El Congreso tramita la comparecencia de nueve gestores de privatizadas
Ayer, un día después de que el Tribunal Constitucional abriera la vía para que puedan comparecer en el Congreso los presidentes de antiguas empresas públicas privatizadas, el PSOE solicitó la presencia de nueve de ellos. Son el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga; el actual responsable de la compañía, César Alierta; el ex presidente de Endesa Rodolfo Martín Villa y su sucesor, Manuel Pizarro; el presidente de Iberia, Xavier de Irala; el ex presidente de Argentaria y hoy presidente del BBVA, Francisco González; el responsable de Indra, Javier Monzón; el presidente de Repsol, Alfonso Cortina, y el de Altadis, Pablo Isla.
El Grupo Socialista pide en la mayor parte de los casos que el compareciente explique los efectos de la privatización sobre sus empresas, el funcionamiento del sector al que pertenecen, los cambios previos a abandonar el sector público registrados en sus consejos de administración y las consecuencias derivadas de la aplicación del régimen de autorización conocido como acción de oro.
Acogiéndose al amparo recibido del Tribunal Constitucional, el PSOE reclama a Villalonga que explique la adquisición por Telefónica del 25% de las acciones de Antena 3 Televisión y la relación que tuvo el Gobierno con dicha compra efectuada en 1997. También se solicita de Villalonga que exponga la rentabilidad de las inversiones de la compañía en Latinoamérica y los motivos de la retribución de directivos mediante las stock options.
A Martín Villa se le quiere citar para que informe de la inversión efectuada por Endesa en Enersis. Esta última comparecencia y la de Villalonga fueron impedidas por la Mesa del Congreso, con mayoría del PP, en 1997 y 1998, acuerdos que fueron anulados el pasado miércoles por la sentencia del Constitucional.
El portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera, recordó ayer que fue el ex presidente del Congreso Federico Trillo, hoy ministro de Defensa, el máximo responsable 'de que se vulneraran los derechos de los diputados' al impedir estas comparecencias. Caldera y su grupo atribuyen al fallo del Constitucional un amplio alcance que incluso podría llegar a la reapertura parcial del caso Gescartera, pues durante el mismo fueron bloqueadas numerosas comparecencias pedidas por la oposición.
Oportunidad política
El PP opina lo contrario. El diputado Gabriel Cisneros, ponente constitucional, mantuvo ayer que la sentencia no sienta precedente jurídico y ampara únicamente al PSOE en dos casos: las comparecencias de Villalonga y Martín Villa a las que se opuso el PP en 1997 y 1998. 'El fallo no sienta precedentes para todas las comparecencias solicitadas ahora por el PSOE', aseguró Cisneros, quien advirtió que la 'oportunidad política de las comparecencias no corresponde a la Mesa del Congreso ni al Constitucional, sino a la mayoría de la voluntad de la Cámara'.
Cisneros sí admitió que la sentencia obligará a la Mesa del Congreso a revisar los criterios para aprobar o no las comparecencias solicitadas por los diferentes grupos parlamentarios.