Crisis

El enfrentamiento entre los jueces y el Gobierno paraliza Argentina

La lista de expedientes pendientes de resolución por parte de la Corte Suprema y los recientes fallos emitidos por el alto tribunal ponen en jaque los principales avances realizados por el Gobierno en su larga negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr un programa de asistencia financiera.

Hace dos semanas, la Corte anuló el recorte del 13% que el Gobierno aprobó en diciembre de 2001 para los salarios de funcionarios y pensionistas y obligaba al Estado a devolver a un trabajador público la parte del salario que se le adeudaría desde entonces. La sentencia supone un nuevo frente para el Gobierno, que reconoce que debe acatar la decisión, pero que carece de dinero para extender ese fallo a todos los funcionarios y pensionistas.

La medida fue aprobada por el Gobierno de Fernando de la Rúa para reducir el gasto público, tal y como le exigía y le exige al actual equipo, el FMI. La aplicación de la sentencia haría imposible cumplir las metas de superávit primario exigidas por el organismo.

No es la única resolución en contra del Gobierno. El pasado miércoles un juez federal de Córdoba emitió una sentencia por la que obligaba a Crédit Agricole de Francia, casa matriz del Banco Suquía en el momento de presentar la demanda, a devolver los depósitos a un cliente si su filial alegaba falta de liquidez.

En este caso, el Gobierno se ha visto además sorprendido por una ley aprobada, en esos términos, por el Senado, de la que aseguró desconocer su tramitación y que se comprometió a vetar ante el Gobierno español y el FMI.

Esta semana, la Corte emitirá un fallo sobre otra demanda que puede dar marcha atrás a la pesificación de los depósitos aprobada por el Gobierno tras el fin de la paridad entre el peso y el dólar en enero. A partir de ahí, todos los depósitos, excepto algunos a plazo fijo, pasaron a denominarse en pesos con un tipo de cambio de un dólar por 1,4 pesos, frente a los 3,6 a los que cotiza actualmente. Una sentencia en ese sentido agravaría la ya delicada situación financiera de los bancos y, por ende, la del Gobierno, que ha calificado esta eventual decisión como 'una clara campaña de extorsión' por parte del alto tribunal.

Para acallar las críticas crecientes del Gobierno, la Corte desestimó una demanda contra el decreto que restringe el retiro de fondos atrapados en el corralito, aunque sólo porque el demandante, el gobernador de la provincia de Río Negro, carecía de 'legitimación activa' para recurrir la ley. Pero el tema no está cerrado, ya que hay tribunales de menor rango, como la Cámara de lo Contencioso-administrativo, que han declarado la inconstitucionalidad del mismo.

Dictadura militar

Los fallos contra las leyes económicas ponen al Gobierno en una difícil situación a nivel internacional, pero los expedientes abiertos por la Corte también amenazan con desestabilizar el ámbito interno.

El alto tribunal debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por las que los militares que participaron en la dictadura quedaron eximidos de toda responsabilidad en las violaciones de derechos humanos de ese periodo.

El procurador general de la Nación ha aconsejado a la Corte que decrete la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. Los militares ya han advertido al Gobierno que no se quedarán impasibles ante una decisión desfavorable de la Corte.

La situación es extrema. En palabras de un miembro de la Administración recogidas por la prensa local, la Corte 'no tiene la pistola en la cabeza del presidente; peor, la tienen en la cabeza del hijo del presidente', lo que da idea del poco margen de actuación con que cuenta el Gobierno.

El origen de ese enfrentamiento está en una decisión que el propio Duhalde adoptó en los primeros y confusos días de su Gobierno. Entonces, el presidente impulsó el denominado juicio político a la Corte por mal desempeño de sus funciones y ahora, por falta de apoyo político, no puede dar marcha atrás para retirar la propuesta ni para aprobarla.

Duhalde justificó aquella decisión por considerar que el alto tribunal tenía un perfil menemista, que fue el origen del boicot de los jueces al Gobierno presidido por Fernando de la Rúa. Ahora Duhalde apuesta por dejar atrás las hostilidades y aparcar el tema del juicio político porque 'en medio de una campaña electoral interna todo se politiza'.

Duhalde admite que no habrá acuerdo con el FMI

El presidente de Argentina, Eduardo Duahlde, admitió el pasado sábado que no espera créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que sólo desea conseguir una prórroga de los próximos vencimiento de la deuda del país con los organismos internacionales, informa Efe. 'Los acuerdos duraderos deberán firmarse entre las próximas autoridades que surjan de las elecciones presidenciales del 30 de marzo y el FMI', indicó el presidente. El Gobierno argentino pretendía, con las negociaciones, lograr el desbloqueo de un crédito de 9.000 millones de dólares comprometido en 2001 por el Fondo, pero tras ocho meses de negociaciones el organismo dejó claro la semana pasada que los avances del Gobierno eran escasos y que los problemas del país se habían extendido. El origen de los mismos, según el organismo, era la 'falta de consenso político' del país. De hecho, los candidatos presidenciales discrepan abiertamente en torno a las negociaciones con el FMI y el pago de la deuda externa. Adolfo Rodríguez Saá, efímero presidente a finales de diciembre y el candidato con mayor intención de voto en las encuestas, considera que hay que revisar la deuda exterior del país para determinar su legitimidad. El peronista Rodríguez Saá, con un 16% del apoyo popular, sostiene que Argentina no necesita nuevos préstamos del FMI y que su Gobierno negociaría con los acreedores una quita de los intereses y el capital de la deuda.