El debate presupuestario ha entrado ya en fase de madurez. Los Presupuestos Generales del Estado, cuya tramitación parlamentaria se inició el pasado octubre, constituyen un instrumento adecuado para responder a las necesidades de la actual coyuntura económica y son un fiel reflejo de una política económica que se ha basado en dos pilares fundamentales: estabilidad presupuestaria y reformas estructurales de los mercados de factores que nos permitan gozar de una economía más flexible y competitiva.
Si tuviéramos que destacar dos elementos de los Presupuestos de 2003 serían, probablemente, el equilibrio presupuestario y la priorización de determinadas políticas de gasto público.
Desde 1995, España ha realizado un intenso proceso de consolidación presupuestaria que, con contención del gasto corriente, nos ha permitido pasar de un déficit público situado en el 7% del PIB al equilibrio presupuestario. Este dato es importante retenerlo en un momento en que las principales economías de la eurozona cuestionan la política de disciplina fiscal o demandan, de forma más o menos solapada, un aplazamiento de los objetivos del Pacto de Estabilidad.
Nuestro país hizo sus deberes en épocas de expansión económica y hoy no necesita pedir moratorias. Y por eso hoy el Gobierno presenta un Presupuesto en equilibrio y lo hace por primera vez por mandato legal de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Y precisamente aquí surge alguna duda al respecto. ¿No estaremos sucumbiendo al dogma presupuestario del déficit cero? O, dicho en otros términos y en un escenario de desaceleración económica, ¿no sería conveniente sucumbir a la tentación keynesiana de diseñar una política de gasto más alegre, aun a costa de incurrir en algún punto de déficit público?
Lo primero que hay que decir es que la función estabilizadora que, a corto plazo, juega la política fiscal tiene una extraordinaria importancia en un escenario de integración monetaria en el que la política monetaria se ha cedido a una instancia supranacional.
La segunda afirmación que conviene realizar es que el aumento de la ratio gasto público/PIB supone aumentar la presión fiscal o, alternativamente, incrementar el déficit o la deuda. Es decir, reducir la financiación disponible para el sector privado, cuestionar la sostenibilidad de las finanzas públicas, subida de tipos de interés y deterioro de perspectivas de crecimiento.
Dejar jugar a los estabilizadores automáticos es ganar maniobrabilidad y discrecionalidad política en momentos de atonía cíclica. Con un presupuesto equilibrado se pueden diseñar, en momentos de desaceleración, sin hipotecas financieras previas, políticas de inversión pública o, incluso, de rebaja fiscal para incentivar el crecimiento y la creación de empleo. Y eso es precisamente lo que ocurre en el Presupuesto de 2003 con la segunda rebaja del IRPF, que supondrá una reducción de entorno a un 11% de la carga tributaria, especialmente sensible para los contribuyentes con niveles de renta más bajos.
Ni que decir tiene que una reducción de la imposición directa de esta magnitud no podría ni siquiera plantearse en un Presupuesto deficitario o en el que engordara la carga financiera del Estado vía deuda pública. Este es otro modelo, el del principal partido de la oposición.
Ahora bien, esta opción política, y ahora legal, por un Presupuesto equilibrado no significa que el de 2003 sea un presupuesto restrictivo. Basta con asomarse a partidas tan significativas como la inversión pública, seguridad ciudadana y justicia, y el gasto social para percatarse justamente de lo contrario. Sobre este trípode se asientan las prioridades de gasto para el próximo ejercicio presupuestario.
La inversión pública es fundamental para aumentar el potencial de crecimiento de la economía española, garantizar la cohesión territorial y avanzar en el proceso de convergencia real con la UE. Con un incremento de casi un 13% la inversión pública se financia con ahorro público. Es una de las consecuencias más saludables de la consolidación fiscal: pasar de una situación en que el Estado debía endeudarse para financiar sus gastos corrientes a otra en que ya no es preciso endeudarse para incrementar considerablemente la inversión.
El gasto social, que crece más de ocho puntos, representa casi la mitad del Presupuesto, con lo que ello significa en términos de solidaridad. Con un Fondo de Reserva de las Pensiones que va creciendo, el equilibrio presupuestario es la mejor garantía para el mantenimiento de nuestro sistema de protección social.
Y la seguridad ciudadana y la justicia reflejan un compromiso presupuestario del Gobierno que responde a una demanda social.
La estabilidad presupuestaria, lejos de supuestos dogmatismos, sigue siendo la mejor política anticíclica para generar crecimiento, empleo y bienestar. Y, por qué no, también seguridad y confianza.
