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La desaceleración económica le cuesta 5.667 millones a las arcas del Estado

La desaceleración económica que lleva más de un año y medio instalada en la mayor parte de los países desarrollados está pasando factura también a las arcas de la Hacienda española. Según los últimos cálculos realizados por el propio Gobierno (correspondientes al avance de liquidación de 2002), el Estado acabará este año con unos ingresos no financieros de 104.952,8 millones de euros, 5.667 millones menos de los presupuestados inicialmente.

La razón tiene su origen, en parte, en el desfase entre la previsión inicial de crecimiento del PIB (2,9%) y el crecimiento real de la economía, que apenas alcanzará el 2%, según los expertos, y se quedará en el 2,2%, según el Gobierno. Este desfase está afectando al comportamiento de los ingresos, especialmente los impositivos. De hecho, Hacienda calcula que la recaudación por tributos será de sólo 91.274 millones de euros, cuando se había previsto 97.572 millones para todo el año.

La menor actividad está afectando de forma diversa a los impuestos estatales. Mientras que los directos (IRPF y sociedades) reflejan un comportamiento mejor de lo esperado, los indirectos (IVA y especiales), ligados al consumo, son los que se llevan la peor parte.

En el caso del IRPF, el fisco espera ingresar este año 1.497 millones más de lo previsto, fruto de los mayores ingresos por retenciones. Por el impuesto sobre sociedades, el fisco recaudará 721 millones más de lo estimado. En este caso juegan a favor los cambios introducidos en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2002, por la que el afloramiento de plusvalías de años anteriores está incentivado con una rebaja del tipo de gravamen del 35% al 18%.

Esta circunstancia está siendo aprovechada por las empresas para acelerar las plusvalías pendientes, con el consiguiente incremento de la recaudación para Hacienda. El departamento que dirige Cristóbal Montoro lleva ya recaudados por este concepto 1.700 millones de euros en los ocho primeros meses del año. Descontada este cantidad, la recaudación por el impuesto de sociedades rozaría la presupuestada.

IVA y especiales

En el caso del IVA, la evolución se está situando por debajo de lo presupuestado (5.290 millones de euros menos), fruto de unos ingresos previstos de 30.266 millones de euros y un avance de liquidación de sólo 24.976 millones.

Bien es verdad que esta cifra no es del todo homogénea, ya que el Presupuesto inicial de 2002 únicamente contemplaba la participación en los impuestos indirectos para las cinco comunidades que en el momento de su elaboración tenían asumidas las competencias en sanidad y, en cambio, en el avance de liquidación de 2002 la participación en los impuestos indirectos se extiende a todas las comunidades de régimen común.

En los impuestos especiales, este matiz también hay que tenerlo en cuenta. La recaudación cae 2.838 millones de euros, en parte por esta circunstancia y en parte por la menor actividad generada.

En el próximo mes, el Ministerio de Hacienda tendrá más elaborado el avance de liquidación de ingresos, una vez descontados los efectos de los traspasos a las comunidades autónomas, junto con la evolución de gastos efectuados por el Estado. Fuentes de Hacienda reconocen que es muy posible que, al igual que ocurrió el pasado ejercicio, no se cumpla el objetivo de acabar el año con un déficit del Estado del 0,5% del PIB y ese porcentaje se desvíe al alza una o dos décimas de PIB. Esta circunstancia no es objetivo de especial preocupación por el Ejecutivo, ya que cuenta con que, al igual que ocurrió en 2001, la Seguridad Social obtenga un superávit superior al 0,5% previsto. De esta forma, el excedente de la Seguridad Social compensaría el déficit del Estado, permitiendo que la Administración central acabe el año en equilibrio.

El avance de liquidación de ingresos de la Seguridad Social para este año, elaborado este mes por el Gobierno, supone una recaudación de 85.290 millones de euros, casi 2.000 millones más de los presupuestados inicialmente. El superávit parte de un incremento de ingresos por cotizaciones sociales (69.022 millones) fruto del continuo incremento del número de afiliados a la Seguridad Social, que superan ampliamente los 16 millones.

Incertidumbres

Con la Administración central en equilibrio, el otro objetivo pasa por que los entes territoriales (comunidades autónomas y corporaciones locales) eliminen sus déficit, asunto que ya estaba previsto para el pasado año y que, sin embargo, no se consiguió, debido al incumplimiento de gran parte de los Gobiernos regionales.

Este asunto es vital, ya que, como reconocen fuentes del Ministerio de Hacienda, 'se cumplirá el objetivo de déficit cero para el conjunto de las Administraciones pero no se mejorará', dado el mínimo margen con que se cuenta.

A ello hay que sumar un hipotético empeoramiento de la coyuntura económica, que desvíe al alza los gastos por desempleo y el pago de las pensiones indexadas con una inflación creciente y muy vulnerable a la volatilidad de los precios del petróleo, en un entorno de escala bélica internacional.

Otros países ya han empezado a notar esta circunstancia, como es el caso de Alemania, Italia y Portugal, que han anunciado ya déficit presupuestarios muy por encima de los previstos, algunos de ellos como en el caso de Portugal, por encima del límite impuesto por Bruselas en el Pacto de Estabilidad (3% del PIB).

El desvío al alza del gasto supera 3.100 millones

El Ministerio de Hacienda está tratando de compensar la tímida evolución de los ingresos del Estado con un mayor rigor en el control del gastos. Aun así, continúa sucediéndose la aprobación de créditos extraordinarios, ampliaciones y generaciones de créditos como en ejercicios anteriores. Hasta agosto el desvío al alza del gasto del Estado sobre el inicialmente presupuestado asciende a 3.157 millones de euros, fruto de la diferencia entre créditos iniciales (144.104 millones) y créditos totales (147.261 millones). Las principales partidas, en las que el Ejecutivo ha aprobado un incremento de gasto adicional, se refieren al pago de intereses de la deuda (875 millones) y financiación de entes territoriales (878 millones). Destacan también sendas partidas para reforzar el presupuesto del Ministerio de Defensa, por valor de 380 millones de euros. En total, el desvío al alza del gasto, transcurridos ya dos tercios del ejercicio, supone el 2,2% sobre el presupuesto inicial. El próximo año, los Presupuestos Generales han establecido un techo máximo para el gasto del Estado (114.517 millones de euros). No se podrán autorizar partidas por una cuantía superior a 2.290 millones de euros, que es el 'fondo de contingencia' para gastos extraordinarios, equivalente al 2% del límite de gasto, tal y como estipula la Ley de Estabilidad. El fondo de contingencia está incluido en el techo de gasto. Esta diferente forma de presupuestar obligará a los diferentes departamentos a ser más rigurosos en el control de sus gastos y priorizar objetivos, dado que no se podrá autorizar créditos más allá del límite previsto. Ello se ha granjeado la crítica de la oposición política (PSOE e IU) que advierte que el 'excesivo encorsetamiento' del Presupuesto puede afectar al gasto social en caso de deterioro de la coyuntura.