Vivienda

El PSOE exige a Fomento más medidas para cerrar un pacto sobre el suelo

El ministro Francisco Álvarez-Cascos acudió a la reunión de ayer con un documento de partida en el que se incluyen cambios normativos sobre los terrenos que serán considerados como no urbanizables. La propuesta del Gobierno introduce también nuevos criterios en la valoración del suelo y acota los usos a los que podrán ser destinados los solares que componen los patrimonios públicos de suelo.

El plan contempla, además, la introducción de nuevas garantías jurídicas para los arrendadores y modificaciones en los aranceles de notarios y registradores, entre otras iniciativas.

Prácticamente todos los consejeros asistentes a la conferencia sectorial coincidió en que, puesto que el documento les había sido remitido el pasado viernes, era necesario convocar una segunda reunión en enero para poder estudiar en detalle la propuesta de Fomento y preparar medidas alternativas. El ministro accedió a la petición y estableció el 22 de enero como la fecha para el siguiente encuentro.

Las regiones socialistas rechazaron el plan de Fomento por considerar que las modificaciones de la legislación que incluye son 'insuficientes y, por lo tanto, se mostrarán ineficientes para acabar con la especulación del suelo y permitir el incremento de la oferta de viviendas a un precio asequible', según explicó en rueda de prensa la responsable de Ordenación Territorial del PSOE, Cristina Narbona.

No obstante, Narbona y los representantes de las regiones gobernadas por el PSOE admitieron que están dispuestos a abordar un cambio de la legislación vigente en materia de suelo, ya que parte de las propuestas planteadas por los socialistas semanas atrás están recogidas en el borrador analizado ayer.

El consejero de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, Alejandro Gil, aseguró que el documento elaborado por Fomento 'es un reconocimiento a los efectos perversos que ha generado la política del PP de excesiva liberalización del suelo, ya que nunca ha habido tanto suelo como ahora y nunca ha sido tan caro'.

El consejero valoró positivamente que se inste a las comunidades a hacer valer sus respectivas legislaciones urbanísticas, así como la intención de apostar por un acortamiento de los plazos, en la actualidad excesivamente elevados, que agilice el proceso urbanizador. Y, por último, aseguró que en los patrimonios públicos de suelo se debe ser más ambicioso y prohibir enérgicamente su uso para otros fines que no sean la construcción de equipamientos públicos y viviendas sociales. Por todo ello, consideró que el documento suponía 'haber dado pasos positivos, aunque persisten algunos aspectos criticables'.

Valoración de suelo

Pero el apartado donde Gobierno y regiones coincidieron en que se concentran las mayores discrepancias es el referido a las valoraciones de suelo. Cristina Narbona calificó de 'muy sucinta' la modificación que el Gobierno propone del sistema de cálculo de valoración del suelo para evitar la introducción de elementos especulativos.

En opinión del PSOE, el valor del suelo sólo debe recoger el esfuerzo inversor que el propietario ha hecho en dicho terreno hasta el momento de su venta ( el denominado como valor de reposición) y no incluir, de ningún modo, plusvalías futuras en función de las expectativas del mercado (teniendo en cuenta los activos que se construirán en el futuro sobre dicho suelo, por ejemplo).

Aunque la secretaria del PSOE señaló como condiciones necesarias para que las comunidades socialistas acepten el pacto del suelo la retirada por parte del Gobierno tanto de la reforma de la Ley de Patrimonio Público incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2003, que considera dará facilidades para enajenar suelo público sin ningún compromiso sobre su uso posterior, como de los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional contra las leyes de suelo de Castilla-La Mancha y Extremadura. Cascos dejó claro que dichos asuntos se han desvinculado unos de otros en el transcurso de la reunión de ayer.

Los representantes del País Vasco criticaron la intención de limitar el poder de los ayuntamientos en favor del Gobierno regional y echaron en falta medidas que aumenten la oferta de viviendas protegidas hasta equipararse al menos al 50% del total de las que se construyen.