La plantilla de SEPU lleva el cierre de la empresa al juzgado
Los almacenes Sepu, dos en Madrid y uno en Zaragoza, permanecen cerrados al público desde que hace más de dos semanas la empresa comunicara a los trabajadores el cese de negocio y se liquidara a precio de saldo toda la mercancía que quedaba en los establecimientos. Los empleados, sin embargo, siguen acudiendo cada día a su puesto de trabajo debido a que la empresa no ha presentado aún el expediente de regulación de empleo ni ha iniciado los trámites de quiebra.
'La empresa está incumpliendo reiteradamente sus promesas y compromisos, dice que va a presentar el expediente de regulación de empleo pero no lo hace, y mientras esto no ocurra los trabajadores ni cobramos ni estamos en el paro', señala Ignacio Rodríguez, presidente del comité de empresa.
Ante esta situación, la plantilla ha presentado una demanda cautelar de resolución de contrato en el Juzgado de lo Social. La intención es que las autoridades competentes intervengan y determinen si existe incumplimiento de contrato por parte de la empresa, de modo que los trabajadores puedan iniciar los trámites para incorporarse a las listas del desempleo.
Según el comité de empresa, los trabajadores no tienen ninguna esperanza de cobrar algún tipo de indemnización y tan sólo aspiran a acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y a percibir las correspondientes prestaciones por desempleo. 'Mientras continúe esta situación, ni siquiera podemos buscar trabajo porque estamos en un proceso totalmente irregular', añaden fuentes del comité de empresa.
Embargos de Hacienda
Sepu (Sociedad Española de Precios æscaron;nicos) lleva años en una difícil situación económica aunque hace justo 12 meses se abrió una nueva esperanza para los trabajadores cuando el grupo empresarial australiano Patridge compró la compañía. Esta adquisición, sin embargo, sólo ha logrado agravar la situación financiera de la compañía, que adeuda unos 13 millones de euros entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, además de los impagos a proveedores, propietarios de los locales y las deudas con la plantilla.
De hecho, la Agencia Tributaria hace ya tiempo que inició un proceso de embargo de los pocos bienes que posee la compañía, ya que los locales son alquilados y no posee otros activos.
Hacienda tiene embargadas las instalaciones fijas de Sepu, es decir, la climatización, las escaleras mecánicas, el sistema eléctrico, la instalación de protección contra incendios y el sistema de alarma. Además, cuando ya no quedaba ningún tipo de instalación que requisar, se recurrió al embargo de otros bienes, como las placas de mármol de la fachada, los rótulos, las puertas, la barra de la cafetería y hasta el falso techo.
La Seguridad Social, por su parte, tuvo que recurrir en 1994 a la hipoteca unilateral de la actividad mercantil por los reiterados impagos de la compañía.
Los trabajadores han logrado cobrar parte del dinero que se les debía con los ingresos procedentes de la liquidación final de existencias. Según Ignacio Rodríguez, los últimos seis días en los que las tiendas permanecieron abiertas se ingresaron entre 30.000 y 42.000 euros diarios, lo que supone un total de unos 180.000 euros que se utilizaron en pagar parte de las nóminas.
Los trabajadores continuarán con las movilizaciones y manifestaciones públicas hasta que se resuelva su situación actual, explican fuentes del comité de empresa.