Gescartera

El HSBC sólo comunicó dos de las 5.245 operaciones sospechosas de blanqueo entre 1997 y 2001

La Comisión de Prevención del Blanqueo argumenta en el informe que esta semana el Gobierno remitirá al Congreso que el resto de los bancos estaba en una 'clara posición de desventaja competitiva' frente al HSBC, dada la dejadez de esta última entidad para detectar las operaciones sospechosas. Sólo comunicó dos de ellas a las autoridades, la primera, el 13 de abril de 1998, y la segunda, el 27 de diciembre del año pasado, cuando el banco ya estaba siendo inspeccionado a raíz del caso Gescartera. Gracias a esta inspección, el Banco de España descubrió 138 cuentas opacas presuntamente relacionadas con la agencia de valores intervenida por la CNMV. En ellas se cobijan 68 millones de euros.

La Comisión denuncia serias irregularidades en los sistemas internos de control del HSBC. El comité de la entidad que debía encargarse de los mismos no mantuvo reunión alguna en casi cuatro años, el periodo comprendido entre abril de 1998 y el inicio de la inspección del Banco de España. Las normas dictan que estas reuniones deben celebrarse cada dos meses, por lo que la Comisión considera que, al menos, se eludieron 22 citas de esta naturaleza. El banco justificó esta actitud por una política de ahorro de costes, según consta en el expediente que obra en poder de Economía.

Contra el secreto bancario

El informe revela también que el HSBC justifica la opacidad de las 138 cuentas ligadas presuntamente a Gescartera alegando que en ellas no concurren indicios de actividades delictivas relacionadas con 'drogas tóxicas, estupefacientes, grupos terroristas, bandas o grupos organizados'. Frente a este argumento, la Comisión de Prevención del Blanqueo argumenta que el sentido de la ley no es el de hallar vínculos de conexión del cliente con actividades de narcotráfico, delincuencia organizada o terrorismo. 'Si así fuera', defiende la Comisión, 'o bien la norma estaría convirtiendo a las entidades financieras en cuerpos policiales, o bien estaría recogiendo una obligación de contenido imposible'. El informe va más allá y denuncia que el procedimiento aplicado para formalizar los 138 contratos y las cuentas asociadas evidencia 'la finalidad de impedir la identificación de sus titulares finales o últimos'.

Para no facilitar información de los clientes finales de las 138 cuentas cifradas, el HSBC ha esgrimido que fueron abiertas por el HSBC Republic Bank, su filial en Suiza y, por tanto, están sujetas al secreto bancario que rige en aquel país, protegido por la Ley Federal de 8 de noviembre de 1934. La Comisión de Prevención del Blanqueo también desmonta en su informe este argumento. 'Resulta insostenible', razona, 'que en el marco de un procedimiento sancionador seguido ante órganos españoles por infracción de obligaciones legales de Derecho público, se pretenda la prevalencia del Derecho de un Estado extranjero'. 'La alegación del secreto bancario es totalmente improcedente', se asegura tajantemente en el expediente.

Teóricamente, la actuación de Economía en el caso, ministerio del que depende la Comisión de Prevención del Blanqueo, ha quedado zanjada con la imposición al HSBC de una multa de 2,1 millones de euros por tres infracciones graves. En el departamento se defiende que la pelota se sitúa ahora en el tejado de Hacienda y de los tribunales. En el primer caso, la Agencia Tributaria aún no ha hecho público el resultado de su investigación sobre los titulares de las 138 cuentas opacas. En el segundo, la jueza Teresa Palacios ya ha escuchado el testimonio del ex director general del HSBC Salvador Pastor.

En el Gobierno se mantiene la tesis de que sólo la imputación de un delito a alguno de los antiguos responsables de la entidad podría romper el secreto bancario y ayudar a identificar a los clientes finales de las famosas cuentas. Una docena de ellos ya se conoce y el envío de su identidad al Congreso depende del resultado del informe solicitado por Economía a sus servicios jurídicos.

Rato retrasa su explicación hasta el 17 de diciembre

El vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, no comparecerá en el Congreso para explicar el informe de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales hasta el martes 17 de diciembre, según fuentes parlamentarias. Además, no será una sesión monográfica dentro de la comisión de Economía sobre la multa impuesta al HSBC, sino que aprovechará la ocasión y, de hecho, centrará su intervención en el análisis de la coyuntura y en las previsiones macroeconómicas.La mayoría de las intervenciones parlamentarias del vicepresidente relacionadas con el banco que concedió un crédito de 525 millones de pesetas a Muinmo, sociedad participada por él y sus hermanos, han sido muy medidas. Desde que se conoció en el Congreso la concesión de este crédito, otorgado el 4 de diciembre de 2000, Rato ha mantenido en diversas ocasiones que respetó las condiciones de mercado, aunque el PSOE ha exigido sin éxito tener acceso a la póliza y a los posibles avales.