho su objetivo de facilitar la convergencia en niveles de renta entre las regiones europeas. æpermil;ste ha sido también el caso de nuestro país y por ello preocupa el recorte de las ayudas como consecuencia de la pérdida de cualificación de algunas regiones españolas para recibirlas al convertirse en relativamente más ricas tras la ampliación.
Varias de las actuales regiones españolas del objetivo número 1 dejarían de serlo incluso de no darse la ampliación, debido a su proceso de convergencia en curso (Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria y Castilla y León), Asturias, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Murcia y, seguramente, Galicia saldrían de este criterio como consecuencia de la misma. Permanecerían tan sólo Andalucía y Extremadura. Se ha llamado efecto estadístico a este resultado, pero ha de resaltarse que también se trata del reflejo evidente de un caso genuino de cohesión y solidaridad frente a países más pobres dentro de la limitación de recursos inherente a toda política redistributiva.
La cohesión comunitaria absorbe una gran parte del presupuesto de la Unión, lo mismo que la política agrícola común (PAC). Al tiempo que se impone un reparto más realista de contribuciones y gastos entre los actuales miembros, con la ampliación, surge la cuestión de cómo orientar y financiar la política de cohesión en el futuro. El debate en curso arroja diversas alternativas.
Una forma de liberar recursos para la cohesión sería el desmantelamiento de la PAC, que favorece sobre todo a los grandes agricultores, genera aumentos ficticios en los precios (y en las cantidades) de los productos agroalimentarios, con un coste de 600 euros al año por familia, y perjudica a los productores de los países en vías de desarrollo.
Otra opción sería establecer un impuesto mínimo a las empresas, que favorecería la armonización fiscal europea y reduciría la competencia fiscal en el seno de la UE a la hora de captar inversiones extranjeras. Por último, cabría la posibilidad de incrementar el techo presupuestario de la UE, de manera que se contase con recursos adicionales.
Ninguna de estas alternativas es sencilla de abordar en el proceso decisorio de la Unión. En cualquier caso, es evidente que las ayudas europeas han desempeñado un importante papel en la mejora de la renta y el bienestar de muchas regiones europeas y su reducción futura debería tomarse también como éxito conjunto tanto de las autoridades regionales y europeas como de los agentes económicos locales que han sabido sacar provecho de las mejoras de productividad que dichas ayudas generan. Para facilitar el proceso que se avecina es pues comprensible la defensa de ayudas transitorias mediante un suave phasing-ou, o retirada progresiva.