TRIBUNA

Las políticas activas de empleo

En un artículo anterior (Cinco Días, 2 de agosto de 2002) analizaba el conjunto de las políticas de empleo en los países de la UE utilizando datos de las Perspectivas de empleo de la OCDE de junio de 2002. Según estos datos (cuadro adjunto), el gasto en políticas de empleo en porcentaje del PIB en España es el 2,1%, inferior a la media sin ponderar de la UE, aproximadamente el 2,5% del PIB, cuando sigue siendo el país comunitario con mayor tasa de paro.

Si se calcula el porcentaje del PIB que se gasta en políticas de empleo por punto de tasa de paro, España con el 0,16%, es, después de Grecia, el país con menor porcentaje, muy por debajo de países como Dinamarca y Holanda que tienen valores muy superiores a la unidad.

Dentro de las políticas de empleo se distingue entre las activas, las que tienen como finalidad directa aumentar el empleo y/o reducir el paro, y las pasivas, como las prestaciones por desempleo. España dedica a las primeras recursos equivalentes al 0,7% del PIB y a las segundas el 1,3%, situándose en ambos casos por debajo de la media de la UE, 1% y 1,5%, respectivamente.

La contratación subvencionada masiva hace muy difícil la no subvencionada e incluso puede llegar a producir despidos

En cuanto a las políticas activas de empleo, objeto de este artículo, el gasto de las autoridades españolas es de sólo el 0,06% del PIB por punto de tasa de paro, el país de la UE, con Grecia, que menos esfuerzo relativo realiza en estas políticas en comparación con la tasa de paro.

Dentro de las políticas activas de empleo, España dedica muy pocos recursos a los servicios públicos de empleo, el Inem, encargados de gestionar la colocación y la intermediación entre la oferta y la demanda de trabajo. Siendo España el país con mayor intensidad del paro, sólo gasta en este tipo de políticas el 0,09% del PIB, el país, después de Grecia, que menos en la UE, lo que representa únicamente el 12% del gasto en políticas activas de empleo y el 4% del total del gasto en políticas de empleo, incluidas las pasivas.

También destina España muy pocos recursos a las políticas dirigidas a los jóvenes (el 0,06% del PIB), a pesar de la importancia que en nuestro país tiene el paro juvenil, y a las medidas en favor de los discapacitados (el 0,03% del PIB), situándose en ambos casos entre los países que menos esfuerzo dedica a este tipo de acciones.

La situación en el gasto en formación profesional, ocupacional y continua es muy similar a la de las medidas anteriores, ya que únicamente Italia y Reino Unido gastan menos que España en relación con el PIB, al dedicar sólo el 0,14% de esta magnitud a este tipo de medidas. Salvo Portugal y España, todos los países destinan muchos más recursos públicos a la formación ocupacional para parados que a la continua para ocupados. En el caso de España se gasta el 0,1% del PIB en formación continua, el país de la UE que más, y únicamente el 0,01% del PIB en formación para parados, el país que menos, lo que puede plantear problemas en cuanto a la eficacia de los recursos dedicados a las políticas de empleo, sobre todo, si se tiene en cuenta el reciente informe del Tribunal de Cuentas en relación con esta materia.

Por el contrario, España, con el 0,4% del PIB, el 54,8% del total del gasto en políticas activas de empleo, es el país de la UE, tras Bélgica, con el 0,77%, que más esfuerzo realiza en subvenciones a la contratación y a la creación directa del empleo, con la diferencia de que, mientras este país gasta mucho más en la creación de empleo público que en las subvenciones a las empresas para el empleo, España dedica más recursos a subvenciones (0,25% del PIB), la mayoría de ellas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que a crear empleo público (0,06% del PIB).

Esta importante dedicación de recursos a los incentivos directos para la creación de empleo, más de la tercera parte del gasto en políticas activas, puede plantear problemas de eficacia de este tipo de políticas, ya que estos incentivos suelen ir acompañados de algunos efectos negativos, entre los que destacan los siguientes:

El efecto ganga o de peso muerto, que se produce cuando la contratación se hubiese efectuado de cualquier forma, aunque no se hubiera incentivado, lo que supone, por lo tanto, un despilfarro irrecuperable de recursos.

El efecto sustitución, que tiene lugar cuando se contrata a un tipo de trabajador en lugar de a otro, y que, si no están bien diseñados los colectivos beneficiarios, puede provocar la marginación del empleo de determinados trabajadores.

El efecto desplazamiento o expulsión, que consiste en que la contratación subvencionada masiva hace muy difícil la contratación no subvencionada y que, incluso, en algunos sectores muy competitivos puede llegar a producir el despido de trabajadores en algunas empresas.

Estos efectos negativos pueden tener especial relevancia en el caso español, en el que se subvenciona la conversión de contratos temporales en indefinidos y en el que los incentivos económicos a la contratación indefinida están prácticamente generalizados a todos los colectivos de desempleados, con la excepción de los varones con edades comprendidas entre los 16 y 45 años que no sean minusválidos ni lleven parados más de seis meses, a pesar de lo cual la tasa de temporalidad (porcentaje del empleo asalariado con contratos temporales) apenas ha disminuido los últimos años y se sitúa todavía cerca del 33%.

Esta práctica generalización de las subvenciones a los contratos indefinidos -que sólo deja al margen a un colectivo muy específico, lo que puede agravar sus posibilidades de contratación-, junto con la complejidad del sistema de incentivos económicos (se prevén 13 situaciones diferentes, en algunas de ellas con incentivos distintos en las mujeres que en los hombres), que varían, según el colectivo afectado, del 20% al 100% de reducción de la aportación del empresario a la Seguridad Social por contingencias comunes, puede dar lugar a que en determinados colectivos las bonificaciones no sean eficaces para su contratación.

Y también que, al ser las diferencias de éstas muchas veces difícilmente justificables, se agraven los efectos negativos de dichos incentivos, en particular los efectos de peso muerto y de sustitución.