Es metafísicamente imposible privatizar más las cajas

La llamada Ley Financiera, muy focalizada en objetivos no explícitos, ha suscitado otro falso debate. Consiste en polemizar sobre la presunta privatización de las cajas de ahorros.

Parece lógico debatir sobre si las cuotas participativas conducen o no a su conversión en sociedades anónimas, es decir, en bancos normales y corrientes. Se podrá discutir si eso es bueno o malo. Pero llamarle privatización está fuera de lugar, al menos en lo que se refiere a las grandes. La razón es sencilla, no son públicas, son más privadas, en la práctica, que cualquier sociedad anónima. Es por lo tanto imposible privatizarlas.

Desde que las cajas eran entidades sin ánimo de lucro, de tamaño y ámbito territorial aprehensibles, que se limitaban a la captación del pequeño ahorro ofreciéndole seguridad y destinando sus excedentes a remunerar a sus empleados muy por encima de la media general y a una llamada obra social con una orientación inducida por sus instituciones fundadoras, ha llovido mucho. Hoy son y se dedican a otras cosas. Es cierto que las cajas pequeñas que subsisten tras un proceso de fusiones y crecimiento sí son susceptibles de privatización entendiendo la emancipación del poder político que gobierna las instituciones fundadoras y nombra consejeros, función que, a su vez y por añadidura, 'delegan' a los partidos. Desde este punto de vista, la llamada privatización sería seguramente saludable.

Pero no es así en las medianas y grandes. En éstas, todo su gran y creciente poder de decisión está en manos de sus consejos, el nombramiento y renovación de cuyos miembros es absolutamente cooptativo, tanto o más que, por ejemplo, en el COI. La cooptación reside en los propios consejos y en las estructuras orgánicas internas, aunque a nivel simbólico la compartan con las instituciones fundadoras. Son pues privadísimas.

Se dirá, con razón, que también en bancos y grandes sociedades anónimas el poder de decisión se concentra en los núcleos duros titulares de pequeños porcentajes de acciones. Es cierto. Y más aún por una legislación que no favorece el control de los consejos por los accionistas. Pero, cuando menos, hay control indirecto a través del mercado bursátil, que exige a los gestores buenos resultados. En las cajas ni siquiera eso. Por otra parte, en los citados núcleos duros de las grandes empresas suelen estar, también, las cajas.

Las asambleas generales de las cajas, al igual que las juntas de accionistas, son un mecanismo de supervisión teórico. Si aglutinar pequeños accionistas es casi imposible, imagínese cómo será en una asamblea compuesta por representantes de entidades filantrópicas y ciudadanas, concejales de ayuntamientos, impositores por sorteo y empleados de la propia caja que, por asistir a la asamblea anual, reciben dietas generosas, algún regalito y pueden añadir a su currículum un epígrafe que reza 'consejero general de la Caja X'.

La preocupación por el riesgo de privatización de las cajas sólo tiene sentido en aquellas personas que, siendo favorables al control del sistema financiero por el poder político, no se atreven a propugnar su nacionalización. Los que creemos que el sistema financiero debe estar regulado de forma transparente, moderna y flexible, pero no controlado ni dirigido, no tenemos esta preocupación.

En todo caso, podríamos tener otra, la derivada de la inversión de la correlación de poder entre poderes públicos y grandes cajas. Los primeros no deben controlar las cajas, pero tampoco depender de ellas. Un ejemplo, cuando el financiero Javier de la Rosa tuvo 'problemas' y dejó de ser el 'salvador' de lo que hoy es Port Aventura, fue sustituido por La Caixa. No es difí-cil imaginar la escena del Govern de la Generalitat solicitando este favor político. ¿Con contrapartidas? No lo sé.

Pero además de no saberlo, sería imposible detectarlo. Las eventuales contraprestaciones, caso de existir, podrían estar en muchas partes. En Acesa, en Gas Natural, en Inmobiliaria Colonial, en Telefónica, en Repsol... casi en cualquier parte. No es un modelo de relación muy transparente. En realidad, es más opaco que el que rige las relaciones entre Administración y grandes corporaciones, éstas no están en tan buenas condiciones para hacer este tipo de 'favores'.

¿Significa cuanto antecede que los directivos de las cajas son personas de poco fiar, antisociales, egoístas, opacas o perversas? De ninguna manera. Conozco algunos y me parecen honestos, muy competentes y eficientes. Afortunadamente, en las cajas y en las empresas, lo habitual, son directivos que no perciben ninguna incompatibilidad, porque no la hay, entre su gestión profesional y su responsabilidad social.

Las excepciones son inevitables y tal vez abundantes, pero no la regla. ¿Significa que hay que reformar profundamente el estatus legal de las cajas? No lo sé. Para alguien que, como yo, se considera un reformista, lo normal es hacer reformas, pero sólo cuando se llega al convencimiento de que hay una idea que pueda mejorar lo existente. Y aun así, hacerlas gradualmente y por el método de prueba/error, volviendo atrás si los resultados no son los deseados. Como no estoy seguro de tener una idea mejor, por mi parte las cajas pueden quedarse como están.

Lo único que sostengo es que no se debe hablar de privatización puesto que privatizarlas aún más es literal y sencillamente imposible.