Las eléctricas plantearán al Gobierno medidas adicionales para recuperar los costes
Entre estas medidas se encuentran el aumento de la prima del carbón y un cambio en el sistema de pago de los Costes de Transición a la Competencia (CTC's) para poder cobrarlos de forma íntegra, una propuesta ignorada hasta el momento por el Gobierno ante la impopularidad de la medida.
El objetivo es lograr un compromiso del Ejecutivo para recuperar los costes que no podrán ser cubiertos únicamente con la subida por debajo del 2 por ciento de las tarifas planteada por Economía para esta década.
Las empresas justifican esta pretensión por las necesidades de inversión en España, que serán bastante elevadas si sigue creciendo la demanda al ritmo de los últimos años. A esto se suman los nuevos costes que deberán abordar por el inicio de la liberalización total del mercado en enero de 2003 y el desgaste que acumulan los márgenes de las empresas tras varios años de rebajas consecutivas de tarifas.
Estos problemas han aumentado en 2001 y 2002 por la sequía sufrida en España, que ha obligado a las compañías a producir prácticamente toda la electricidad a través de fuelóleo, carbón, gas y nuclear, ante la imposibilidad de contar con la energía hidráulica.
Solamente en el primer semestre de este ejercicio el déficit tarifario contabilizado por las empresas asciende a 750 millones de euros y casi con seguridad se situará en 1.500 millones a finales de año. Fuentes del sector abogaron por estudiar con realismo los costes imputables y las estimaciones de inversión "que España necesita" para poder ofrecer un servicio de calidad al ciudadano.
Por ello, las empresas abordarán la reunión convocada la semana próxima con el secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y Pyme, José Folgado, centrándose en la necesidad de alcanzar el equilibrio entre gastos e ingresos para propiciar la estabilidad del sistema.
Tras el encuentro mantenido el pasado jueves en el Ministerio de Economía, los responsables de las compañías constataron que "comparten elementos fundamentales con el Gobierno que deben definir la metodología". En concreto, el sector eléctrico se ha mostrado comprensivo ante la necesidad de la Administración de limitar la subida de tarifas hasta el IPC estimado durante esta década.
SUBIDA MAXIMA.
No obstante, el incremento tarifario será siempre de un 2 por ciento (IPC previsto) menos un porcentaje a determinar cada año, punto en el que radican las aspiraciones del sector, al que le gustaría contar con la subida máxima, sin que a esta cifra se le resten otros conceptos.
Una vez que el Gobierno y las empresas alcancen un acuerdo, el texto será remitido al Consejo de Estado y posteriormente a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), al objeto de que el Consejo de Ministros promulgue el Real Decreto con la nueva metodología de tarifas para que entre en vigor en enero de 2003, coincidiendo con la liberalización total del mercado eléctrico.
DEBATE EN EL CONGRESO.
Por otro lado, el pleno del Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes, día 10, el nuevo marco tarifario de la electricidad aprovechando una proposición no de ley del PP sobre la liberalización del suministro de la energía eléctrica, informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.
Este debate, que coincidirá en el tiempo con las negociaciones entre las empresas eléctricas y el Gobierno, se centrará en la proposición del PP, que insta al Ejecutivo a que "tome las medidas necesarias para que se realice el desarrollo de la normativa necesaria para que la total liberalización del suministro sea posible en la fecha establecida", es decir, enero de 2003.
También quiere analizar el "desarrollo urgente" de la normativa de tarifas de acceso y pide al Gobierno que haga las modificaciones oportunas en el mercado de producción de energía eléctrica y desarrolle nuevas formas de contratación que permitan una mayor estabilidad en el suministro de energía eléctrica.
Asimismo, los populares quieren que continúe adoptando las medidas necesarias para la renovación del parque de generación y el desarrollo de las interconexiones internacionales que permitan ampliar la oferta existente en el mercado nacional, y que, respetando la libre iniciativa empresarial, se mantenga la necesaria diversificación de las fuentes de energía.
Además, abogan por que se complete el desarrollo previsto en el Real Decreto por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, para que el consumidor pueda recibir las reducciones en la facturación que le correspondan en el caso de que se produzcan incumplimientos de la calidad de suministro, así como en lo relativo a la planificación de la red de transporte.
REGULAR LA GARANTIA DE POTENCIA
En los puntos finales de la iniciativa, el PP insta al Gobierno a establecer una regularización de la garantía de potencia que asegure la disponibilidad de las instalaciones de producción "presentes y futuras" y garantice la cobertura de la demanda.
También pretende que mantenga contactos periódicos con el sector para analizar las inversiones necesarias para garantizar el adecuado abastecimiento y la calidad del servicio eléctrico.
Y, por último, le pide que informe al Parlamento cada año sobre el desarrollo y cumplimiento de los objetivos previstos en la planificación obligatoria de las redes de transporte de electricidad prevista en la Ley del Sector Eléctrico.